A los formidables obstáculos con los que se ha topado la paz en Colombia se sumó una pandemia de incierto desenlace. Al país le ha costado dejar atrás la violencia sin esquivar la verdad de la guerra, y la irrupción del coronavirus ralentizó la implementación de unos acuerdos arduamente negociados que todavía agitan el debate público. De las instituciones surgidas del histórico pacto con la guerrilla de las FARC, probablemente la Comisión de la Verdad, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, es la que más se ha visto afectada por cuenta de la inédita crisis sanitaria. Su trabajo de campo incluye recoger testimonios en recónditas veredas, territorios étnicos y resguardos indígenas, pero las restricciones de movilidad limitaron su despliegue territorial.
La comisión, como los demás componentes del rebautizado Sistema Integral para la Paz, ha tenido que navegar en medio de la polarización política. Su esperado informe final, que marca la conclusión de su mandato de tres años, debe conocerse en noviembre, y aterrizará en un ambiente de campaña electoral para escoger al sucesor del presidente Iván Duque. El mandatario es un crítico de los acuerdos que selló su antecesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy convertidas en el partido Comunes. Pero ahora, la Corte Constitucional estudia una demanda de varias organizaciones de víctimas para ampliar ese periodo.
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El principal argumento es que la imposibilidad de viajar a los territorios afectados por el conflicto armado ha perjudicado de manera notable los pilares del mandato de la comisión: esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición. Los demandantes –la Corporación de Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo de la Universidad de los Andes y del centro de pensamiento Dejusticia– explican que la comisión solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones normales, menos de la mitad de su periodo. “El resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades”, señalan.
Mantener el periodo inalterado, sostienen, incumpliría el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición. Un punto esencial del acuerdo. Para empezar, en muchas zonas rurales de esa Colombia profunda la conectividad es deficiente, y además las víctimas no sienten que la virtualidad garantice las condiciones de seguridad y confianza necesarias para aportar sus testimonios. “Si ya es duro dar un testimonio frente a frente, imagínese por un celular que no tiene alma”, ha explicado Gloria Elcy Ramírez, representante de Asovida. Lo que piden es encontrar una fórmula que permita compensar el tiempo perdido por la pandemia.
La comisión ha seguido trabajando sin pausa, apoyada en la virtualidad y con eventos semipresenciales. Entre otros actos, ha organizado comparecencias voluntarias de varios expresidentes. Ernesto Samper (1994-1998), César Gaviria (1990-1994) y Santos ya han dado sus testimonios, mientras que Andrés Pastrana (1998-2002) también prepara sus aportes para finales de agosto. Álvaro Uribe (2002-2010), el mentor político de Duque, ha rechazado esa posibilidad. En julio, víctimas del secuestro confrontaron cara a cara, por primera vez, a la cúpula de las extintas FARC, entre ellas Ingrid Betancourt. Aunque varios de esos actos que producen diálogos profundos y reparadores se han desarrollado a pesar de las limitaciones, queda poco tiempo para decantar la información y escribir el informe final. La comisión, además, ha tenido que superar la muerte de dos de sus once comisionados. A finales de 2019 falleció el periodista y sociólogo Alfredo Molano, y hace un año, por coronavirus, la lideresa Ángela Salazar.
El propio padre De Roux se mostró por primera vez esta semana favorable a que la demanda progrese en la Corte Constitucional para poder profundizar la elaboración del informe hasta julio del año entrante. “Yo prefiero entregar el documento final al nuevo presidente y estar por fuera de la campaña política, para evitar esa manipulación”, dijo durante un conversatorio virtual con el Centro de Fe y Culturas.
El debate sobre la conveniencia de ampliar el periodo de la comisión comienza a abrirse paso. Humberto de la Calle, el negociador jefe del Gobierno en los diálogos de La Habana, es una de las voces que ha opinado que el informe debería posponerse hasta después de las presidenciales de mayo del 2022. “Sobre el funcionamiento y los propósitos de la Comisión de la Verdad, es evidente que la pandemia los ha dificultado, en particular en relación con víctimas en zonas alejadas del país, el desarrollo de su tarea. Y en cuanto al momento oportuno para que la sociedad reciba y evalúe de manera constructiva el informe final, no me cabe duda de que las conclusiones de la comisión pudieran verse alteradas por la discusión política propia de la época electoral”, dijo De la Calle a este periódico. “El riesgo es que el informe se vea afectado en medio de la lucha política y que perdamos la oportunidad de valorarlo y utilizar de manera constructiva sus hallazgos”, razona.
La experiencia de otras comisiones en el mundo muestra las dificultades para dejar satisfechos a todos los sectores. “Si la expectativa es de mejor contexto político para la entrega y la socialización del informe, me temo que mientras más se aplace, más complicado será el contexto”, advierte Gonzalo Sánchez, quien dirigió durante años el Centro Nacional de Memoria Histórica y hace parte de un comité asesor de la comisión. Pero si el argumento es sobre las limitaciones que impuso la pandemia, matiza, “hay razones más que suficientes para atender la voz de las víctimas en el sentido de que el plazo se amplíe para que la consulta a ellas tenga asidero real”. Dadas las complejidades y duración de más de medio siglo del conflicto colombiano, zanja, el tiempo que se le asignó a la Comisión de la Verdad es “a todas luces insuficiente”.
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