El diario Reforma dio a conocer esta semana que en la denuncia del abogado Juan Collado, éste “aseguró que entregó una maleta con 10 millones de pesos en efectivo por una gestión para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto, cerrara una investigación que seguía en su contra”.
Al respecto, el ahora ex titular de la UIF, Santiago Nieto, tuiteó el pasado 27 de febrero que en su gestión no se cerraron expedientes y que además denunció en dos ocasiones a Collado, la primera en 2019 y la segunda en 2020.
Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la #UIF no se cerraron expedientes vs ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) February 27, 2022
Reforma tuvo acceso a la denuncia interpuesta por Collado, la cual refiere que a mediados de junio de 2019 se reunió con Santiago Nieto, entonces titular del organismo, antes de conseguir un oficio en el que la UIF concluye que no lo investigaba.
Reforma consignó que según Collado -en su relato ante la Fiscalía General de la República– “(la reunión) fue a mediados de junio de 2019, donde lo único que me comentó el titular de la UIF fue que en caso de que hubiera alguna irregularidad de naturaleza fiscal, él daría aviso a la Procuraduría Fiscal con la finalidad de que se le diera trámite a cualquier anomalía”.
El oficio que logró de la UIF tiene fecha del 18 de junio de 2019, día en que el abogado César Omar González Hernández se reunió con Collado.
De acuerdo con lo que incluye la denuncia que publica Reforma, Collado fue a su oficina y sacó 10 millones de su caja fuerte a cambio del papel.
En total, Collado dice que desembolsó 41 millones de pesos por los servicios de Juan Antonio Araujo Rivapalacio y su socio César González.
Por lo tanto el diario señala que además del supuesto pago por la gestión ante la UIF, los abogados cobraron por separado alrededor de 31 millones de pesos, mediante un cheque de 1 millón 381 mil 851 euros con 68 centavos, entregado en España.
La red
Araujo forma parte de lo que el abogado Paulo Díez ha calificado como una red de tráfico de influencias que operaba Julio Scherer Ibarra desde la Consejería Jurídica de la Presidencia.
“Desde el poder, desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, Julio Scherer tejió una auténtica red de corrupción y extorsión para beneficio propio y el de sus socios y cómplices. Lo hizo a través de un grupo de abogados, de notarios, se supuestos consejeros financieros o asesores financieros con los que el ex consejero mantiene vínculos muy estrechos y muy valiosos tanto patrimoniales como de negocios, así como familiares y de amistad. Lo hizo utilizando indebidamente las instituciones del Estado”, acusó Díez desde el año pasado en Aristegui Noticias.
En entrevista con Carmen Aristegui, Scherer negó haber intervenido como consejero jurídico de la Presidencia en casos que han cobrado relevancia nacional como el de Ancira y Collado.
A su vez, Araujo dijo que le parecía “inaudito rebajar el lugar de Julio Scherer a un papel perverso de distribuidor de asuntos de justicia selectiva”. En una réplica a Aristegui Noticias, explicó que conoce bien a Scherer, pero que los tres años en los que se desempeñó como Consejero Jurídico fue un hombre del presidente y no un abogado litigante o un gestor de intereses particulares; dijo que solo lo vio en tres ocasiones y no abordaron temas legales, penales o solicitudes.
En febrero pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó un expediente en contra de cuatro abogados, entre ellos Juan Antonio Araujo Rivapalacio, considerado uno de los litigantes relacionados con casos de gran impacto, como el del empresario Alonso Ancira, además de estar involucrado en el caso Collado.
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En la denuncia de Collado que Reforma destapó el domingo pasado, se agrega el testimonio del hermano de éste, Antonio:
“César y Juan Araujo buscaron a mi hermano Juan Ramón y le dijeron que nos tendríamos que presentar ante la UIF, que nos acompañaría un socio suyo de Puebla de nombre Juan Antonio Piña, lo anterior a petición del amigo Julio Scherer, con la finalidad de que no los relacionaran a ellos con la investigación de mi hermano Juan Ramón”.
Antonio Collado agrega que al día siguiente de esa fecha, que no precisa, acudieron “a la UIF ubicada en Avenida Constituyentes y nos acompañó a mi hermano y a mí el licenciado Juan Pablo Piña y de parte nuestra fue el licenciado Jaime Sanchez Montemayor y el licenciado Abelardo Antonio, ese día nos atendió el director de la Unidad, el doctor Santiago Nieto y varios de sus colaboradores”.
El hermano dice que la investigación de la UIF era por operaciones de 3 empresas y que luego de escuchar a las autoridades el propio Juan Collado explicó los movimientos bancarios y se comprometió a entregar un soporte documental.
Unos días después, se consigna en la denuncia, César González les dijo que el costo de la gestión por haber llegado hasta la UIF era de 20 millones de pesos.
