Concepción Espejel (Madrid, 1959) aterrizará en el Tribunal Constitucional, a propuesta del PP, tras una dilata experiencia jurídica. Su última etapa de una década en la Audiencia Nacional, donde preside la Sala de lo Penal, deja atrás un amplio reguero de resoluciones y actuaciones marcado especialmente por su recusación en el caso Gürtel. Sus compañeros la apartaron para evitar que quedara en entredicho la apariencia de imparcialidad del tribunal que debía juzgar a la red de corrupción de Francisco Correa que anidó en el seno del partido conservador, que precisamente la había aupado a ella en 2008 al puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Fue en el ejercicio de ese cargo cuando Espejel —a quien la ex número dos del PP, María Dolores de Cospedal, también mostró su gran afecto en un acto público en 2014— firmó una de las opiniones que más condicionan ahora su futuro. En 2009 emitió un voto particular contra la ley del aborto del entonces Gobierno socialista, donde concluyó que era inconstitucional. “De la actuación del Estado cabe esperar, en esta materia, no una actuación neutral, sino guiada activamente por una finalidad protectora de la vida del concebido, que exige de los poderes públicos una actitud decididamente disuasoria de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo”, escribió la jueza, que llega a un Constitucional que tiene pendiente todavía resolver el recurso del PP contra esa misma ley.
Afiliada a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la trayectoria de Espejel empieza en 1983 en juzgados y Audiencias del Levante, hasta que en 1995 logra el traslado a un destino que resultará clave: la Audiencia Provincial de Guadalajara. En 1999 asume la presidencia de ese órgano y, pocos años después, desempeñaría un papel relevante en un caso de trascendencia política: las pesquisas sobre el incendio forestal de 2005 que acabó con la vida de 11 miembros de un retén que combatía las llamas. Espejel ordenó (junto a otros dos magistrados) a la jueza de instrucción seguir investigando a los cargos públicos de la Junta de Castilla-La Mancha (entonces en manos del PSOE y que después gobernaría Cospedal), cuya responsabilidad había descartado la instructora —de hecho, acabaron exculpados—.
Desde allí y de la mano del PP, dio el salto al CGPJ, que dejaría en 2013 para recalar directamente en la Audiencia Nacional. En esta última etapa se ha opuesto a absolver al major Josep Lluís Trapero en la causa por su supuesta connivencia con los líderes políticos del procés. Con un voto particular de 461 páginas, casi cinco veces más largo que la sentencia exculpatoria: “Sumó sus esfuerzos a ese propósito común [del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017] y puso medios eficaces para contribuir a tal resultado”, cargó contra el jefe de los Mossos.
La magistrada tiene en su aval que descartó el delito de terrorismo en el caso Alsasua —la paliza a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad navarra—, del que la trataron de recusar sin éxito por estar casada con un guardia civil y haber sido condecorada por el Ministerio del Interior con la Orden del Mérito del instituto armado. Y firmó como ponente la primera condena en España contra Soledad Iparraguirre, exdirigente de ETA, donde se probó por primera vez que se escondía tras el alias de Anboto. Su dictamen fue confirmado después por el Tribunal Supremo.
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