Alegar corrupción no exime al gobierno federal de cumplir con sus obligaciones, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que el recorte presupuestal al programa de estancias infantiles subsidiadas podría ocasionar que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijas e hijos al cuidado de personas sin preparación y afirmó que alegar corrupción no exime al gobierno federal de cumplir con sus obligaciones.
“El recorte también puede representar una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo y a la independencia económica”, alertó la Comisión en un documento firmado por su presidente, Luis Raúl González Pérez, y dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores.
Al legislador y a los funcionarios federales les solicitó impulsar la asignación de recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa de Estancias Infantiles conforme a la demanda social, privilegiando los derechos de la niñez y la perspectiva de género; analizar el impacto de las medidas adoptadas en las condiciones de vida de niñas y niños, y establecer los mecanismos administrativos e institucionales para el adecuado control, fiscalización y auditoria de los recursos que se transfieren a los proveedores públicos y privados de cuidado y atención integral infantil, para garantizar su aplicación al objetivo destinado, evitando afectaciones a los derechos de las personas menores de edad.
El gobierno federal debe ponderar, opinó la Comisión, si entregar directamente a las familias el dinero anteriormente destinado a las estancias es pertinente, considerando que dados los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social, es probable que los apoyos económicos que eventualmente se entreguen, sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez.
La CNDH recordó a las autoridades federales que, en 2020, el Estado mexicano deberá rendir ante el Comité de los Derechos del Niño su sexto informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención, donde el recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles podría derivar en un señalamiento por parte de ese organismo internacional.
“El hecho de que se aleguen presuntos actos de corrupción, así como irregularidades o problemas administrativos no puede eximir a las autoridades de cumplir con sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos. Si en el pasado se cometió algún ilícito, los mismos deben investigarse y sancionarse a los responsables. Si el marco normativo dificulta la operación administrativa de programas o instituciones, debe actuarse con responsabilidad, promover las adecuaciones conducentes, sin dejar de cumplir con las obligaciones contraídas”, concluyó la Comisión.