Suelen ser noticias cortas en la prensa local. “Detenidos un hombre y una mujer por la violación de una niña de 13 años. La comisaria de policía explica que el hombre, casado con una tía de la víctima, la violaba desde hace seis años. Los hechos eran conocidos por la madre y la abuela”. Los arrestos ocurrieron el miércoles 5 de mayo en Pinheiros, una ciudad de 77.000 habitantes en el norte de Brasil. Ni la edad de la víctima ni las circunstancias suponen nada excepcional. Informaciones anodinas que narran delitos cotidianos. Las estadísticas del Forum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) resultan estremecedoras. Cada hora, cuatro niñas menores de 13 años son violadas en Brasil, según las cifras más recientes. Más de la mitad de las 5.636 víctimas de 2019 tenía menos de 13 años.
Y esto es solo la punta del iceberg porque solo contempla lo que llega a oídos de la policía o los servicios de salud. “La violencia sexual contra los niños está envuelta en un pacto de silencio”, recalca Marcia Bonifacio, jefa de un equipo de sicólogos y psicopedagogos del Ayuntamiento de São Paulo que da apoyo a las escuelas cuando surge un alumno problemático. Su comportamiento oculta a menudo que es víctima de violencia sexual o de algún otro tipo.
Tres brasileñas, la educadora Bonifacio, la fiscal Renata Rivitti y la directora del Instituto Liberta, Luciana Temer, echan mano de su amplia experiencia para ayudar a entender los contornos de este delito tan arraigado en esta cultura patriarcal y machista plagada de tabúes que a la vez promueve la sexualización precoz. “Es un círculo muy perverso con pocos finales felices”, advierte Bonifacio.
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La víctima puede ser una niña de cuatro años que se masturba cuatro veces al día en clase, una cría de 10 años que empieza a mostrar la figura de una embarazada, un chaval de siete años que fuerza a las compañeras de clase a tener sexo oral, una aplicada y retraída adolescente que aparece con un ojo morado y ofrece explicaciones poco creíbles… Las víctimas no siguen un patrón. Los agresores sí: “No tengo noticias de ningún caso en que la agresión fuera perpetrada por un extraño”, dice Bonifacio. Suele pertenecer al entorno familiar. El padre, el padrastro, hermanos mayores, tíos, abuelos, amigos de la familia…
Los que combaten la violencia sexual contra los niños insisten en lo democrática que es. En el muy desigual Brasil, no diferencia razas, ni clase social. Unicef estima que 120 millones de mujeres han tenido antes de los 20 años un contacto sexual no deseado.
El Código Penal brasileño considera violación de persona vulnerable mantener relaciones carnales o practicar cualquier acto libidinoso con un menor de 14 años. Las agresiones pueden empezar muy pronto y durar muchos años. No es rara la complicidad de la madre u otros parientes ni que la víctima sea culpada de destruir la familia o de dejarla sin sustento cuando el agresor es el que trae el dinero a casa. Suele ser un proceso in crescendo en el que los abusos son cada vez más invasivos, pero sutiles. A menudo no dejan marcas.
“Cuando tienen entre cero y seis años las víctimas tienen poco repertorio, pueden percibirlo incluso como un juego, como una muestra de cariño, sienten placer, no tienen parámetros y es muy frecuente que el agresor le exija mantener el secreto”, explica la fiscal Rivitti. Son demasiado pequeños para distinguir qué es correcto y qué no lo es. Una dificultad que no solo depende de la edad. Bonifacio, cuyo equipo se llama el Núcleo de Apoyo y Acompañamiento para el Aprendizaje, recuerda el caso de una adolescente de 13 años de familia evangélica que descubrió en una clase de Ciencias que aquello que su padre hacía con ella desde que a los ocho años menstruó por primera vez era sexo. Aquella chica no tenía tele, ni móvil ni internet. Por eso, dice la fiscal, son tan importantes las clases de educación sexual.
Los casos más graves salen a la luz en un hospital
Detectar el abuso es un primer paso. Cuando son pequeños se suele descubrir por su comportamiento en la escuela. Si son mayores, se lo cuentan a alguien de confianza. Los casos más graves salen a la luz en un hospital.
Descubrir el abuso no es fácil, proteger a la víctima sin revictimizarla, tampoco. Y perseguir el delito, aún menos. La fiscal Rivitti sostiene que llevar a la víctima a un refugio debe ser el último recurso. Grande es el riesgo de lo que llaman violencia institucional. Si después de peregrinar por distintos servicios para repetir su primer relato ante el consejo tutelar, la policía, el hospital, someterse a una avalancha de preguntas y a un minucioso examen forense, la niña acaba lejos de sus parientes, su barrio, su escuela y sus amigos, se culpa a sí misma. “Dice ‘mi boca es maldita, hablé y me castigaron’”. Algunas se desdicen porque el precio que pagan por revelar el abuso no les compensa.
“Tenemos que dar información a las víctimas para que sepan entender qué es abuso, para que sepan relatarlo y tenemos que dar crédito a lo que dicen”, insiste la fiscal Rivitti. Eso es un comienzo. Luego intentan identificar a un familiar que proteja a la niña en el hogar y apartar al violador. Si él es fuente de ingresos, tratan de buscar ayudas económicas.
¿Y el castigo a los agresores? Conseguir un caso lo suficientemente sólido para llevar ante el juez es otra gran dificultad. Suele ser la palabra del niño contra el adulto. La peor pesadilla de quienes combaten las violaciones de menores es que el tribunal absuelva al acusado. “No podemos entregar el corderillo al lobo con aval judicial”, alerta la fiscal.
Pese a la complejidad del desafío, cada una de las tres combate en un frente para que durante la próxima hora no violen a cuatro brasileñas menores de 13 años. Temer lo hace al frente del Instituto Liberta, con documentales como Un crimen entre nosotros, con el que busca concienciar, romper “el círculo perverso de la normalización del abuso”. Entre los reclutados para la misión, uno de los hombres más famosos de Brasil, el presentador del canal Globo Luciano Huck, cuyo nombre suena para candidato presidencial.
La fiscal Rivitti intenta replicar a nivel del Estado de São Paulo el modelo que creó en Jacareí, una ciudad de 235.000 habitantes del interior, donde mediante la coordinación de los servicios educativos, sociales y de salud logró proteger mejor a las víctimas, lo que propició más denuncias, menores testigos en los juicios y más condenas. Trabaja con una red de otros 70 fiscales.
Con las escuelas cerradas durante meses por la pandemia, el equipo que dirige Bonifacio abrió nuevos canales para que los alumnos lanzaran un SOS. Crearon una web que canalizó las denuncias de 200 casos de violencia en nueve meses. De ellos, 56 eran de violencia sexual.
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