Cuestionan en Cuernavaca potabilidad de agua y denuncian irregularidades en el suministro

Estrella Pedroza

Al menos ocho de las fuentes que abastecen de agua a Cuernavaca no se están clorando, ni existe registro alguno sobre el tipo de desinfección que se aplica antes de enviarla a la red, lo que provoca incertidumbre de saber si el líquido recibido en casa es realmente potable, revela un estudio del Consejo Ciudadano de Morelos (CCM).

En la capital de Morelos, la distribución es responsabilidad del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), la ciudad se abastece de 98 mantos freáticos y, según el estudio, en la mayoría no se detectaron irregularidades.

Para el estudio, el Consejo Ciudadano solicitó la información por Transparencia.

“Hay dudas de que se estén realizando las desinfecciones. Eso pone en riesgo la salud de los ciudadanos que se abastecen de dichas fuentes, se podrían generar infecciones bacteriológicas y virales”, advierte Juana Damiana Herrera, integrante del CCM y miembro del Consejo Ciudadano del Sistema Anticorrupción Estatal.

Una preocupación adicional es que, de acuerdo con el SAPAC, los sistemas utilizados para la filtración y potabilización del agua son principalmente equipos de hipoclorito de sodio y gas-cloro. Sin embargo, el organismo no ha informado por qué eligió este equipo ni su eficiencia en la dosis de cloración.

“No se tiene la certeza de que lo que se está realizando sea lo adecuado para el uso doméstico”, señala la activista.

Hasta ahora, el SAPAC no ha informado a dónde llega el agua extraída de las fuentes que enfrentan problemas en la desinfección.

Pero esto es sólo una parte del problema. En el estudio, realizado durante siete meses, se pone en claro también que el acuífero es sobreexplotado.

Al mismo tiempo, el 60 por ciento del agua que se extrae se desperdicia por fugas en el sistema, el cual carece de mantenimiento constante.

Así, de acuerdo con el CCM, existe el riesgo de agotar las fuentes y afectar la calidad de vida de los habitantes de Cuernavaca.

“El derecho fundamental al agua pende de un hilo”, advierte Roberto Salinas, codirector del grupo Morelos Rinde Cuentas e integrante del consejo.

 

Incorrecta planeación operativa y presupuestal
Para los integrantes del CCM, la crisis en el sistema de abastecimiento de agua para la capital de Morelos se debe a una deficiente planeación, pero sobre todo por presuntos actos de corrupción.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) en Cuernavaca viven 366 mil 955 personas, quienes en promedio requieren un volumen anual de 41 millones de metros cúbicos de agua.

 

Pero, en 2018, el SAPAC reportó a la Comisión Nacional del Agua un consumo de 99 millones de metros cúbicos, más del doble de lo que en teoría debería utilizarse.

Esto significa que se sobreexplota el acuífero, y esto se debe a la falta de un mantenimiento oportuno y preventivo.

“SAPAC atiende anualmente entre 3 mil 774 y 5 mil 298 fugas, a las que se suman las no reportadas”, explica Salinas. “Calculamos un desperdicio mínimo del 60 por ciento de lo que se extrae de los pozos, pero sólo se factura el 26 por ciento de su extracción”.

 

 

Pero eso no es todo, el estudio advierte que la distribución se realiza mediante el sistema de tandeos, es decir, se cierran las llaves para llevar agua de una colonia a otra. El problema es que, cuando se abren de nuevo, no hay un proceso para purgar el aire, lo que sobrecarga las tuberías y se rompen.

Además, agrega, con frecuencia se deja de pagar el suministro de energía eléctrica para el sistema de bombeo, lo que ha provocado que, por lo menos desde 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interrumpa el servicio.

 

 

Decenas de colonias resultan afectadas constantemente, pues las bombas dejan de funcionar. Incluso, el problema se ha presentado en estos meses de la pandemia de coronavirus.

SAPAC tiene una millonaria deuda con la CFE, afirma el CCM.

¿Cómo se llegó a esta crisis? De acuerdo con el estudio, SAPAC históricamente ha incumplido con las recomendaciones de las auditorías, con lo cual viola al menos seis leyes distintas.

El mayor problema, sin embargo, es que el organismo ha actuado con una incorrecta planeación operativa y presupuestal. Un ejemplo es que en los últimos cuatro años la dependencia ha tenido10 directores.

 

 

Además, señalan que existe la costumbre de utilizar el mismo presupuesto hasta por tres años, a pesar de que anualmente hay cambios en el control de insumos y proveedores.

