El sueño de un mundo verde, con silenciosos coches eléctricos, transporte de mercancías sin emisiones de carbono y hogares sostenibles gracias a la energía renovable, se torna pesadilla a la hora de cuantificar los costes y de resolver quién financia la fiesta. La crisis energética y el encarecimiento de las materias primas en el mundo han venido a recordarnos una parte de ese coste a corto plazo.
La inconcreción de los acuerdos en la Cumbre de Glasgow (Escocia), la conocida como COP26, respecto a cómo conseguir que las emisiones de dióxido de carbono en 2030 sean un 45% inferiores a las de 2010 para que el calentamiento global no supere los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, es una muestra de las dificultades que atraviesa la denominada transición verde.
Los expertos del Foro Futuro coinciden en señalar que “los costes de actuar pronto compensan sobradamente los costes de no actuar a tiempo”. Es la opinión de Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de FEDEA, aunque otros se muestran más escépticos. Es el caso de Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School, quien estima que “nadie se cree los objetivos de 2030 porque es imposible pagarlos. La clave -dice- es saber cómo se financia toda esta transición: ahora la gente es muy fan, pero cuando tengamos que pagarlo, ya veremos”.
Los objetivos de reducción de emisiones en 2030 y neutralidad de carbono en 2050 son muy ambiciosos, con implicaciones de inversiones masivas: 350.000 millones más en el decenio entrante que en el anterior.
Costes y beneficios de la transición hacia una economía verde pesan en la balanza de los gobiernos, las empresas y los consumidores y todos se preguntan cómo se van a financiar de aquí a 2050 y quién acabará pagándolos. Los consumidores se temen lo peor.
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