Hay debates malditos en educación. Uno de ellos gira sin duda en torno a la idea de evaluar el trabajo de los profesores, que lleva en las leyes de educación algo más de 25 años sin que nadie termine de ponerla en marcha más o menos en serio para todo el profesorado. A grandes rasgos, los argumentos a favor parecen absolutamente razonables: la carrera de los docentes de colegios e institutos públicos españoles carece casi por completo de incentivos y, en la práctica, más allá del pundonor profesional, da un poco igual hacer mejor o peor el trabajo. Así, establecer esos estímulos laborales (en forma de sueldo, reconocimiento profesional, ayudas para proyectos, permisos especiales…) por medio de un sistema de evaluación que, además, ofrezca información útil sobre los puntos fuertes y débiles del sistema, solo podría mejorar la educación. El informe España 2050, el documento redactado por más centenar de expertos para fijar, a petición del Gobierno, una estrategia de país a largo plazo, critica la ausencia de “un sistema de evaluación del desempeño de la práctica docente que pueda guiar intervenciones para el aprendizaje y la mejora continua del profesorado”.
Sin embargo, las cosas no son tan fáciles, porque es harto peliagudo medir de manera objetiva la calidad del profesorado (para empezar, hay que ponerse de acuerdo en qué es la calidad del profesorado) y porque es muy importante encontrar la manera de que los docentes no rechacen esa evaluación, pues todos los precedentes han demostrado que, si una buena parte de ellos no se sube al carro, el proceso servirá para bastante poco. Una encuesta hecha en 2018 por el Ministerio de Educación a la comunidad educativa (sobre todo a docentes, pero también a padres, alumnos y asociaciones) concluía que dos tercios creían que la evaluación debe ser obligatoria para los profesores y que algo más de la mitad opinaba que sus resultados deben tener solo consecuencias formativas (señalar el camino de mejora y que las administraciones pongan los medios para recorrerlo), pero otro 41% reclamaba que sirvan para repartir reconocimientos o sanciones.
Y lo que planteó el ministerio hace algo más de dos meses, dentro de las 24 propuestas que presentó para empezar a debatir la reforma de la carrera docente, tenía un poco de todo, con un sistema de evaluación voluntario en general y solo obligatorio para acceder a ciertos puestos (para el de director, por ejemplo, que además lleva consigo un complemento salarial y ya está generalizado desde hace lustros). El modelo que proponen debe “partir de un informe de autoevaluación, valorar los aspectos específicos de la función docente en el marco de la autonomía del centro, contar con la participación de diversos órganos de gobierno y coordinación docente del centro y con la del servicio de inspección”.
La finalidad, por un lado, “debe ser primordialmente formativa y acreditativa y debe también permitir el reconocimiento de la complejidad de las tareas desempeñadas”, dice el texto. En otro punto añade que “el mejor desempeño de las competencias profesionales docentes” deberá traducirse “en propuestas y actuaciones formativas por parte de la Administración; en las mayores posibilidades de acceso a los distintos puestos de trabajo propios de la función docente; y en las retribuciones complementarias”.
Ahogados en burocracia
El problema, de nuevo, es que los docentes se siguen mostrando recelosos, a pesar de todo. Para empezar, ante la posibilidad de que se convierta en otra burocracia más dentro de un mar de papeleo, muchas veces sin sentido, que ya los ahoga. “Para que sea una evaluación objetiva, lo que tienen que hacer es quitarnos tanta burocracia. A nosotros y a la inspección, que tienen tanto papeleo que apenas tienen tiempo para pisar un aula y evaluar al docente”, dice Iris Carabal, de 30 años y maestra de educación especial en un colegio público de Vila-Real (Castellón). Y eso que ella está de acuerdo con que “hacen falta más mecanismos de evaluación, porque se ven muchas malas prácticas y también muchas buenas que no se valoran”. Ahora mismo, lo que está generalizado en la escuela pública son unas autoevaluciones que, según Carabal, son una burocracia más que normalmente sirven para muy poco.
