El presidente Andrés Manuel López confirmó que el cuerpo encontrado en Choix, Sinaloa, pertenece a José Noriel Portillo Gill, alias “El Chueco”, señalado como principal responsable del homicidio de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua.
“Se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gill la persona que encontraron muerta en Choix, Sinaloa”, declaró este jueves durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
El mandatario afirmó que, tanto Diana Carolina Portillo, hermana de El Chueco, como los estudios periciales confirmaron la identidad del exjefe de plaza del grupo delictivo “Los Salazar”, un grupo armado afín a Cártel de Sinaloa.
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José Noriel Portillo Gil es señalado en las investigaciones como el principal responsable de los homicidios de los sacerdotes jesuitas de Cerocahui, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, cometidos el 20 de junio del 2022.
AMLO sostuvo el pasado miércoles durante la mañanera que dicho hombre era “tolerado en la zona” por las autoridades chihuahuenses quienes “sabían y no se hacía nada”.
“Tan es así que los mismos sacerdotes lo identificaron. Se sabía que él operaba y lo hacía con impunidad”, denunció.
Sin embargo, la Compañía de Jesús reiteró este miércoles que el hallazgo sin vida de “El Chueco” no puede “puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara”.
“Por el contrario, la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial”, aseveró.
Desde el crimen, jesuitas ha señalado que la Sierra Tarahumara enfrenta condiciones de violencia por parte de grupos armados, aunado a una pobreza extrema y marginación histórica.
Igualmente, afirman que la labor que realizan en la Sierra se ha visto trastocada por los asesinatos de sus compañeros. Al mismo tiempo, han reiterado la importancia de la investigación y la rendición de cuentas por parte de los perpetradores para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir.
A raíz de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, por considerar que se encuentran en una situación de daño irreparable, gravedad y urgencia.
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