Escaparate habitual de las reivindicaciones del ombudsman en México, el acto de entrega del informe sobre la situación de los derechos humanos se ha cancelado este año. “Es desalentador. Es la primera vez que ocurre en 29 años”, ha declarado su titular, Luis Raúl González Pérez. “Siempre se había informado públicamente, porque es la oportunidad que tenemos de decirle a la máxima magistratura ejecutiva, el estado en que se encuentran los derechos humanos”, ha añadido. En su rueda de prensa matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ha querido polemizar con el ombudsman y ha dicho que la recepción del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es tarea de la secretaría de Gobernación (Segob).
Visiblemente molesto, González Pérez ha insistido: “Más allá de un acto meramente formal, el encuentro abría un espacio directo para reflexionar sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso”. El presidente de la CNDH ha aprovechado para recordar que con el nuevo Gobierno, las cosas no marchan de la mejor manera: “En estos primeros meses de gestión, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años, nuestro país ha enfrentado en diversos rubros”.
González Pérez no ha dado ejemplos, pero en las últimas semanas ha alzado la voz contra varias decisiones del Gobierno federal. A finales de mayo criticó los recortes en materia de salud del Ejecutivo, que han generado una enorme polémica con profesionales del sector sanitario, sobre todo con los directores de los institutos de salud públicos, como cancerología, enfermedades respiratorias o neurología. Según sus cálculos, el presupuesto habría disminuido en 2.400 millones de pesos, unos 120 millones de dólares.
También señaló las fallas en el trato a la población migrante, a la vista de que, en pocos meses, la política de brazos abiertos del Gobierno dio paso a una más restrictiva. “Los Estados nacionales tienen derecho a regular la migración pero tiene que ser con perspectiva de derechos humanos”, dijo. La misma política de brazos abiertos le valió un regaño al Gobierno por parte del ombudsman: “Las condiciones de infraestructura y de recursos humanos están rebasando a las autoridades y tenemos sobrepoblación en las estaciones migratorias. Ya tuvimos lamentablemente el deceso de una niña en la estación de Iztapalapa en donde había sobresaturación, estamos revisando la atención médica que recibió si fue oportuna”.
Antes el choque fue por la Guardia Nacional. El nuevo cuerpo de seguridad que ha lanzado López Obrador, la tercera vía securitaria propuesta por el Gobierno, ha merecido la sospecha de la CNDH desde el principio. La Guardia Nacional viene a sustituir al Ejército en labores de seguridad pública. El problema es la esencia de la nueva corporación. ¿Será civil o militar? Aprobada la reforma constitucional necesaria para el advenimiento de la Guardia Nacional, parece que se ha impuesto la vía civil. A la espera de las leyes que regularían su actuación y funcionamiento, la CNDH insistió en que estas debían recoger y apuntalar su carácter civil. Esto a pesar de la insistencia de López Obrador desde que tomó posesión de la presidencia en diciembre de la necesaria cercanía del Ejército con la Guardia. La CNDH y su presidente siempre se han opuesto.
González Pérez es un abogado de larga trayectoria en la administración. Durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, a finales de la década de 1990, encabezó la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ha sido uno de los fundadores de la CNDH y ha trabajado en la extinta Procuraduría General de la República y la Segob. El ombudsman llegó al cargo hace cinco años, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Bajo su dirección, la CNDH investigó uno de los casos más complejos de los últimos tiempos en el país, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de 2014.
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