Un día después de la presentación del Plan de acciones inmediatas de atención a la violencia contra las mujeres, una nueva agresión aumentaba la cifra del abuso sexual en Ciudad de México. Sucedió directamente en una agencia del ministerio público -el lugar destinado para atender este tipo de violencia por la vía penal-. Una mujer acudió para interponer una denuncia por amenazas y acabó siendo violada por un policía. La mujer declaró que el agente la detuvo cuando salía del edificio, la encerró en un baño, la golpeó, abusó sexualmente de ella y la amenazó si lo denunciaba.
Entre las acciones del Gobierno local están crear un botón de auxilio vinculado al servicio de transporte público y la oficina de seguridad, urgencias y protección civil; fortalecimiento de los espacios para mujeres en el transporte público; más luminarias y “entornos seguros” en las estaciones del metro de la ciudad; más cámaras de seguridad, así como nuevas agencias del ministerio público para atención a mujeres y formación a policías y funcionarios en perspectiva de género. Además, la alcaldesa, Claudia Sheinbaum, anunció que su Administración promoverá mesas de trabajo, talleres y foros para establecer “una agenda integral de prevención, atención y sanciones” de estos delitos.
“Estas medidas me parecen ocurrencias, hablan de que las autoridades siguen sin comprender el problema”, dice la abogada experta en género, Andrea Medina. “Las acciones inmediatas deben estar relacionadas con procesos más estructurales. ¿Para qué quiero seis nuevos ministerios públicos si, aunque aumentan las denuncias, no aumentan la investigación y la judicialización de los casos y mucho menos se llega a sentencias condenatorias o a la reparación de las víctimas?”, expresa Medina, quien recuerda que muchas mujeres son revictimizadas cuando van a denunciar.
El 93% de todos los delitos en México queda sin resolverse. Incluidos los sexuales, cuya denuncia ha aumentado un 20% en lo que va de 2019, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). “En violaciones, solo en el 11% de los casos se abre una carpeta de investigación y de esto, solo el 2.4% resulta en alguna sentencia”, agrega la directora de la organización Equis Justicia, Ana Pecova.
“Es una campaña que coloca la responsabilidad de denunciar en las víctimas”, dice Aimeé Vega Montiel, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Hace falta una coordinación interinstitucional con lineamientos, mecanismos e indicadores de combate a la violencia a los que dar seguimiento y seguir lo que ya marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, explica la investigadora. “También hay que limpiar las instituciones de aquellos funcionarios que violan los derechos de las víctimas”, agrega Vega Montiel.
“Es muy irresponsable empujar a una víctima a denunciar si no puedes garantizar condiciones adecuadas para dar seguimiento al caso. La impunidad es enorme y no solo es la investigación, es toda la ruta de acceso a la justicia que no acaba con una sentencia, también necesitas de instituciones y políticas públicas que hagan tu reparación efectiva, por eso nunca dejas de ser víctima en México”, sentencia Ana Pecova.
Al ser consultada sobre las críticas hechas al plan presentado esta semana, Ingrid Gómez, portavoz de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, dijo a EL PAÍS que se trata de “acciones inmediatas” para brindar seguridad a las mujeres en el entorno del transporte público y urbano, así como un “acceso efectivo a la justicia”. Gómez admite que hay una necesidad de fortalecer todo el sistema de atención de víctimas, lo que implica “avanzar en la profesionalización de las organizaciones policiacas y de quienes forman parte del sistema de procuración de justicia”. Para ello, explica, se ofrecerá a partir de finales de septiembre “formación integral” a policías y funcionarios públicos. “Queremos que se les atienda [a las mujeres] desde una perspectiva de derechos humanos y de género”.
Las especialistas concuerdan en que más allá de las medidas cortoplacistas que plantea el Gobierno de Ciudad de México, lo que realmente hace falta es activar la alerta por violencia de género en la capital. Un mecanismo de emergencia para la protección de los derechos de las mujeres que tienen los Estados con las tasas más altas de violencia feminicida. “Me siento más segura en un Estado que reconoce que hay un problema que en uno que lo tapa con el dedo y lo niega”, replica Medina. De acuerdo con el informe del año pasado sobre incidencia delictiva en la capital, los casos de violaciones crecieron en Ciudad de México un 124,2% respecto del año anterior y los feminicidios, un 8,6%. “La misoginia no se resuelve con luminarias si no hay una política detrás”, agrega Vega Montiel.
Las medidas se enfocan en violencia sexual pero también hay violencia contra las mujeres en los espacios privados, laborales y docentes… Las mujeres viven todo tipo de violencia: psicológica, física, patrimonial”, dice Vega Montiel. “Las manifestaciones y movimientos como MeToo seguirán explotando en México porque están siendo indolentes a lo que realmente necesitan las mujeres y lo que realmente hace falta para que acabe la violencia contra ellas”, concluye Pecova.
Gómez explica que, además del plan de trabajo presentado el miércoles, se realizan acciones relacionadas al “empoderamiento de las mujeres” y capacitaciones dentro de los 27 centros de atención para mujeres establecidos en la ciudad. Los centros se conocen como Lunas y se crearon desde 1997, donde se comenzará también a capacitar a hombres jóvenes dentro “de una estrategia de construcción de nuevas masculinidades y paternidad responsable”.
“No es costumbre, es violencia”
Bajo el nombre “No es costumbre, es violencia”, la campaña para escuelas de secundaria, preparatoria y universidad diferencia entre la violación y la relación sexual forzada. La campaña ha generado polémica en redes sociales, debido a que desde 2005 la Suprema Corte de Justicia reconoce que las relaciones forzadas, aun dentro de la pareja o el matrimonio, son violación.
“Es un criterio generalizado que el sexo sin consentimiento es violación. La autoridad con esta publicidad está incumpliendo la obligación de transmitir lo que dice la ley. Está fomentando la impunidad social y desinformando a la población al hacer esta distinción”, dice Andrea Medina. “Dicen que son campañas para generar cambios de comportamiento y, sin embargo, no se dan alternativas a los hombres para no hostigar”, agrega la abogada.
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