WASHINGTON – El Tribunal Supremo de Estados Unidos analizó este lunes, después de más de una década, un nuevo caso sobre la Segunda Enmienda de la Constitución, adoptada en 1791 y que garantiza el derecho a poseer y portar armas.
Rodeados por partidarios y críticos que se apostaron a las puertas de la corte, los nueve magistrados escucharon a las partes en el caso de la Asociación de Pistolas y Rifles del Estado de Nueva York contra Nueva York, por una ley emitida por esa ciudad y derogada posteriormente, que limitaba el porte de armas.
“Las leyes de armas salvan vidas”, “La Segunda Enmienda hace que más (personas) sean iguales que todo el movimiento feminista”, se leía en los carteles de los que apoyan las armas, mientras, a escasos metros, sus oponentes les respondían con pedidos de “Acabar con la violencia armada contra nuestros niños” o con carteles en los que las siglas de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), aparecían tachadas.
El caso llegó al alto tribunal después de que tres residentes de Nueva York y la Asociación de Pistolas y Rifles perdieran una demanda en contra de la ordenanza neoyorquina en un tribunal del distrito de Manhattan y luego en el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito.
Según la ordenanza, quienes contaran con una licencia local para portar armas podían llevarlas a uno de los siete campos de tiro de la ciudad, pero no a cualquier otro lugar, pese a que las transportaran descargadas y guardadas en un contenedor.
La sesión, que se desarrolló durante una hora, supuso la primera vez desde que el Supremo dictaminó en 2010 a propósito del caso conocido como “McDonald versus Chicago” que la Segunda Enmienda protegía el derecho de los individuos a portar armas.
Ya en junio de 2008, el alto tribunal decidió que los ciudadanos en Estados Unidos tienen derecho a tener armas, al declarar “inconstitucional” una ley del Distrito de Columbia, donde se encuentra la ciudad de Washington, que prohibía desde 1976 la posesión de armas de bajo calibre pero permitía otras siempre y cuando estuvieran descargadas, sin ensamblar, registradas o tuvieran un seguro en el gatillo.
En ese entonces, y con una decisión dividida de 5-4, el juez Antonin Scalia argumentó, a nombre de la mayoría, que la “narrativa histórica” del país apoya el derecho de los individuos a poseer y portar armas, incluso antes de que se adoptara dicha enmienda.
En otro pronunciamiento, en 2015, el Supremo rechazó flexibilizar una ley de San Francisco, California, que obligaba a los propietarios de armas de fuego a almacenarlas en una caja fuerte o ponerles el seguro mientras las pistolas permanecen en el interior de sus domicilios.