La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte un recurso de reclamación contra la medida cautelar otorgada por el ministro Javier Laynez para frenar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal.
Asimismo, llamó a la SCJN a honrar la palabra dada por su ministra presidenta, Norma Piña, de dirigir los 15 mil millones de pesos acumulados en dichos fideicomisos para los afectados de Guerrero por el paso del huracán categoría 5 Otis.
“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó ante la SCJN un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada ilegalmente, ya que el propio ministro Javier Laynez reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales.
“Se hace un nuevo llamado al máximo tribunal para que honre la palabra de su presidenta, Norma Piña, y permita que dichos recursos públicos, propiedad del pueblo, se utilicen para la reconstrucción de Acapulco”.
Para ministro Laynez, destinar fideicomisos a damnificados de Acapulco afecta a la ciudadanía
En un comunicado, la Consejería Jurídica consideró que con su decisión, el ministro Laynez Potisek interpreta que destinar esos recursos a la reconstrucción de la zona devastada afecta a la ciudadanía.
Consideró que “resulta lamentable” que aún cuando el ministro se pronunció públicamente contra las modificaciones a la ley del PJF, no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad, “lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador”.
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Apuntó que no es extraño que “de manera arbitraria” el ministro haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado, sin importar que la normativa disponga que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidos disposiciones transitorias.
“Para justificar el otorgamiento de la suspensión, el ministro instructor señala que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados”.
Añadió que en su determinación, Laynez afirma indebidamente que los fondos de dichos fideicomisos públicos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional.
“Olvida que dicha actividad del Estado se garantiza con los recursos presupuestales asignados de forma anual al PJF”.
“Laynez consideró que el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer inmune”
“Asimismo, el ministro Laynez consideró que el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer “inmune” frente a la posibilidad de destinar dichos recursos públicos a la ejecución de programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual representa un acto de soberbia y falta de solidaridad institucional, pues debe recordarse que fue la propia ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien públicamente solicitó analizar la posibilidad de destinar los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial y de la SCJN para la atención a población damnificada en Acapulco, Guerrero”.
La Consejería Jurídica de la Presidencia señaló que Laynez también omitió considerar que desde 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostuvo que los fideicomisos del PJF no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad, dada la nula utilización de sus fondos, “por lo que detectó una acumulación injustificada de recursos públicos, ya que las prestaciones laborales están garantizadas con recursos presupuestales y no dependen de los fideicomisos, como indebidamente lo señala el ministro instructor”.
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