Los españoles llevan 13 días sin saber el paradero de quien fue el jefe del Estado, Juan Carlos I, desde que trascendió que este abandonaba España para salvaguardar a la Monarquía de sus presuntas conductas ilícitas. El Gobierno asegura que respetará la decisión de la Casa del Rey y no desvelará su destino, aunque lo conozca; pero entre los ministros crece la incomprensión, según pasan los días, sobre una decisión que el Ejecutivo atribuye en exclusiva al Monarca y que no parece fortalecer a la Corona, según fuentes gubernamentales.
La salida de España de Juan Carlos I, ideada como cortafuegos de la investigación de sus cuentas en Suiza, no fue fruto de una negociación entre la Casa del Rey y el Gobierno, según aseguran fuentes del Ejecutivo. Estas sostienen que Felipe VI tomó las decisiones de acuerdo con su padre y después se las comunicó al presidente Pedro Sánchez, quien las aceptó y se comprometió a respetarlas. Sánchez habría preferido que Juan Carlos I no saliera del país, sino solo de La Zarzuela, pero no hubo una negociación como tal, insisten en La Moncloa. Algo parecido ocurre con el destino ignoto del rey emérito: fuentes gubernamentales opinan que lo más razonable sería que se divulgara su paradero, pero argumentan que corresponde a la Casa del Rey y no al Gobierno hacerlo.
En el Ejecutivo han decidido que no harán pública esa información, de la que disponen porque la seguridad de Juan Carlos I está a cargo del Estado. En su comparecencia tras conocerse la noticia, el 4 de agosto, Sánchez afirmó primero que no conocía el paradero del rey emérito, aunque luego enfatizó que le correspondería a La Zarzuela divulgarlo. Según fuentes gubernamentales, tampoco La Moncloa ha pedido en privado a la Casa del Rey que desvele la información.
En el Gobierno de coalición hay opiniones que cuestionan la decisión de no revelar el paradero de Juan Carlos I: lo preferible, consideran, incluso para la propia Zarzuela, sería tener el control de cómo se comunica el destino del emérito, en lugar de que cualquier medio termine consiguiendo una fotografía y el país se desayune con ella uno de estos días. Sobre todo porque, tarde o temprano, acabará conociéndose dónde se encuentra Juan Carlos I. “Es luchar contra la marea”, consideran fuentes gubernamentales. A la vez, las mismas fuentes apuntan que si la Casa del Rey no desvela la información motu proprio es porque ese es el acuerdo al que ha llegado Felipe VI con su padre, quien es posible que esté tratando de preservar la tranquilidad en su destino y evitar ser perseguido por los periodistas.
A medida que transcurren los días, más incómodo se vuelve el asunto, aunque la quietud de agosto amortigua la presión política. Sánchez se ha enfrentado en sus dos últimas comparecencias a la pregunta reiterada de dónde está Juan Carlos I y por qué no se ofrece esa información a los españoles. Esta semana, tras reunirse con Felipe VI, remarcó que la responsabilidad de la transparencia en este tema corresponde a la Casa del Rey y al propio afectado, subrayando que el Gobierno y la Monarquía son “instituciones distintas”; aunque todos los actos del Rey deben ser refrendados por el Gobierno, según la Constitución.
El presidente cuenta con la ventaja de que los adversarios políticos no le presionan para acabar con esa opacidad. La derecha ha cerrado filas con la Monarquía y solo ERC y Catalunya en Comú-Podem han insistido en exigir transparencia. El socio del PSOE en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, ocupado esta semana en defenderse de las acusaciones de presunta financiación irregular que investiga la justicia, ha evitado poner énfasis en la cuestión de Juan Carlos I, más allá de que Pablo Iglesias avisara de que el caso judicial no le va a distraer de la defensa de un “horizonte republicano”.
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