El integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra observa que López Obrador ha tomado decisiones contrarias a la Constitución, como designar a un General en activo al frente de la Guardia.
Por Alfredo Lecona
El 23 de enero de 2006, en pleno proceso electoral, Andrés Manuel López Obrador se reunió con el entonces embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza. Entre varios temas, Garza le dijo al hoy Presidente de México que el consumo de drogas estaba aumentando y que los programas antinarcóticos debían ser importantes para la siguiente administración. López Obrador coincidió y le habló de su plan: reformar la Constitución para otorgar “más poder y autoridad” a los militares (por considerarles los menos corruptos) en las operaciones antinarcóticos. La guerra contra las drogas también estuvo en la mente de López Obrador, desde su primera campaña presidencial.
Podría decirse que la postura de López Obrador cambió luego de que Felipe Calderón abriera la Caja de Pandora. Durante los siguientes 11 años, mantuvo una postura crítica sobre la guerra, pero el 20 de noviembre de 2017, en el Proyecto de Nación 2018-2024 de Morena apareció la primera señal alarmante. Mientras el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, exigía la aprobación de la Ley de seguridad Interior (LSI), el partido de López Obrador la proponía como una condición necesaria para las fuerzas armadas, si estas iban a seguir en las calles apoyando en labores de seguridad pública.
Durante el desaseado proceso legislativo de la LSI, Rocío Nahle, entonces coordinadora de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, firmó a favor de la modificación del orden del día del 30 de noviembre de 2017, para que en esa misma sesión se aprobara la ley en el Pleno, a pesar de que su bancada votó en contra.
En enero de 2018, López Obrador presentó a Alfonso Durazo como su propuesta para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública. En el mismo evento, presentó la propuesta de crear la Guardia Nacional, pero ni él, ni Durazo, hablaron en la campaña de dotarla de naturaleza militar y solo llegaron a explicar que el plan se trataba de “optimizar los recursos que tiene el estado mexicano para combatir eficazmente al crimen organizado”.
Pocos días después del triunfo del 1º de julio, Durazo se reunió con integrantes de #SeguridadSinGuerra, a quienes nos prometió que la idea de crear la Guardia Nacional no prosperaría, pues la concepción que tenían de la misma, implicaba hacer reformas constitucionales y no era la intención del López Obrador proponer modificaciones a la Carta Magna en los primeros tres años de gobierno. Probablemente la intención de Durazo fue desmovilizar y evitar la polémica de una propuesta así durante los infructuosos Foros por la Paz y la Reconciliación que se realizaron durante el periodo de transición.
Durante la campaña y la transición, López Obrador nunca se pronunció por abrogar la LSI. En un par de ocasiones llegó a decir que esperarían y serían respetuosos de la decisión de la Suprema Corte sobre su constitucionalidad. La Corte programó el inicio de esa discusión para el 12 de noviembre del año pasado y de manera sorpresiva, Durazo declaró, 3 días antes, que el 14 de noviembre presentarían su propuesta de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, en un evidente mensaje a las Ministras y Ministros que estaban a punto de fijar criterios relevantes sobre la militarización y las fuerzas armadas. La respuesta del Pleno fue contundente y la LSI fue eliminada del orden jurídico nacional en una votación de 10 a 1 que nadie esperaba.
El 20 de noviembre, una vez presentada la iniciativa de reforma constitucional, comenzó un proceso legislativo en el que cada vez se empeoraban los dictámenes y se profundizaba el modelo de militarización desde la Constitución. El pasado 20 de febrero, el Senado llegó a un histórico acuerdo que avaló López Obrador a través de su Consejero Jurídico y la Secretaría de Gobernación, para mantener el carácter civil de la Guardia Nacional en la Constitución, con lo que la reforma fue aprobada por unanimidad del Pleno. Después del paso por la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados, la Guardia Nacional quedó concebida en la Constitución como una policía nacional civil y se dejó un régimen transitorio para que las Fuerzas Armadas continúen, por 5 años, apoyando en labores de seguridad pública, pero con transparencia y fiscalización.
Pero nada de lo anterior le ha importado al Comandante Andrés Manuel.
En reiteradas ocasiones, el Presidente se ha referido a la reforma como un permiso para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles “como antes no se permitía”. Incluso, frente a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, dijo que la ausencia del marco constitucional, era una de las causas del fracaso de la estrategia de seguridad, mientras firmaba un convenio de colaboración para capacitar a los elementos de la nueva corporación civil, en materia de derechos humanos.
El Comandante Andrés Manuel ha tomado decisiones contrarias a la Constitución, como designar a un General en activo al frente de la Guardia o transferir elementos del Ejército y la Marina sin haber pedido licencia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Secretaría de Marina (Semar), en un brutal desorden administrativo y sin claridad real del número de elementos desplegados inicialmente.
En mayo, su mayoría en el Congreso aprobó las leyes secundarias de la reforma en un inédito proceso legislativo que duró tan solo unas pocas horas en el Senado, sin oportunidad de que la opinión pública conociera las iniciativas o dictámenes hasta que estaban siendo votadas, con muchas contradicciones a la Constitución que llegarán nuevamente a una Suprema Corte de distinta conformación a la que declaró la inconstitucionalidad de toda la LSI el año pasado.
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El acuerdo que Estados Unidos impuso a México, adelantó el despliegue de militares y marinos para contener el flujo migratorio como hemos visto en las últimas semanas, aun invadiendo las funciones que solo le correspondían a los agentes migratorios.
La Guardia Nacional que se “inauguró” el domingo en el Campo Marte no es la que está en la Constitución y sin duda es más de lo mismo. Es el sometimiento de cualquier estrategia de seguridad a un poder militar que se fortalece en lo político y económico con cada crimen atroz que sigue impune; con cada nueva función que se le da a la Sedena; con cada contrato que se le otorga a un ejército al que se le quiere “reorientar” su función original para convertirlo en contratista, transportador, constructor y hasta administrador de un aeropuerto internacional civil como no ocurre en ningún otro país, con todo y las irregularidades en los contratos que se le asignaron en el cancelado aeropuerto de Texcoco.
Puede decirse que en el momento de su encuentro de 2006 con Tony Garza, López Obrador no sabía el alcance de su propuesta, pero 12 años y miles de víctimas después (y aunque se diga que la guerra contra las drogas ha terminado), solo se puede entender el desprecio a la evidencia del fracaso, desde una postura que trasciende lo racional. Quizás la militarización siempre ha estado en su mente si el Comandante Supremo es él, pero después de él, el poder encumbrado por la Fuerzas Armadas no disminuirá. Será una herencia que habrá que revertir cuando llegue una verdadera transformación.