Pero, aún peor que los problemas prácticos, algunos investigadores que llevan más de 20 años estudiando estos asuntos sostienen directamente que las evaluaciones individuales con premios individuales no mejoran el sistema. Es la opinión del profesor de Universidad de Barcelona Joan Mateo: “En ninguna parte del mundo ha funcionado bien una evaluación del profesor basada en la meritocracia y orientada a algún tipo de subida salarial, porque esta, al cabo de un tiempo, se asimila como parte de su sueldo y no constituye ningún incentivo para mejorar”. Dejando atrás el viejo modelo del palo y la zanahoria, Mateo defiende una evaluación “del equipo docente orientada a que [las administraciones] se comprometan institucionalmente con el centro, por medio de ayudas económicas para hacer investigación, innovación, transformación…”.
De una forma mucho menos estudiada y mucho más intuitiva, Francisco López Mellado, un profesor de Matemáticas de 27 años de un instituto público de Roquetas de Mar (Almería), apunta a algo parecido. “Yo lo haría dando dinero al centro en el que estés trabajando para hacer proyectos, y sin señalar a nadie, porque, al final, yo creo que con esto lo que quieren es señalar al profesorado: tú lo haces mal, tú lo haces bien… Y eso no”, explica por teléfono.
El ejemplo de Asturias
El precedente más inmediato, el programa de evaluación de la función docente del Gobierno de Asturias, se parece más a un trámite burocrático que hay superar cada año para obtener un extra salarial que a un modelo que impulse el esfuerzo continuo de los docentes, según la federación de enseñanza de CC OO en la región. Consiste en que los directores de los centros públicos valoren cada curso, a través de un formulario, a los profesores que se presten voluntariamente a ello. La plantilla contempla 19 méritos, algunos objetivos (si el profesional acumula unas horas mínimas de formación y si su absentismo laboral está por debajo del 7%, por ejemplo) y otros que dejan gran margen de interpretación, como los siguientes: “Desarrolla y evalúa de forma medible el proceso de enseñanza cumpliendo con el principio de trabajo en equipo y coordinación docente”. “Realiza con diligencia y calidad la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado”.
A Liliana Díaz Gómez, profesora de un instituto de Pola de Siero, no le gusta demasiado la idea de que sea el director el que tenga en su mano dar a discreción, o no, cada año una evaluación positiva que supone un aumento de 147 euros al mes en primaria y 229 en secundaria. Este es el primer tramo de evaluación, al que este año se ha añadido un segundo tramo para aquellos que llevan años sometiéndose con éxito a estos exámenes y que suponen aumentos mensuales de 294 y 459 euros al mes, respectivamente. Aunque en la práctica, las quejas son mínimas, pues la inmensa totalidad de los que se presentan aprueban: el curso pasado fue el 99%. Y se presentaron 9.000 de los algo menos de 12.000 docentes de la región, teniendo en cuenta que solo pueden acceder a la evaluación los que lleven dando clase en la pública un mínimo de cinco años y además quedan fuera los que hayan sufrido bajas largas durante el curso.
“Me parece ineficaz, para empezar, porque no evalúa de ninguna manera la excelencia académica”, opina Díaz, que además protesta porque este sistema menoscaba la negociación colectiva como vía para acordar los sueldos. “Creo que sería mucho más eficaz una supervisión bien hecha para evitar las malas prácticas”, opina. En cuanto a la nueva propuesta del ministerio, tiene dudas, pero cree que, si se hace, debe basarse en muchas fuentes (la opinión de los alumnos, la observación dentro del aula…), y no solo en la opinión del director.
La propuesta inicial del ministerio sugiere, partiendo de la autoevaluación, una multiplicidad de fuentes para la valoración. De hecho, uno de los referentes más claros podrían ser los procesos piloto que Educación puso en marcha en 1996. Bajo el nombre de Valoración de la labor profesional de los docentes, se desarrolló un sistema por el cual los inspectores educativos recogían, por medio de cuestionarios, la opinión del propio profesor evaluado, del director de su centro, del jefe de estudios y del coordinador del departamento, y luego los entrevistaba a todos ellos.
Finalmente, después de observar el trabajo del docente dentro del aula, el inspector emitía su informe de evaluación. Pero esta iniciativa, como otras puestas en marcha en la primera mitad de los noventa en torno a las dos normas aprobadas entonces por ejecutivos socialistas (la Logse de 1990 y la Lopeg de 1995), cayeron en el olvido tras la llegada al Gobierno del PP. En todo caso, dada la escasa concreción de la propuesta del actual ministerio, está por ver si el nuevo intento de poner en marcha una evaluación del profesorado va por ese camino o por otro. Sea cual sea, visto lo visto, no parece que vaya a poder eludir la polémica.
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