CorrupciónMéxico

Conceden prisión domiciliaria Mauricio Góngora, extesorero de Borge

Góngora Escalante acusado de peculado y desempeño irregular de la función pública; estará bajo supervisión por medio de un brazalete electrónico.

Por Alejandro Castro

Este viernes por la tarde el excandidato priísta a la gubernatura de Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, abandonó el Centro de Reinserción Social de Playa del Carmen, luego de que un juez de control le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria.

La salida del también extesorero de Quintana Roo durante la gestión del exgobernador Roberto Borge Angulo fue confirmada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo.

En un comunicado, la dependencia informó que el juez ordenó el cambio de medidas cautelares con base en un análisis de riesgo que se consideró medio.

Según la Fiscalía, Góngora Escalante acusado de peculado y desempeño irregular de la función pública estará bajo una rigurosa supervisión, por medio de un brazalete electrónico y estará bajo resguardo domiciliario, con base al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

“En caso de violar cualquiera de las disposiciones, el ex funcionario municipal será llevado a prisión preventiva nuevamente”, indica.

Conceden prisión domiciliaria Mauricio Góngora, extesorero de Borge 2

En el comunicado la Fiscalía también externó su desacuerdo con las medidas del juez y alegó que dio un “intenso debate” durante la audiencia virtual, en el cual los fiscales anticorrupción se opusieron a la solicitud de la defensa, debido a que no habían variado las condiciones objetivas que dieron imposición a la medida de origen de prisión preventiva.

“El análisis y la determinaron fueron flexibles, debido a que existen tres carpetas administrativas, por los delitos de peculado y desempeño irregular de la función pública”, agrega.

Mauricio Góngora fue detenido en la Ciudad de México el 25 de enero de 2018 y enfrenta causas penales por quebrantos al Erario que suman más de 700 millones de pesos.

En el caso de la imputación por desempeño irregular de la función pública el quebranto al Estado fue por 594 millones de pesos, por el caso VIP Saesa.

Una segunda acusación por peculado se debe al presunto desvío de 5 millones de pesos y una tercera causa penal es por otro cargo de peculado por alrededor de 155 millones de pesos, al Ayuntamiento de Solidaridad.




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Neto

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