La comunidad indígena autónoma wixárika-tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán se movilizó por segundo día consecutivo en el Juzgado de Control de Tequila, Jalisco, para exigir justicia por el asesinato de su representante agrario y defensor del territorio, Marcos Aguilar Rojas.
Los comuneros también exigieron garantías para el proceso penal por el intento de homicidio contra Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI).
La movilización ocurrió mientras se desarrollaba una audiencia relacionada con el proceso contra Manuel “N”, imputado por estos hechos.
La defensa del acusado promovió un incidente para modificar la competencia del caso y solicitó revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que enfrenta.
La comunidad wixárika advirtió que cualquier cambio en las condiciones del proceso podría afectar la seguridad de las víctimas, testigos e integrantes de San Lorenzo de Azqueltán.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) emitió una Acción Urgente en la que alertó sobre un “alto riesgo de impunidad y violaciones procesales”.
La organización señaló que el caso deriva del asesinato de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario comunitario y defensor del territorio, así como del ataque contra Gabriel Aguilar Rojas.
La Red TDT denunció que durante la audiencia programada el pasado 6 de julio los abogados particulares del imputado no acudieron al juzgado.
De acuerdo con el organismo, la ausencia de la defensa provocó que la diligencia fuera aplazada y que el juez no aplicó sanciones a los abogados particulares por la inasistencia.
También señaló que no se designó un defensor público para continuar con el acto judicial y evitar nuevas dilaciones.
Estas acciones violentan de forma directa los derechos de participación, información y acceso efectivo a la justicia de las víctimas directas e indirectas de San Lorenzo de Azqueltán.
Las organizaciones civiles consideraron que estas decisiones pueden afectar el derecho de la comunidad a un proceso judicial pronto y efectivo.
Otro de los puntos de preocupación es la solicitud de la defensa para cambiar la competencia del caso, luego de que la comunidad y sus acompañantes legales advirtieron que trasladar el proceso a otra jurisdicción podría generar condiciones adversas para las víctimas.
Según la Misión Civil de Observación a San Lorenzo de Azqueltán, existe preocupación de que el caso sea enviado a una sede judicial distinta a Guadalajara, ya que una modificación de la competencia podría exponer el procedimiento a presiones locales y afectar la imparcialidad del juicio.
También alertaron sobre la petición para modificar la prisión preventiva del imputado bajo el argumento de presuntos problemas graves de salud.
La Red TDT sostuvo que una eventual liberación o cambio de medida cautelar representaría un riesgo para quienes han participado en la denuncia y seguimiento del caso.
San Lorenzo de Azqueltán es una comunidad indígena wixárika y tepehuana ubicada en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, que desde hace años mantiene procesos de defensa relacionados con su territorio y sus derechos colectivos.
En ese sentido, Marcos Aguilar Rojas era reconocido por su participación como representante agrario de la comunidad y por su defensa del territorio comunitario; por ello, dijeron, el asesinato de Aguilar Rojas no puede analizarse de manera aislada, debido a la situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes defienden sus derechos territoriales.
Asimismo, la Misión Civil de Observación a San Lorenzo de Azqueltán exigió a las autoridades de Jalisco garantizar un proceso con apego a derecho y bajo estándares de protección para pueblos indígenas.
La Red TDT pidió al Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura de Jalisco vigilar el desarrollo del procedimiento penal; también solicitó que se garantice que el caso permanezca bajo condiciones que permitan una actuación judicial independiente.
Mientras tanto, a la Fiscalía General del Estado de Jalisco le exigieron combatir cualquier acción que retrase el proceso y objetar modificaciones que puedan afectar la seguridad de las víctimas.
Además, solicitaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas implementar medidas de protección y acompañamiento para la comunidad.
La Acción Urgente fue firmada por organizaciones como la Red TDT, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, entre otras organizaciones defensoras de derechos humanos.
La comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán afirmó que continuará vigilando el desarrollo del proceso judicial y exigió que el asesinato de Marcos Aguilar Rojas no quede impune.