MIAMI – Aileen Cannon, la jueza principal del caso penal contra el expresidente de EEUU Donald Trump por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida, ordenó este martes que el juicio con jurado se celebre a partir del 14 de agosto en Fort Pierce, a 129 millas de Miami.
En una orden firmada hoy, la jueza señala que el periodo para la celebración del juicio es de dos semanas a partir del 14 de agosto y que si por alguna razón se retrasara, se celebrará “tan pronto” sea posible.
La fecha límite para que la defensa y la Fiscalía presenten solicitudes en relación al juicio es el 24 de julio próximo, y el 8 de agosto se celebrará una audiencia para tratar todas las cuestiones de calendario.
El fiscal especial Jack Smith, a cargo de la investigación, prometió que el juicio contra Trump y su asistente, Waltine Nauta, que es acusado como cómplice, iba a ser “rápido” y “de acuerdo con el interés público y los derechos de los acusados”.
Trump fue acusado el pasado 13 de junio en los tribunales de Miami de 37 delitos federales penales por el mal manejo de documentos oficiales después de haber dejado la Presidencia de Estados Unidos (20017-2021).
De los 37 cargos imputados, de los cuales Trump se declaró no culpable, 31 son por retener deliberadamente documentos relacionados con la defensa de EEUU, pero también es acusado de obstruir la justicia y de ocultar “de manera corrupta” documentos o registros.
Algunos de esos delitos son punibles con un máximo de 20 años de cárcel y una multa de $250,000 dólares.
Trump es el primer presidente o expresidente de la Historia de EEUU en ser acusado penalmente por la justicia federal.
La jueza Cannon, que es de origen colombiano y cubano y fue nombrada por Trump, tiene su tribunal en Fort Pierce, de ahí que el juicio vaya a celebrarse en esa ciudad del condado Palm Beach, el mismo en el que Trump tiene su domicilio legal.
La orden emitida este martes está dirigida a la defensa y la fiscalía con vistas a que se preparen para el juicio y establece plazos para todos los procedimientos previos.
Joseph Malone, abogado constitucionalista, conversó con Julio Vaqueiro de Telemundo sobre la acusación federal contra el expresidente Donald Trump.
Entre las cosas que la jueza destaca en el documento está la prohibición de hacer “backstriking” con los jurados, un término legal sin traducción al español que significa que ambas partes pueden retractarse a su conveniencia de aceptar u objetar a un miembro del jurado antes de que jure como tal.
Este lunes otro juez del tribunal a cargo del caso de Trump, Bruce E. Reinhart, prohibió a los abogados del expresidente compartir con personas ajenas a la defensa la evidencia que se produzca sobre las acusaciones contra él.
Reinhart señaló en su orden que tanto Trump como el público, los medios y las redes sociales están incluidas en la orden y por lo tanto no pueden mantener esta información, ya sean originales o copias de documentos.
Los acusados sólo tendrán acceso a la evidencia “bajo la supervisión directa del abogado defensor o un miembro del personal del abogado defensor. Los acusados no conservarán copias del material”, dice el fallo.
El juez, que dio así la razón a una moción presentada el viernes pasado por la Fiscalía, detalló que “todo descubrimiento no clasificado producido por Estados Unidos” está sujeto a esta orden de protección.
Subrayó que esta evidencia puede ser solamente utilizada por los demandados y la defensa y “en conexión con la defensa de este caso, y para ningún otro propósito”
En una orden firmada hoy, la jueza señala que el periodo para la celebración del juicio es de dos semanas a partir del 14 de agosto y que si por alguna razón se retrasara, se celebrará “tan pronto” sea posible.
La fecha límite para que la defensa y la Fiscalía presenten solicitudes en relación al juicio es el 24 de julio próximo, y el 8 de agosto se celebrará una audiencia para tratar todas las cuestiones de calendario.
Joseph Malone, abogado constitucionalista, habló del sustento legal de ese hipotético escenario que encara el expresidente Donald Trump.
El fiscal especial Jack Smith, a cargo de la investigación, prometió que el juicio contra Trump y su asistente, Waltine Nauta, que es acusado como cómplice, iba a ser “rápido” y “de acuerdo con el interés público y los derechos de los acusados”.
Trump fue acusado el pasado 13 de junio en los tribunales de Miami de 37 delitos federales penales por el mal manejo de documentos oficiales después de haber dejado la Presidencia de Estados Unidos (20017-2021).
De los 37 cargos imputados, de los cuales Trump se declaró no culpable, 31 son por retener deliberadamente documentos relacionados con la defensa de EEUU, pero también es acusado de obstruir la justicia y de ocultar “de manera corrupta” documentos o registros.
Algunos de esos delitos son punibles con un máximo de 20 años de cárcel y una multa de $250,000 dólares.
Trump es el primer presidente o expresidente de la Historia de EEUU en ser acusado penalmente por la justicia federal.
La jueza Cannon, que es de origen colombiano y cubano y fue nombrada por Trump, tiene su tribunal en Fort Pierce, de ahí que el juicio vaya a celebrarse en esa ciudad del condado Palm Beach, el mismo en el que Trump tiene su domicilio legal.
La orden emitida este martes está dirigida a la defensa y la fiscalía con vistas a que se preparen para el juicio y establece plazos para todos los procedimientos previos.
Entre las cosas que la jueza destaca en el documento está la prohibición de hacer “backstriking” con los jurados, un término legal sin traducción al español que significa que ambas partes pueden retractarse a su conveniencia de aceptar u objetar a un miembro del jurado antes de que jure como tal.
Este lunes otro juez del tribunal a cargo del caso de Trump, Bruce E. Reinhart, prohibió a los abogados del expresidente compartir con personas ajenas a la defensa la evidencia que se produzca sobre las acusaciones contra él.
El expresidente Donald Trump se enfrentará a un día histórico en el país: será acusado de 37 cargos federales. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo
Reinhart señaló en su orden que tanto Trump como el público, los medios y las redes sociales están incluidas en la orden y por lo tanto no pueden mantener esta información, ya sean originales o copias de documentos.
Los acusados sólo tendrán acceso a la evidencia “bajo la supervisión directa del abogado defensor o un miembro del personal del abogado defensor. Los acusados no conservarán copias del material”, dice el fallo.
El juez, que dio así la razón a una moción presentada el viernes pasado por la Fiscalía, detalló que “todo descubrimiento no clasificado producido por Estados Unidos” está sujeto a esta orden de protección.
Subrayó que esta evidencia puede ser solamente utilizada por los demandados y la defensa y “en conexión con la defensa de este caso, y para ningún otro propósito”.
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