Más de una veintena de asociaciones de profesionales de la cultura han firmado un manifiesto, titulado “El Consejo de cultura que queremos”, en el que denuncian que Andrea Levy, la delegada del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, ha restado autonomía e independencia al Consejo de Cultura, un organismo que consideran imprescindible para mantener la comunicación con el sector, sus necesidades y sus intereses. El nuevo reglamento se publicó el pasado 22 de octubre en el BOCM, “por sorpresa”, indican las fuentes del sector, y descubre una estructura con menos autonomía, independencia y capacidad participativa. También menos transparente porque las sesiones del Pleno del Consejo dejarán de ser públicas.
En el manifiesto, al que ha tenido acceso, este periódico se explica que “hay una mayoría aplastante de cargos directamente relacionados con la administración y elegidos a dedo”. Y se indica que con esta reforma de Andrea Levy, el Consejo ha dejado de representar al sector. Las asociaciones reclaman que se modifique la reforma para lograr mayor gobernanza democrática, que no exista una mayoría de cargos de designación directa y que los representantes de la administración sean mínimos.
“Reclamamos la despolitización del consejo, relegando a una presencia de escucha activa de los grupos políticos con carácter presencial y sin derecho a voto. No tiene sentido un consejo constituido por cargos políticos, porque la voz de interlocución del sector desaparece”, señalan en su carta dirigida a Levy. Hablan de politización de los miembros del Pleno, en detrimento de la presencia de las asociaciones: la propuesta de Levy es que haya hasta siete profesionales designados por el Ayuntamiento y otros tres por la propia Levy, entre los 26 miembros en total.
Comisiones, concursos y planes estratégicos
Lo más llamativo del nuevo texto es el recorte de las funciones que deja al Consejo en un “órgano anecdótico y vacío de contenido”, denuncian. En el reglamento vigente, que recibió los votos en contra de PP y Ciudadanos y se aprobó por mayoría, el sector participaba en las comisiones de valoración y subvención, en los concursos de selección de las direcciones de los centros culturales, en la elaboración del Plan Estratégico de la Cultura y en la realización de un informe anual sobre el estado de la cultura en Madrid. Con estos estatutos que todavía tienen que ser aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, el organismo creado en el último minuto de la corporación anterior, apenas es un mero informante. Con el recorte de las funciones, se elimina cualquier posibilidad crítica o examen de la política cultural municipal.
Por todo, piden que se “rescate al anterior Consejo para participar de manera activa en la constitución del nuevo Consejo”. Carmen González es la Secretaria General Técnica del Ayuntamiento y asegura que durante el periodo de alegaciones se tendrán en cuenta todas las aportaciones que se hagan desde el sector. Aunque también advierte que cada corporación tiene derecho a crear un modelo propio de política cultural y si el suyo no se aprueba por unanimidad, no habrá reglamento ni Consejo de Cultura. “Ese es el compromiso de Andrea Levy, si la cultura no tiene la unanimidad de la política no seguiremos con ello”, indica a este periódico.
“El que gobierna tiene la responsabilidad de gobernar, no puedes hacer una cogestión de todo. Ese es nuestro planteamiento como Gobierno. Quien asume la responsabilidad de gobernar tiene que tomar sus decisiones y puede equivocarse. Soy totalmente partidaria del dialogo pero hay decisiones que tienen que asumir”, indica Carmen González. Sin embargo, este tipo de organismos se crean para reducir el margen de error en la gestión pública tomando en cuenta la experiencia de los profesionales del sector.
Por delante se presentan 30 días naturales para presentar las alegaciones, hasta finales de noviembre. Entonces el Área de Cultura analizará esas peticiones y con las que se atiendan se redactará un nuevo texto que será presentado en diciembre. Entonces llegará la fase decisiva, la del debate político entre los grupos para su aprobación. Tendrán 15 días para alcanzar el consenso. “Yo creo que no hay nada insalvable, tengo la esperanza de limar asperezas y conseguir la unanimidad”, indica González.
Para Pilar Perea (Más Madrid) la unanimidad es un “rehén político” para lograr la aprobación de su modelo. “La generosidad siempre está en la oposición y la unamidad hay que trabajarla”, cuenta la concejala. “En el modelo de Levy falta participación, transparencia, funciones y vigencia. Quienes decidirán serán los amigos de ella y eso no sirve. Y si le quitas las funciones, tampoco. La política cultural consiste en escuchar a los otros, los profesionales”, subraya Perea.
En esa línea, Mar Espinar (PSOE) no entiende por qué Levy ha destruido el proceso de tres años que tardó la corporación anterior en crear los estatutos, negociando con el sector y los partidos. “Ahora el sector ha desaparecido del Consejo y gana peso la política. El anterior modelo no era perfecto, pero este no lo es para nada. ¿Con quién ha hablado para crearlo? El sector está enfadado porque no se ha contado con ellos y ahora hay que volver a empezar”, indica Espinar.
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