Consuelo Ciscar, directora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) entre 2004 y 2014, ha defendido este martes la compra y donación de 98 obras de Gerardo Rueda por 2,9 millones de euros como una operación “increíble” y “muy ventajosa” para el museo, en la primera sesión del juicio sobre la presunta adquisición fraudulenta de las piezas durante su mandato. Buena parte de las obras fueron ejecutadas y reproducidas años después de la muerte del artista tras otro desembolso del museo de 512.524 euros.
La principal acusada ha insistido en que todas las decisiones que tomó estuvieron respaldas por los profesionales del IVAM que formaron parte de la comisión de compras y de los departamentos afectados y que nunca dijeron nada en contra. Ha incidido en que todos eran conocedores de las condiciones de las compras y donaciones de 2004 y 2006 y que, en ningún caso, conculcaban la legalidad. Ciscar ha empezado su declaración en la Audiencia Provincial de Valencia señalando que su mayor “orgullo” en su etapa en el IVAM es no haber rescindido el contrato de 40 trabajadores del museo durante la gran crisis de 2008, como le pidieron, según ha sugerido.
La exdirectora, de 76 años, se ha acogido a su derecho de responder solo a su abogado y no a las acusaciones representadas por la Fiscalía, la Abogacía de la Generalitat valenciana y Acción Cívica contra la Corrupción, que piden entre seis y 12 años de cárcel para ella como autora de los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos, además de una multa de 144.000 euros. Por tanto, no se le ha podido interpelar sobre los testimonios de los trabajadores recogidos durante la fase de instrucción del caso. Está prevista, no obstante, la participación de los profesionales en la causa como testigos o peritos.
Junto a Ciscar, se sientan en el banquillo José Luis Rueda, hijo adoptivo del artista (fallecido en 1996), que vendió las obras póstumas como si fueran originales, según la Fiscalía, y Juan Carlos Lledó, jefe administrativo del museo con Ciscar, que declararán a partir de este miércoles. La menor petición de prisión para ambos, como colaboradores necesarios de los presuntos delitos, se eleva a cinco años.
Ciscar ha afirmado que el IVAM no se diferencia “de los demás museos del mundo” y tiene obra póstuma de los artistas que es “igual de auténtica, legal y válida”. “El IVAM tiene muchísima obra póstuma de Julio González [1876-1942], jamás nadie ha dicho que no eran originales o no válidas. Siento mucho el deterioro de este gran artista [en alusión a Gerardo Rueda]. José Luis Rueda fue un ejemplo cuando hizo la donación y no la condicionó. Solo pidió unas cuantas contraprestaciones e itinerancias”.
La ex secretaria autonómica de Cultura con el Gobierno del PP de la Generalitat ha defendido que “no era preceptivo” que en el contrato de compraventa y donación de las referidas obras se hiciese constar que eran póstumas ni las condiciones de reproducción, porque “no lo dice ninguna ley” y ha sostenido que la legalidad permitía que se firmase un contrato privado entre el hijo y heredero del artista y la dirección del IVAM.
Condenada el pasado verano a año y medio de cárcel por usar el museo para beneficiar la carrera de su hijo artista, Rablaci, la exdirectora del IVAM ha citado en varias ocasiones, para reforzar su defensa, a los expertos y colaboradores del museo en diversas etapas Francisco Calvo Serraller, que fuera crítico de arte de este periódico, y Tomàs Llorens, exdirector artístico del Museo Thyssen y primer director del IVAM, ambos fallecidos. Sin embargo, el abogado de Ciscar solo ha pedido al tribunal que se tenga presente el testimonio que Llorens realizó durante la instrucción del caso, entre otras testificales.
También en el apartado de cuestiones previas que ha abierto la causa, el abogado de Ciscar ha reclamado la nulidad de la causa por no haberse respetado la legalidad en el volcado de datos informáticos del museo y ha denunciado que su cliente fue objeto de una investigación “prospectiva e inquisitorial” por parte de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional y de la instructora.
Admisión de pruebas
La defensa de Lledó ha pedido el archivo por entender que estos hechos ya fueron juzgados en la primera pieza de esta misma causa. Ambas peticiones serán resueltas por el tribunal en la sentencia.
Por su parte, el letrado del hijastro de Gerardo Rueda ha presentado, para su admisión como prueba en el juicio, la factura de una venta de una escultura “post mortem” por 800.000 dólares con la que pretende argumentar que “ese es el precio de mercado” para este tipo de obras.
El tribunal ha aceptado varias pruebas, entre ellas una maquetas que ha llevado consigo el hijo adoptivo de Rueda, si bien los magistrados le han pedido que se hiciera cargo de ellas.
Las defensas también han insistido en que no declaren, por no tener una relación directa con los hechos, dos testigos solicitados por la acusación popular, el actual director de la Agencia Valenciana Antifraude y exadministrador del IVAM, Joan Llinares, y el exdirector artístico del IVAM y exdirector de la Tate Modern de Londres, Vicent Todolí. Las acusaciones se han negado a la petición y han subrayado la idoneidad y oportunidad de ambos.
La Fiscalía ha alertado de la necesidad de disponer del informe que se está elaborando en el Museo Nacional Reina Sofía sobre el valor real de las piezas compradas por el IVAM, porque se necesita para calcular la cuantía de la responsabilidad civil. Ha dicho que sería motivo para pedir la suspensión del juicio pero que confía en que el informe llegue cuanto antes.
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