CNDH emite recomendaciones al fiscal de Yucatán por caso José Eduardo Ravelo

CNDH emite recomendaciones al fiscal de Yucatán por caso José Eduardo Ravelo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró este sábado tener elementos suficientes para acreditar violaciones graves a derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica, con motivo de la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y como consecuencia la privación de la vida de José Eduardo Ravelo, joven presuntamente asesinado por policías municipales de Mérida, Yucatán.

Lo recabado por el organismo autónomo es imputable a autoridades de Yucatán y del municipio de Mérida, indica un comunicado de la CNDH.

Asimismo dicha Comisión sostuvo que considera que la Fiscalía General de la República (FGR), atendiendo a la facultad de atracción que ejerció en la investigación y persecución de los delitos, “deberá continuar con la investigación a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional competente la que determine bajo sentencia, si fuera el caso, la pena correspondiente de los responsables”.

La FGR concluyó en octubre del 2021 que la muerte del joven veracruzano, de 23 años, detenido por policías de Yucatán, no fue por tortura ni por violación. Atribuyó el deceso a una neumonía

El 18 de agosto de 2021 la madre del joven presentó denuncia ante la Fiscalía, por lo que se inició la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura.

En el documento la CNDH informa que la madre de la víctima también solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY), lo que motivó posteriormente la radicación del expediente de queja respectivo.

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El 21 de julio de ese año, elementos de la policía municipal de Mérida detuvieron a José Eduardo cuando caminaba por calles del Centro Histórico de ese Ayuntamiento, quienes lo trasladaron a las instalaciones de la comandancia de la corporación policial en cita, donde fue torturado, causándole lesiones graves que derivaron en su posterior fallecimiento.

CNDH emite recomendaciones

Ante lo anterior, la CNDH emitió recomendaciones dirigidas al fiscal general de Justicia del estado de Yucatán, Juan Manuel León León, y al presidente municipal de Mérida, Renán Barrera.

En seguida el texto recogido del comunicado sobre las recomendaciones emitidas por la CNDH:

Al fiscal general de Justicia del estado de Yucatán:

Se continúe con la investigación del homicidio y el probable abuso sexual cometido en agravio del joven, debiendo practicar todas las diligencias necesarias para determinar la probable responsabilidad penal de las personas servidoras públicas que, en el ejercicio de sus funciones, las ejecutaron; así como de aquellas que las autorizaron y/o toleraron la consumación de dichas conductas delictivas y, en su momento, se judicialicen las indagatorias respectivas para que el juzgado de control del conocimiento determine lo que conforme a
derecho corresponda.

Coadyuve con la Fiscalía General de la República en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio del joven, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia. Colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la queja que se formulen ante el Órgano Interno de Control en la Fiscalía General del estado de Yucatán, por las inconsistencias que se advirtieron en la necropsia que le practicó al cadáver de la víctima.

Asimismo, llevar a cabo, en un periodo no mayor a 6 meses, un diagnóstico respecto del estado que guardan las carpetas de investigación en las que se encuentran involucrados elementos de la Policía a Municipal de Mérida en la comisión de conductas delictivas, a efecto de que se implementen las medidas necesarias para que sean debidamente integradas y determinadas. Establecer normativamente, en un periodo no mayor de 3 meses, al interior de las agencias del ministerio público, una política de revisión periódica respecto de la determinación de averiguaciones previas o carpetas de investigación relacionadas con actos de tortura y ejecuciones arbitrarias.

 

Al presidente municipal de Mérida, Yucatán le solicita:

Ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares directos de la víctima, con motivo de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio, consistentes en derecho a la vida, la libertad e integridad personal y seguridad jurídica, con motivo
de la retención ilegal, y tortura derivada del uso excesivo de la fuerza que motivó la pérdida de la vida del joven. Que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se otorgue a la madre de la víctima una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos.

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Se realicen las diligencias necesarias a fin de que, en un término no mayor a 30 días, la madre de la víctima y los demás familiares directos que hubiesen sufrido alguna afectación emocional, con motivo de las violaciones a derechos humanos descritas en la presente Recomendación, sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas, así como de la Ley de Víctimas del estado de Yucatán. Coadyuve
con la integración de las carpetas de investigación relacionadas con las conductas delictivas cometidas en agravio de la víctima. Colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de las quejas que se formulen ante la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal, en contra de los elementos de policiales que participaron directa e indirectamente en la retención ilegal de la víctima, los actos de tortura a los que fue sometido y el uso excesivo de la fuerza que derivó en su deceso; así como del médico adscrito a esa dependencia, por la omisión de brindarle la asistencia médica que requería con motivo de las agresiones físicas que se le infligieron.

Y finalmente, dé seguimiento a la queja que se formule ante la Contraloría del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en contra de del Juez Calificador, por la omisión de brindarle a la víctima la asistencia médica que requería con motivo de las lesiones que se le infligieron.


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