Hay un inadecuado uso de los recursos públicos, especialmente durante el tiempo en que el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo fue alcalde, entre 2016 y 2018. Y aseguran que las anomalías continúan en la actual administración de Antonio Villalobos Adán.

Por ejemplo, del 2017 al 2019, el presupuesto que se ejerció para la nómina del personal permanente fue del 32 y 34 por ciento más de lo autorizado.

 

 

Cada año se programó un gasto de 48 millones de pesos, pero, al final, se pagaron 64 millones de pesos anuales, dicen.

Otra irregularidad señalada por la investigación fue el presupuesto para pagar a personal eventual, donde hubo un incremento de 2 mil por ciento, ya que lo programado originalmente fueron 199 mil 662 pesos, pero en 2017 el gasto fue superior a 5 millones de pesos.

 

 

En los dos años siguientes, indican, ocurrió lo mismo: 5 millones 861 mil pesos para 2018, y 14 millones 429 mil 406 pesos para el siguiente ejercicio.

Hay más, afirman, pues a pesar de contar con recursos para obras públicas y pagar servicios, el dinero no se utilizó o se gastó menos de lo autorizado, como sucedió con los pagos a la CFE.

En ese rubro, el gasto ejercido fue de entre 37 y 7 por ciento menos de lo que se autorizó en distintos años, lo que provocó cortes en el suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas que abastecen agua a la ciudad.

 

 

Según el estudio, tampoco se contrataron seguros para el equipo de transporte, y existen irregularidades en el gasto de combustible y lubricantes para la flotilla del organismo.

El presupuesto asignado fue de 6 millones de pesos para este rubro, pero, en 2017, el gasto alcanzó casi 10 millones de pesos, y en lo que va del 2020 apenas han gastado 800 mil pesos.

Tampoco se han pagado a la Conagua los permisos para extraer agua, ni se utilizó el presupuesto para contratar el servicio para tratar las aguas residuales.

 

 

Una situación similar se encontró en la partida de servicios por descargas residuales, que para el mismo periodo se programó la cifra de 720 mil pesos, pero el gasto ejercido fue de cero pesos.

Mientras que para obra pública año con año se presupuestan 4 millones 200 mil pesos, pero sólo en 2018 presuntamente se invirtieron 500 mil pesos.

En contraparte, dicen, existe un gasto mayor en programas como el mantenimiento de equipos para cloración.

En este caso, se programó una partida de 520 mil pesos; sin embargo, en 2017, por ejemplo, se gastaron más de 5 millones de pesos.

 

 

Y, al mismo tiempo, se asignó un presupuesto menor al necesario para el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, con el riesgo de incrementar la contaminación ambiental de la zona.

Por ejemplo, en 2019, se asignaron 350 mil pesos, pero al final consideraron necesario invertir más de un millón 500 mil pesos.

Tales aspectos son una muestra de la deficiente planeación administrativa en el SAPAC, y que de acuerdo con el CCM se debe a actos deliberados de corrupción.

Es el caso de la partida de muebles, inmuebles e intangibles, en la cual se gastó hasta 570 por ciento más de lo presupuestado. En el estudio, sin embargo, no se tiene claro cuáles son los inmuebles a los que se destina el presupuesto. O el rubro denominado “Otros Arrendamientos”, para el que no se autorizaron recursos desde 2017, pero el SAPAC gastó más de 25 millones de pesos.

 

Y en el caso de los recursos para “Servicios notariales, auditoría externa, asesoría”, los activistas encontraron que se autorizaron 20 mil 800 pesos.

No obstante, en los últimos tres años se gastaron más de 30 millones de pesos para contratar el servicio de abogados, a pesar de que el organismo cuenta con un área jurídica.

Sin embargo, estas irregularidades palidecen frente a lo gastado para comprar fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados: más de 117 millones de pesos entre la actual y la pasada administración municipal.

 

Además, según la investigación del CCM, hasta ahora no se ha comprobado que los materiales realmente se hayan comprado, pues no existen registros de su ingreso a los almacenes de SAPAC ni mucho menos de su efectiva utilización.

Las compras, por cierto, se hicieron a empresas no autorizadas y de reciente creación; incluso, algunas desaparecieron después de supuestamente entregar un par de pedidos.

Los integrantes del CCM señalan que existe mucha de la información solicitada no fue entregada por SAPAC,  bajo el argumento de que no existen varios archivos de 2017 y 2018 debido a que en abril del 2018 se alojó en el sistema un virus informático y, en octubre del mismo año, una tromba dañó los expedientes físicos que se tenían en una oficina.