La Corte Suprema frenó este jueves el poder de la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de energía de la nación mientras el gobierno de Biden está trabajando para frenar el calentamiento global.
Con esta decisión, el máximo tribunal da un golpe a la política medioambiental del gobierno de Joe Biden al determinar que EPA no tiene amplia autoridad para cambiar la producción de energía de las centrales eléctricas que queman carbón a fuentes más limpias, como la energía solar y eólica.
El tribunal se pronunció sobre cuánto poder tiene la EPA para abordar el cambio climático mediante la regulación de las emisiones de dióxido de carbono de las empresas eléctricas después de que 19 estados y compañías de carbón, en su mayoría liderados por republicanos, afirmaran que la EPA tiene una autoridad limitada para regular la producción de carbono.
El caso de la planta de energía tiene una historia larga y complicada que comienza con el Plan de Energía Limpia del gobierno de Obama. Ese plan habría requerido que los estados redujeran las emisiones de la generación de electricidad, principalmente alejándose de las plantas a carbón.
Pero ese plan nunca tuvo efecto. Actuando en una demanda presentada por West Virginia y otros, la Corte Suprema la bloqueó en 2016 con una votación de 5 a 4, con mayoría conservadora.
Con el plan en suspenso, la lucha legal por el mismo continuó. Pero después de que el presidente Donald Trump asumió el cargo, la EPA revocó el plan de la era de Obama.
La agencia argumentó que su autoridad para reducir las emisiones de carbono era limitada e ideó un nuevo plan que redujo drásticamente el papel del gobierno federal en el tema.
Los bosques están considerados como ecosistemas importantes y una forma importante de absorber dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, de la atmósfera.
Nueva York, otros 21 estados principalmente demócratas, el Distrito de Columbia y algunas de las ciudades más grandes del país demandaron por el plan Trump.
El tribunal federal de apelaciones de Washington falló en contra tanto de la derogación como del nuevo plan, y su decisión no dejó nada en vigor mientras el nuevo gobierno redactaba una nueva política.
La Corte Suprema asumió el caso, West Virginia v. Environmental Protection Agency, antes de que el gobierno de Biden emitiera su propia regla.
No se espera una nueva política para regular la producción de carbono de las centrales eléctricas antes de fin de año, dijo a los jueces Elizabeth Prelogar, la principal abogada de Biden en la Corte Suprema, cuando se discutió el caso en febrero.
Pero el tribunal no pareció interesado en el argumento de Prelogar de que debería desestimar el caso porque no existe un plan actual de la EPA para abordar la producción de carbono de las centrales eléctricas.
El estado argumentó que los poderes de la EPA estaban limitados por la Ley de Aire Limpio aprobada por el Congreso en 1970. Su posición era que la EPA podía requerir cambios solo en plantas individuales.
A los grupos ambientalistas les preocupa que el tribunal pueda socavar de manera preventiva cualquier plan que desarrolle el equipo de Biden para abordar las emisiones de las centrales eléctricas.
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