El pago, según la misma denuncia, se habría hecho el 18 de junio de 2019 y no por 20 sino por 10 millones de pesos en efectivo, tras mostrar su desacuerdo con la primera cantidad.
Ese dinero, según Collado, provenía del remanente de operaciones comerciales de las casas de empeño de su familia (los deudores prendarios pagan en efectivo).
Dicha cantidad de dinero en efectivo -de acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso Reforma- fue sacada de la caja fuerte de Collado y su propio hijo le ayudó a contar y a entregar.
La entrega, según la misma denuncia, fue en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México.
“A mi hijo Juan Ramón Collado Dot le consta”, sentencia Collado.
Y apunta que Collado Dot “estuvo en esa terraza, en otra mesa y que en el momento que le di el dinero al señor César, él me entregó un documento consistente en un acuerdo de la UIF”.
El oficio en poder de Reforma está firmado no por Nieto sino por la directora general adjunta a la Dirección General de Procesos Legales de la UIF.
“No existe ningún acto emitido por esta autoridad que pueda afectar la esfera jurídica del solicitante porque no se encuentra incluido en la Lista de Personas Bloqueadas y tampoco existe investigación activa en su contra por parte de esta UIF”, dice el oficio.
Pasaron 21 días y el 9 de julio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo por orden de captura al abogado Juan Collado.
Entonces, la FGR informó que Collado enfrenta cargos por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La detención tuvo lugar en la colonia Lomas de Chapultepec.
Collado no estaba huyendo sino al parecer terminaba de comer en el Restaurante Morton’s.
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El 8 de marzo próximo se tiene programada la audiencia de imputación de Juan Antonio Araujo Rivapalacios, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau.
El 1 de marzo, Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación y ahora Presidenta del Senado, señaló una invasión de atribuciones, facultades y competencias, así como una intervención en la Fiscalía por parte de Julio Scherer Ibarra.
El 28 de febrero pasado, Código Magenta publicó una carta en la que con su puño y letra, Collado Mocelo le dice al presidente AMLO que busca celebrar acuerdos reparatorios. Tras ello, López Obrador reconoció en su conferencia mañanera que pidió a Collado Mocelo que repare el daño para poder salir de la cárcel.
El abogado Paulo Diez reaccionó a dicha carta; en entrevista con Aristegui preguntó: “¿Quién demonios en su sano juicio hace esas cosas de andar escribiendo una carta como esas desde el Reclusorio Norte si no es bajo la presión y la amenaza de quien aparentemente es su propio abogado?”.
Asimismo, en medios ha trascendido que la FGR pedirá 40 años de cárcel para abogados presuntamente vinculados a Scherer en el contexto de la demanda por extorsión, entre otros delitos.
El 27 de febrero pasado, Reforma dio a conocer que el abogado Juan Collado Mocelo denunció al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como a tres abogados más y a un operador financiero por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias. El mismo día, Julio Scherer Ibarra rechazó las acusaciones en su contra.
A finales de agosto de 2021 se confirmó que Julio Scherer dejaba la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Unos días antes, el 26 de agosto del mismo año, se dio a conocer que Sánchez Cordero dejaba de ser secretaria de Gobernación y se reincorporaba al Senado.
El movimiento de Sánchez Cordero fue explicado por el presidente AMLO en aquel entonces -en un video público- de la siguiente manera:
“Ahora, a mitad del camino, así se llama mi nuevo libro, ella me dice: quiero estar en el Senado… y ha quedado ella en libertad”.
Agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero, quien nos ayudó como secretaria de Gobernación. Mi amigo, paisano y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación. pic.twitter.com/HsefQsC0SX
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 26, 2021
Pero esta semana, el presidente López Obrador dijo que la salida de Scherer se debió a que “no había buena relación con la secretaria de Gobernación, no tenían buena relación y yo necesitaba que me ayudaran para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores, incluso con el Poder Judicial, con la fiscalía, porque hay asuntos de Estado, Ayotzinapa o los amparos, y necesitamos relaciones en lo fundamental, en los básico cuando está de por medio el interés general con el Poder Judicial, y necesitaba yo a una gente como Adán para resolver, y buscando que los equilibrios pues se decidió también lo de la Consejería Jurídica para resolver problemas”.
“La licenciada Sánchez Cordero, una muy buena persona, una profesional, pero había discrepancias y yo necesito tener a quien me ayude por entero y que se dedique en armonía con la Consejería Jurídica y con otras áreas a resolver problemas, atender problemas”, atajó.
Al respecto, la propia Sánchez Cordero precisó por su parte: “nuestras diferencias fueron para defender las competencias, las atribuciones y facultades […] Ese fue el principal problema o la principal tensión entre el funcionario, entre el consejero jurídico y la persona de la secretaria de Gobernación que, insisto, no fue una atribución, una competencia a la secretaria Olga Sánchez Cordero; sino una atribución y competencia y facultad de la Secretaría de Gobernación”.
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