Un grupo de 15 legisladores estadounidenses emitió una carta dirigida a Antony Blinken, Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y a Samantha Power, Administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, “…para expresar nuestra profunda preocupación por el aumento de asesinatos de periodistas en México que sucede actualmente y el entorno cada vez más hostil que enfrenta la prensa libre en el país. A medida que se acerca el décimo aniversario del Mecanismo Federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno mexicano en julio. Instamos al Departamento de Estado a dar prioridad a la protección de los medios y condenar la violencia contra los periodistas en las interacciones diplomáticas que sostengamos con la administración López Obrador.
Los congresistas alentaron, también, al Departamento de Estado y a USAID “…a dar prioridad a la protección de los medios libres y la investigación de homicidios contra periodistas en nuestra asistencia para el desarrollo al gobierno mexicano y solicitaron que tomen medidas para evaluar las deficiencias asociadas con el Mecanismo de Protección, alienten a los legisladores y funcionarios de la Administración que están revisando el mecanismo a incorporar lecciones de iniciativas pasadas y profundicen la cooperación interinstitucional e interestatal sobre este tema crítico.
“Instamos al Departamento de Estado a dar prioridad a la protección de los medios y condenar la violencia contra los periodistas en nuestras interacciones diplomáticas con la administración López Obrador,” se lee también, en la misiva.
“A pesar de la implementación del Mecanismo de Protección y otras iniciativas destinadas a proteger a los periodistas en México, 145 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000, incluyendo 11 tan solo en el año 2022”, enfatizó la misiva.
Los congresistas también destacaron que durante este mismo periodo, México se ha clasificado constantemente entre los países con la mayor cantidad de asesinatos de periodistas sin resolver per cápita.
“Los periodistas que investigan la corrupción y el crimen organizado, en particular los casos que involucran a funcionarios públicos, corren un riesgo aún mayor”.
Destacaron que numerosas organizaciones no gubernamentales “han hecho sonar la alarma sobre este tema”, señalando de manera particular el entorno cada vez más peligroso para los periodistas, los recursos inadecuados para investigar los crímenes contra periodistas y los ataques personales del presidente López Obrador a la libertad de prensa”.
“Aunque los funcionarios públicos son a menudo cómplices de estos asesinatos, rara vez son investigados por las autoridades estatales y federales. Este ambiente y la impunidad prevaleciente permite que continúen los crímenes contra miembros de los medios de comunicación”, expusieron.
Entre las fallas al Mecanismo de Protección a Periodistas que mantiene la Secretaría de Gobernación, los congresistas destacaron la falta de fondos suficientes, así como la eliminación del financiamiento independiente que apoyaba al programa en su inicio.
Señalaron que los asesinatos de este año y el creciente nivel de violencia sugieren que medidas como la protección a través de guardaespaldas y la entrega de botones de pánico, “no han sido efectivas para cumplir con los objetivos previstos”.
La carta detalla que en febrero de este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de deficiencias en la contratación de escoltas, en la realización de investigaciones y procesamientos exhaustivos, y en la capacitación y habilidades del personal que brinda servicios contratados por el Mecanismo de Protección.
La ASF también encontró que el Mecanismo “no cuenta actualmente con los recursos adecuados, humanos o técnicos, para brindar un servicio efectivo a quienes debe proteger”.
“Creemos que el nuevo enfoque en la cooperación en seguridad dentro del Marco del Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras, y el décimo aniversario del Mecanismo de Protección brindan al Departamento de Estado y a la USAID la oportunidad de evaluar nuestra cooperación y encontrar formas efectivas de responsabilizar al gobierno mexicano por su ineficacia para abordar la violencia contra los periodistas”.
Los legisladores demócratas solicitaron al Departamento de Estado y a USAID los siguientes siete puntos para avanzar en la materia:
Proporcionen un plan detallado para trabajar con el gobierno y los gobiernos subnacionales de México para realizar investigaciones transparentes sobre los asesinatos de periodistas;
Proporcionen un análisis del éxito y los desafíos de los programas estatales actualmente financiados por USAID y el Departamento de Estado destinados a proteger a los periodistas y promover la libertad de expresión y la libertad de prensa;
Insten al Gobierno de México a tomar medidas concretas, rápidas y efectivas para fortalecer los esfuerzos institucionales nacionales, estatales y locales para proteger a los periodistas y la libertad de prensa;
Colaboren con el Gobierno de México para implementar un conjunto de estrategias integrales de prevención, protección, reparación y rendición de cuentas para garantizar que los periodistas puedan continuar con sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones;
Insten a las autoridades mexicanas a que brinden financiamiento suficiente e inmediato al Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la supervisión y cooperación intergubernamental para que cumpla efectivamente su misión.
Insten al Gobierno de México a implementar las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La carta fue firmada por los siguientes congresistas: Joaquín Castro, Raúl M. Grijalva y Jesús “Chuy” García, con el respaldo de Verónica Escobar, Ilhan Omar, Eleanor Holmes Norton, Jan Schakowsky, Jaimie Raskin, Sara Jacobs, Mark Pocan, Jimmy Gomez, Juan Vargas, Andy Levin, Alan Lowenthal y James P. McGovern.
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