Este jueves hemos conocido la propuesta de sanción del instructor de la RFEF sobre los incidentes derivados por la invasión de campo de un grupo de aficionados pericos al final del encuentro entre Espanyol y el Barcelona.
Una propuesta de sanción de dos partidos aunque ahora deberán pasar todavía hasta un mes hasta que tengamos la sentencia definitiva. Todo se debe a que ahora el Espanyol tiene diez días hábiles para el plazo de alegaciones.
“En el pliego de cargos, el/la instructor/a presentará una propuesta de resolución que será notificada a los/as interesados/as para que en el plazo de diez días hábiles, manifiesten cuantas alegaciones consideren convenientes en defensa de sus derechos o intereses. Asimismo, en el pliego de cargos, el/la instructor/a deberá proponer el mantenimiento o levantamiento de las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado”.
Esto supondría que el proceso podría retrasarse hasta el 12 de julio cuando los clubs, tanto el club perico como el azulgrana, comuniquen estas alegaciones. Todo lo que se adelante en la presentación de alegaciones, agiliza el procedimiento. Una vez recibidas será cuando el instructor de traslado al Comité de Competición las mismas: “Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el instructor, sin más trámite, elevará el expediente al órgano competente para resolver, al que se unirán, en su caso, las alegaciones presentadas. “
Pero desde su recepción, el Comité de Competición también cuenta con otros diez días hábiles para comunicar la resolución. Así también está registrado en el Código Disciplinario de la RFEF: “La resolución del órgano competente pone fin al expediente disciplinario deportivo y habrá de dictarse en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la elevación del expediente por el instructor”.
En el mejor de los casos el órgano disciplinario podría comunicarlo el miércoles 19 de julio o, en caso de no hacerlo entonces, nos iríamos al 26 de julio. A partir de entonces el Espanyol tendría 10 días para recurrir ante el Comité de Apelación y posteriormente recurrir ante el TAD donde, en caso de mantenerse la sanción, pedir medidas cautelares.
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