Lo anterior, luego de que la CIDH documentó que al menos 36 personas han perdido la vida en el país sudamericano a raíz de la crisis política que surgió luego de las elecciones del 20 de octubre.
Con el objetivo de investigar y esclarecer los actos de violencia y las violaciones a derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno encabezado por Jeanine Áñez acordaron constituir de común acuerdo un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estará integrado por cuatro personas de la CIDH.
De acuerdo con un documento publicado en la cuenta de Twitter de la CIDH, esto tendrá “la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Bolivia, el cual contará con un equipo técnico propio para el desempeño de sus funciones”.
URGENTE: ? Gobierno de #Bolivia y la CIDH anuncian que firmaron hoy un acuerdo para instalar un GIEI – Grupo Independiente de Expertos Internacionales para coadyuvar en las investigar de los hechos de violencia del contexto electoral entre septiembre y diciembre de 2019 (1/6)? pic.twitter.com/EDTeuVGRTF
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) December 12, 2019
El GIEI elaborará Planes de Investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia, que incluirán fallecimientos individuales o colectivos, lesiones personales, detenciones irregulares o arbitrarias, actos de racismo o discriminación, lesiones de la libertad de expresión, persecución judicial o extrajudicial, desaparición forzada, tortura, incendio y destrucción de propiedad pública o privada, amenazas y hechos afines o similares cometidos en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el país.
También realizarán un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales. En caso de que las indagatorias no cumplan con los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, el GIEI recomendará acciones a implementar para que la averiguación se agote cabalmente.
De igual forma, el GIEI podrá proponer la adopción de medidas adicionales para que garanticen la seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones.
Otra de las atribuciones del GIEI tiene que ver con tiene que ver con el análisis técnico de un Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos a partir del 1 de septiembre.
Para el desarrollo de los trabajos de asistencia técnica, el gobierno de Bolivia deberá garantizarle a los expertos del GIEI “el pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados con motivo de los hechos; el acceso a la información pública gubernamental relacionada con los hecho; las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para realizar su trabajo; seguridad; formalización de la asistencia técnica mediante el instrumento normativo que corresponda”.
El GIEI desempeñará sus funciones por seis meses, no obstante, dicho periodo podrá extenderse si así lo acuerdan la CIDH y el gobierno de Bolivia.
“En los primeros tres meses el grupo podrá elaborar recomendaciones operativas continuas sobre los aspectos referidos en el presente acuerdo”, subraya el documento.
La Secretaría Ejecutiva de la CIDH será la que cubra todos los gastos del GIEI, y será el Ministerio de Relaciones Exteriores el canal permanente de comunicación entre el Estado boliviano con el GIEI.
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El miércoles, la CIDH había urgido al Estado de Bolivia implementar “en forma inmediata y apremiante mecanismos para prohibir e impedir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de manifestaciones públicas”. Lo anterior, luego de documentar que al menos 36 personas han perdido la vida en el país sudamericano a raíz de la crisis política que surgió luego de las elecciones del 20 de octubre.
“Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban participando en el bloqueo, sino simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o trabajos. También resultaron numerosas personas heridas por impactos de bala, golpes, inhalación de gases y otras causas conexas, y fueron atendidas en diversos hospitales de El Alto”, agregó la CIDH.
La CIDH, además, requirió adoptar medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos de violencia registrados hasta ahora, y exigió al Estado que proteja a quienes testificaron y continuarán testificando ante los delegados de la CIDH en Bolivia.