España se ha adelantado a los países más laxos en la estrategia de dejar atrás la pandemia y adentrarse en una nueva normalidad poscovid. El levantamiento de todas las restricciones, excepto el uso de mascarilla en los interiores, supone entrar en una nueva fase. Desde ayer ya no se contabilizan ni notifican todos los casos y únicamente se realizarán pruebas a las personas vulnerables, los mayores de 60 años y a los empleados de entornos sociosanitarios. El momento parece favorable: la transmisión sigue siendo alta pero la inmensa mayoría de las infecciones cursan de forma leve o asintomática, los índices de hospitalización han descendido y la inmunización colectiva es muy elevada, tanto por la extensa cobertura vacunal como por la gran cantidad de personas que se han infectado y generado anticuerpos que neutralizan la enfermedad.
La combinación de estos dos factores permite tratar por fin la covid-19 como una gripe que hay que vigilar de cerca, pero evitando los enormes costes que hasta ahora exigía su control y el primero de todos, su carga asistencial. El nuevo procedimiento para vigilar y seguir los casos liberará a la asistencia primaria de una tarea absorbente que exigía una enorme cantidad de recursos y condujo a los profesionales a niveles de agotamiento alarmantes. Los centros de salud podrán dedicar por fin mayores esfuerzos a tratar el resto de patologías y atender a los enfermos crónicos, cuyo seguimiento había sido postergado. La sobrecarga que generó el control de la covid ha provocado listas de espera inaceptables, que se agravan por la gran cantidad de profesionales que se jubilan, hasta el punto de que la asistencia primaria entra en esta nueva etapa con un 2,14% de médicos menos que en 2018.
La decisión más arriesgada es sin duda permitir que las personas con síntomas leves puedan hacer vida normal, algo que solo el Reino Unido acepta también. Dinamarca, que siempre ha sido partidaria de relajar las restricciones en cuanto había oportunidad, mantiene cuatro días de aislamiento en caso de dar positivo a la infección. El que no sea ya obligatorio mantener una cuarentena si no hay síntomas, con la correspondiente baja laboral, permitirá reducir la gran carga económica que ha supuesto la pandemia, tanto para las empresas como para la Seguridad Social. Pero el paso dado es delicado y podría tener un efecto bumerán si provocara un repunte importante de contagios. Evitar la propagación del virus pasa a ser ahora una responsabilidad individual y exigirá que las personas infectadas adopten medidas para evitar el contagio de los demás. Mantener el virus a raya dependerá de la conciencia, predisposición y altruismo de la ciudadanía y de que la nueva red de vigilancia centinela, que aún no está suficientemente dotada, funcione correctamente de manera que, si cambia la evolución de la pandemia, podamos reaccionar a tiempo.
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