Un juez de Estados Unidos cuestionó el martes si permitir que México demande a fabricantes de armas de ese país por facilitar su tráfico a los cárteles de la droga abriría la puerta a que otras naciones los demanden, incluida Rusia, por los armamentos utilizadas por los ucranianos en la guerra en curso.
La hipótesis fue planteada por el juez de distrito en Boston F. Dennis Saylor mientras sopesaba si desestimar una reclamación de 10 mil millones de dólares de las autoridades mexicanas contra empresas como Smith & Wesson SWBI.O y Sturm, Ruger & Co RGR.N, por una avalancha mortal de armas a través de la frontera.
México, en una demanda presentada en agosto, acusó a las compañías de socavar sus estrictas leyes en ese terreno al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.
Las compañías señaladas aseguran que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.
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El juez Saylor cuestionó si la postura mexicana significaría que las garantías que los fabricantes de armas disfrutan típicamente bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de las demandas por el mal uso de sus productos son “completamente vacías”.
El juez preguntó por qué si México podía demandar a los fabricantes de armas, otros países no podían hacerlo, como Italia por los asesinatos de la mafia, Israel por los ataques de Hamas o incluso Rusia por la muerte de sus soldados en Ucrania si se usaban armas de esas empresas.
“Si los ucranianos están usando armas militares fabricadas en Estados Unidos o revólveres Smith & Wesson para defenderse, ¿puede el gobierno de Rusia entrar y decir que nos han causado daño?” preguntó. “Quiero decir, ¿por qué no, si tu teoría es correcta?”.
Andrew Lelling, abogado de Smith & Wesson, manifestó que sería “absurdo” concluir que la ley federal solo prohíbe las demandas por lesiones en Estados Unidos y no las denuncias de México sobre el tráfico de armas a delincuentes de ese país.
Consideró que era excesivo por parte del gobierno mexicano demandar a las empresas por la venta de armas que eran legales en Estados Unidos a mayoristas que a su vez las vendían a minoristas antes de que los delincuentes las pasen de contrabando.
“Tendrían que argumentar que el Congreso tenía la intención de aplicar este sólido estatuto si un actor criminal independiente le dispara a alguien en San Diego, pero no si cruza la frontera y le dispara a alguien en Tijuana”, añadió Lelling.
Por Nate Raymond. Reuters.
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