SAN ANTONIO – La ciudad de Uvalde presentó una demanda contra la fiscal de distrito del condado, Christina Mitchell, pidiendo a un juez que la obligue a entregar todos registros y materiales de investigación policial relevantes relacionado con el tiroteo en la Escuela Primaria Robb.
“El enfoque de la ciudad es ayudar a toda la comunidad de Uvalde, padres que perdieron niños, niños que perdieron a sus padres y jóvenes sobrevivientes navegan a través del proceso de sanación. La transparencia y la rendición de cuentas son parte de ese proceso”, lee el comunicado.
En el tiroteo registrado el pasado 24 de mayo, 19 niños y dos maestras murieron. Es el tiroteo más mortífero en una escuela pública de Texas.
Según el comunicado de prensa, autoridades de Uvalde esperan “que esta demanda permita completar la investigación sobre la conducta de sus oficiales”.
La demanda estipula que la ciudad de Uvalde contrató los servicios de un investigador independiente, Jesse Prado. Se indicó que sus informes han sido restringidos ya que las pruebas y documentaciones de la fiscal del distrito no ha sido puesta a su disposición.
“Sin información de investigación completa, la ciudad se verá afectada negativamente en cumplir con los requisitos legales relacionados con la conducta de sus propios funcionarios y cumplir con sus propios políticas”, lee la demanda.
La ciudad pide que un juez ordene a la fiscal de distrito entregar la información, únicamente para la investigación de Prado, “la cual será objeto a un acuerdo de confidencialidad y no divulgación”.
Telemundo 60 se comunicó con la oficina de Mitchell, pero aún no ha recibido respuesta.
FAMILIARES DE VÍCTIMAS PRESENTAN DEMANDA DE $27,000 MILLONES
Esta noticia se da justo un día después que las víctimas y sobrevivientes de tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde presentaron una demanda colectiva de $27,000 millones contra el distrito escolar, la ciudad, el fabricante de armas y el vendedor de armas.
Según el documento de corte, la demanda colectiva busca miles de millones de dólares por daños y perjuicios por trauma físico y psicológico permanente.
La demanda colectiva también culpa al fabricante y vendedor de armas donde el atacante obtuvo la AR-15 utilizada para la masacre.
Estas demandas se presentan en momentos en que el oficial de Uvalde que dirigía el departamento de policía de la ciudad durante el incidente se retirara de su puesto. El teniente Mariano Pargas se retiró a mediados de noviembre después de 18 años trabajando para la ciudad.
Según la agencia de noticias Associated Press, Pargas es el segundo líder policial que deja a las fuerzas del orden en medio de las consecuencias desde la masacre de mayo, cuando cientos de oficiales esperaron más de una hora para confrontar al pistolero dentro de un salón de clases en la Escuela Primaria Robb.
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