SAN DIEGO — En un nuevo giro para una de las políticas migratorias más emblemáticas del gobierno del presidente Donald Trump, una corte federal de apelaciones señaló el miércoles que a partir de la próxima semana evitará que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta su fecha de audiencia en un tribunal de Estados Unidos, a menos que la Corte Suprema intervenga antes.
La Corte de Apelaciones del noveno Circuito en San Francisco indicó que sólo bloquearía la medida, conocida como “Esperar en México”, en Arizona y California, los dos estados fronterizos en los que tiene jurisdicción a partir del 12 de marzo.
El gobierno federal dice que solicitará la intervención de la Corte Suprema y ha pedido que la medida se mantenga vigente hasta la próxima semana para que el máximo tribunal pueda emitir un veredicto. La Corte Suprema ha fallado consistentemente a favor del gobierno en materia migratoria y de seguridad fronteriza.
La corte del noveno Circuito había prohibido la medida en toda la frontera sur el viernes, pero suspendió su propia orden después de que el gobierno advirtió que habría graves consecuencias. “Esperar en México” es parte fundamental de la respuesta del gobierno de Trump al gran número de personas que se presentan en la frontera para pedir asilo.
Nogales es el séptimo cruce fronterizo por donde son devueltos a México los solicitantes de asilo.
El juez Ferdinand Fernandez, nombrado por el presidente George H.W. Bush, no estuvo de acuerdo con ninguna parte del bloqueo de la medida.
Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), organismo que demandó para poner fin a la práctica, hizo énfasis en la opinión mayoritaria de la ilegalidad de la medida.
“Si el gobierno tiene el más mínimo respeto por la ley o algún sentido de decencia, pondría fin a este programa de inmediato”, declaró. “Seguiremos trabajando para poner fin permanente a esta política ilegal e inhumana”.
El Departamento de Justicia se negó a comentar. En un documento presentado el martes ante la corte, la dependencia advirtió de una “enorme perturbación a las operaciones migratorias del gobierno y una confusión repentina para los miles de migrantes sobre su capacidad para ingresar a Estados Unidos”.
Manejar en estado de ebriedad puede poner en peligro la obtención del beneficio migratorio.
Unos 60,000 solicitantes de asilo han sido enviados a México a esperar a que sus casos avancen por las congestionadas cortes migratorias de Estados Unidos desde que se implementó el programa en enero de 2019 en San Diego y posteriormente se expandió a otros puntos de la frontera.
Human Rights First, un grupo activista que se opone a la medida, dijo que encontró más de 1.000 reportes públicos de secuestros, torturas, violaciones y agresiones a los solicitantes de asilo devueltos a México.
Las bajas temperaturas atacan los campamentos improvisados de inmigrantes que esperan una cita para solicitar asilo.