Comisiones del Senado de la República sesionaron tres horas para debatir y votar la minuta de reforma que entrega el control de la Guardia Nacional al Ejército mexicano.
El grupo parlamentario de Morena y sus aliados pasaron las votaciones clave, aprovechando la mayoría que tienen en estos órganos y pese al llamado de los partidos de oposición para convocar a expertos y ciudadanos a exponer sus posturas.
Al final, la minuta pasó sin cambios con 18 votos a favor y 13 en contra.
Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la cámara alta pasaron el dictamen y lo remitieron a la Mesa Directiva, en espera que se agende para el debate en el pleno, incluyendo las reservas que se han presentando.
Posiciones en contra
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que el presidente López Obrador y la mayoría deben una explicación sobre por qué se cambió de opinión en una estrategia de seguridad que se construyó con todos los partidos políticos.
El senador del Grupo Plural Germán Martínez Cázares dijo que la iniciativa pretende recuperar el fuero militar y dijo que hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (votada por la entonces ministra Olga Sánchez Cordero) que restringe esta posibilidad.
Dijo que votarán en contra de la iniciativa que militariza el poder civil, sobre todo porque se planea pasarla sin “moverle una coma”.
Posiciones a favor
El morenista Félix Salgado Macedonio dijo que las Fuerzas Armadas se comportan de acuerdo al mando que da las órdenes.
Aseguró que la Guardia Nacional está dando resultados, producto de una política de seguridad que implementa el gobierno del presidente López Obrador. Sostuvo que el Ejército tiene disciplina y honor, que serán determinantes para consolidar la nueva corporación.
Dijo que la oposición no apoya la iniciativa para no darle un éxito al presidente López Obrador.
La senadora morenista Nancy Sánchez dijo que la oposición no tiene calidad moral para hablar de militarización, después de la fallida estrategia de seguridad que se aplicó en otros sexenios. También aseguró que es una medida congruente y que respeta los derechos humanos.
Aseguró que se mantiene el régimen de justicia civil y no el militar, como aseguran los críticos del dictamen.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó la premura con que se dio este proceso legislativo.
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