El Ministerio de Cultura ha abierto “un procedimiento informativo para conocer los hechos” por la desaparición de la Biblioteca Nacional (BNE) del tratado astronómico Sidereus nuncius, de Galileo Galilei, publicado en 1610, según ha informado el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes. Como destapó EL PAÍS el pasado domingo, personal de la BNE se percató en una inspección ordinaria del robo en 2014, y que el ejemplar había sido sustituido por el ladrón por una copia para no levantar sospechas. Sin embargo, estos hechos no se denunciaron hasta 2018. A partir de ahí se han producido versiones contrarias entre Ana Santos, directora de la institución, y los entonces responsables de la dirección técnica que investigó la falta del ejemplar. Por todo ello, el ministerio ha decidido también este lunes convocar al Patronato de la Biblioteca Nacional, que preside Soledad Puértolas, miembro de la Real Academia Española, para una reunión el 31 de marzo. Ana Santos continúa en su puesto.
Ambas medidas se han adoptado tras la reunión que han mantenido este lunes en la sede del ministerio el secretario general de Cultura, Javier García Fernández; la directora general del Libro, María José Gálvez, y la directora de la Biblioteca Nacional. Tras ese encuentro, fuentes de la Biblioteca Nacional han señalado a EL PAÍS que Santos “ha aportado toda la información que posee del hecho y que recabó para proceder a la denuncia del caso en 2018″.
En la reunión del patronato, órgano formado por 30 vocales, una de las cuestiones fundamentales que se tratará “será el análisis de los protocolos de seguridad de la Biblioteca Nacional, con el propósito de tomar las medidas necesarias para su mejora”, añade Cultura. Para el Ministerio, “la principal preocupación es la restitución de la obra y la aclaración de los hechos a partir de lo publicado por el diario EL PAÍS”. Varios expertos consultados han valorado en unos 800.000 euros el Sidereus nuncius, fundamental tratado en latín de la ciencia del siglo XVII. El caso está en manos de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional.
Puértolas, que preside el patronato desde septiembre de 2018, declaró el domingo a este diario que Santos le comunicó el robo del tratado de Galileo, así como de la presentación de la denuncia ante la policía. Esta se presentó el 10 de octubre de ese año. “Me pasó el informe que elaboró la institución”, ha dicho la escritora. Además, Puértolas aseguró que no tuvo noticias de ninguna otra sustracción en la BNE.
Santos sostiene que se enteró del hecho el 20 de septiembre de 2018, 52 meses después de que se encontrara la copia falsa, por un correo electrónico de un investigador británico, en el que le advertía de que el Sidereus nuncius digitalizado por la biblioteca era una copia. “La dirección técnica hizo un informe sin firmar, fechado el 7 de junio de 2014, pero no se elevó a la dirección”, asegura sobre este asunto. Sin embargo, Mar Hernández, la entonces directora técnica, ahora jubilada, rechaza la versión de la directora y dice que le recordó esta cuestión a Santos en una reunión.
También hay versiones contradictorias en la comunicación del caso al Ministerio de Cultura. Según Santos, informó a Cultura en 2018 de la denuncia mediante correo electrónico a Carlos Alberdi, entonces jefe del gabinete del ministro, José Guirao. Este, sin embargo, aduce que nunca llegó a estar al tanto de lo ocurrido.
Otra arista de este asunto es que el robo pudo ser incluso anterior a 2014, como señaló a este medio una fuente cercana a la dirección. El 24 de agosto de 2007, la Biblioteca Nacional denunció la desaparición de dos mapamundis de Ptolomeo, arrancados con un cúter de su obra Cosmografía, incunable de 1482. “Entonces se comprobó qué otros documentos había consultado el ladrón”. Entre ellos, en 2004, el Sidereus nuncius. “Se buscó el libro y se contaron las páginas, y como dio el mismo número de siempre, se pensó que estaba correcto; pero lo que no se comprobó es si ese era el verdadero o si era ya la copia”. En la investigación policial posterior se identificó como responsable de los robos de un total de 12 páginas con 19 grabados a César Ovidio Gómez Rivero, de 60 años, español de origen uruguayo, residente en Argentina, que había accedido a numerosos documentos valiosos entre 2004 y 2007 en la Sala Cervantes con carnet de investigador.
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