Ante las manifestaciones en el marco del Paro Nacional en Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) advirtieron, con preocupación, la agudización de las tensiones sociales. Por ello, urgieron a un diálogo “efectivo, inclusivo e intercultural, atendiendo las demandas de grupos que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Las protestas, que iniciaron 13 de junio, tras una convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), contienen diversas demandas dentro de las que se destacan la atención a derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales (DESCA). Estas han sido monitoreados por la Relatoría Especial DESCA de la CIDH, con particular atención a los importantes desafíos que enfrenta el derecho a la salud en el país.
La CIDH y la RELE indicaron que se registran reclamos sobre protección social, el aumento del costo de vida, los precios de los combustibles, derechos laborales y sindicales, derecho a la educación y derechos ambientales, además de derechos colectivos de los pueblos indígenas. En la convocatoria actual, organizaciones denunciaron la ausencia de mecanismos de diálogo efectivos para dar respuesta a dichas demandas.
Recordaron que el Estado declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en algunas provincias del país, primero, mediante el Decreto 455 de 17 de junio, y posteriormente, mediante Decreto 459 de 20 de junio de 2022, con vigencia de 30 días, cada uno. Señalaron que Ecuador tiene el deber de garantizar que las disposiciones adoptadas resulten proporcionales y que la suspensión de derechos o garantías se realice cuando constituya la única forma de hacer frente a una determinada situación que no pueda ser enfrentada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades estatales. Además, las medidas adoptadas no deben generar una mayor afectación.
Mediante un comunicado, expresaron su preocupación ante los datos de la Defensoría del Pueblo que reportó la muerte de 6 personas durante las protestas, al menos 2 a causa de impactos de armas de fuego. Asimismo, conforme otras fuentes, al menos 166 personas manifestantes han resultado heridas y 120 agentes de la Policía Nacional. Según cifras oficiales, 108 personas han sido aprehendidas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación ante la detención de dirigentes sociales, incluyendo la detención del líder de la CONAIE; y posibles casos de abuso de la fuerza policial, incluyendo incursiones en albergues en sedes universitarias a donde se alojaban manifestantes.
La CIDH y su RELE condena toda violación de derechos humanos cometidas en el marco de la protesta social y urgen al Estado a esclarecer las circunstancias de los fallecimientos con la debida diligencia.
Además, resaltaron que tuvieron conocimiento de al menos 86 hechos graves de violencia contra la prensa que cubre el Paro Nacional, según lo reportado por organizaciones de sociedad civil. Detallaron que los relatos incluyen actos de agresiones físicas -incluso con el uso de látigos y lanzas – y lanzamiento de líquidos calientes contra periodistas, amenazas, hostigamiento, daños, apropiación ilícita de equipos e impactos por bombas de gases lacrimógeno. Sumado a lo anterior, la información da cuenta de ataques a sitios web de periódicos o de organizaciones de sociedad civil que monitorean y reportan sobre los sucesos en el Paro Nacional.
“La CIDH y su RELE observan con preocupación que al menos 61 agresiones habrían sido perpetradas por personas manifestantes y otras 15 por parte de agentes del Estado”.
Por ello, reprobaron todo acto de violencia cometido durante las protestas, por lo que hicieron un llamado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos, garantizando el debido proceso legal.
“El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso de la fuerza con la debida diligencia. Además, debe asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes”.
Destacaron la importancia del diálogo y valoraron los distintos llamados para concretar una mesa de diálogo aunque la Comisión lamenta que ninguna iniciativa se haya concretado de manera efectiva. Llamaron al Estado a adoptar medidas para prevenir cualquier abuso por parte de sus agentes.
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