El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) emitió un posicionamiento dirigido al Senado de la República sobre el dictamen que podría implicar su desaparición y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el comunicado, el organismo destacó las posibles consecuencias de esta medida y pidió priorizar la preservación de la credibilidad y calidad de las mediciones de pobreza y evaluaciones de políticas sociales.
El Coneval aseguró que “no existen funciones duplicadas con el INEGI” y que el traslado de sus atribuciones fuera de la administración pública federal pondría en riesgo la confianza en cifras fundamentales para la política de desarrollo social y la delimitación de zonas de atención prioritaria para programas sociales. Además, advirtió que podría afectar la generación de evidencia necesaria para diseñar los planes de la nueva administración.
El organismo recordó a los legisladores que “existe la posibilidad de que se cumpla el propósito de eliminar el órgano constitucional autónomo considerado en el artículo 26 constitucional […] sin que el Ejecutivo federal pierda funciones directamente vinculadas con la política nacional de desarrollo social”.
El Coneval exhortó a que, de aprobarse el dictamen, en la legislación secundaria y los artículos transitorios se priorice un modelo de gobernanza técnica e independiente. Según el Consejo, este modelo ha sido esencial para consolidar la calidad y objetividad en la evaluación y monitoreo de políticas públicas durante sus 19 años de existencia.
“Lo anterior es indispensable para conservar la capacidad del Estado mexicano para apuntalar en forma efectiva las acciones dirigidas a eliminar la pobreza”.
El Coneval exhortó a que, también llamó a garantizar los derechos laborales de las cerca de 200 personas que integran su equipo de trabajo, así como a considerar los recursos y plazos necesarios para cumplir con actividades programadas para 2025. Estas incluyen la presentación de las estimaciones de la medición multidimensional de pobreza 2024, la medición de la pobreza municipal 2025 y la información clave para la asignación de fondos del Ramo 33.
En este sentido, enfatizó la necesidad de preservar los sistemas, metodologías e información acumulada en casi dos décadas de operación.
El Consejo reiteró su disposición para dialogar con el Poder Legislativo y aseguró que “el país requiere una medición de la pobreza confiable y técnicamente sólida y una evaluación rigurosa de los programas y acciones de desarrollo social”.
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