Un ejemplo de la corrupción que frena la ministración de recursos fue la suspensión abrupta que ordenó la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para el Ministerio de Justicia de Guatemala en julio de 2021, tras el despido de un fiscal especial que se ocupaba de atacar la corrupción.
USAID también redirigió el financiamiento de proyectos vinculados al Ministerio de Justicia en El Salvador semanas después de que el Congreso, dominado por legisladores afines al presidente Nayib Bukele, votara para destituir a los principales jueces y al fiscal general, en mayo de 2021.
Bukele tuiteó en ese momento que los despidos estaban justificados y que estaban “limpiando la casa”.
USAID se negó a dar detalles de los proyectos o decir cuántos fondos se suspendieron en ambos casos, pero probablemente ascendieron a millones de dólares que serían utilizados para fortalecer los sistemas legales, dijeron expertos a Reuters.
A medida de que los esfuerzos fracasaron el año pasado, un número récord de migrantes intentó cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, alimentando críticas de los republicanos que buscan obtener el control del Congreso en las elecciones intermedias del 8 de noviembre.
Migrantes del “triángulo norte de Centroamérica” -que incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras- fueron detenidos cruzando la frontera más de 300 mil veces desde octubre de 2021 hasta abril de este año, según datos del gobierno estadounidense, lo que representó una cuarta parte de todas las detenciones en la fronteras sur de Estados Unidos.
Biden, un demócrata que asumió el cargo en enero de 2021, prometió revertir el enfoque de su predecesor, el expresidente Donald Trump, quien suspendió la ayuda a la región en un esfuerzo por obligar a los países a tomar medidas enérgicas contra los migrantes que se dirigían al norte de forma irregular.
Destacando la importancia de la estrategia, puso a cargo a su vicepresidenta Kamala Harris, quien reunió a destacadas empresas estadounidenses para invertir en la región y viajó a Guatemala en junio de 2021 para anunciar el comienzo de una “nueva era”.
Pero las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron un mes después cuando la procuradora general del país centroamericano, María Consuelo Porras, despidió al principal fiscal anticorrupción del país.
Las relaciones se volvieron más tensas el mes pasado, cuando el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, volvió a nombrar a Porras en su cargo, lo que llevó a Estados Unidos a sancionarla por corrupción.
Desincentivo para la inversión
Las tensiones podrían extenderse en la cumbre, que se realiza cada tres o cuatro años, donde funcionarios de Biden esperan reafirmar la influencia de Estados Unidos en la región. Hasta ahora no está claro si Giammattei acudirá.
Philip Gordon, asesor de Seguridad Nacional de Harris, dijo en una entrevista que la administración ha sido “honesta desde el principio” sobre los desafíos de la corrupción y que “es necesario abordarlos”.
Cuando se le preguntó acerca de las críticas de Estados Unidos sobre corrupción en el sistema de justicia, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, dijo que el gobierno estaba dando seguimiento a los planeamientos pero afirmó que no permitiría que la interferencia afectara la soberanía del país.
Los problemas de gobernabilidad también han disminuido el potencial de la iniciativa del sector privado liderada por Kamala Harris para invertir en los tres países.
La Alianza por Centroamérica (PCA, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro lanzada el año pasado para coordinar el esfuerzo, se retiró en marzo de copatrocinar un evento con el gobierno guatemalteco sobre el enfoque del país hacia la corrupción, dijo Jonathan Fantini-Porter, director ejecutivo del grupo.
El organismo también ha limitado su participación en El Salvador.
“La corrupción es algo importante”, aseguró Fantini-Porter. “Es un desincentivo para la inversión”.
Con opciones limitadas de socios en la región, Harris voló a Honduras en enero para asistir a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro.
En abril, Juan Orlando Hernández, antecesor de Castro, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.
El año pasado, la administración de Biden solicitó 861 millones de dólares para atajar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, un incremento de más del 50% con respecto al año anterior y está pidiendo aún más este año.
Pero incluso algunos aliados demócratas se muestran escépticos ante la presión por obtener más fondos.
“Les damos crédito por reconocer que apoyar a los criminales es una mala idea”, dijo Tim Rieser, asesor de política exterior del senador Patrick Leahy, presidente demócrata del Comité de Asignaciones del Senado. “Por otro lado, aún no está claro cuál es el plan”.
Con información de Reuters
Source link