Sentados en una mesa rectangular en el salón de un piso, cinco adolescentes comentan los libros que están leyendo. No dominan el español al 100%, pero algunos de ellos saben francés y eso les ayuda. Abdel, de 17 años, es el único que lee en formato digital, se siente cómodo con el portátil. Va por la página 37 de Padre rico, padre pobre, que trata de qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero. Lo vio en un vídeo de TikTok y le interesó. Cuando Abdel llegó a España desde Argelia, creía que podría matricularse directamente en la Universidad para cursar una ingeniería. Como otros jóvenes de su edad, llegó en patera y no midió su idealización del destino al que se dirigía, se lanzó al mar con una idea distorsionada de Europa.
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Ahora vive en un piso tutelado en un pueblo de Valencia junto a otros cuatro menores extranjeros no acompañados. Cumplir 18 años suele suponer para un español poder votar, conducir o fumar. Para él ha empezado una angustiosa cuenta atrás: para entonces, nadie le asegura que dispondrá de una habitación en un piso compartido y cuenta con menos de dos años para conseguir una formación que le dé acceso a un empleo (deben acreditar unos ingresos por encima de 500 euros al mes). De no conseguirlo, no obtendrá la residencia legal y se verá en una situación de desamparo.
Son las 11.30 de la mañana de un jueves de mayo y en la que ahora es la casa de Abdel reina el orden. La disciplina es muy importante para estos chicos que, llegados desde países como Marruecos, Argelia o Malí, creían que conseguir un trabajo en España, comprar un coche y acceder a una casa no sería complicado. “Nuestro trabajo es ponerles los pies en la tierra, no pueden permitirse ser adolescentes corrientes, tienen que dar un salto en cuanto a sus responsabilidades con el que no contaban, crecer antes de tiempo y entender que cada uno nace con sus circunstancias, y las suyas son complejas”, explica Nuria Ferreres, directora del piso tutelado, ubicado en un edificio de tres plantas de un pueblo de Valencia de unos 80.000 habitantes y cuyos gastos cubre la Generalitat Valenciana ―157 euros al día por cada menor tutelado―.
El pasado mayo había registrados en España 8.134 menores extranjeros no acompañados, la inmensa mayoría de ellos con una de edad entre 16 y 17 años. Andalucía (con el 26% de ellos), Canarias (con el 24%) y Cataluña (13%) fueron las autonomías que más jóvenes acogieron. En la Comunidad Valenciana había 420 en 117 pisos y residencias de menores. La legislación española no recoge la expulsión de menores extranjeros y por ello las comunidades tienen la obligación de protegerlos y gestionar los recursos para que lleguen a la mayoría de edad con una mínima formación y con sus papeles en regla, como marca la ley, ya que de no ser así, al cumplir los 18 años quedarían en una situación irregular que podría desembocar en la exclusión.
En cada uno de los pisos en Valencia viven hasta seis menores extranjeros en un espacio que pretende ser un hogar. El mobiliario y la decoración son austeros; en las librerías hay algunas novelas y enciclopedias y de las paredes del salón cuelga un corcho con el horario de los jóvenes y un cuadro de madera con frases motivacionales: enfadarse poco, saber perdonar… A diferencia de un hogar corriente, en esta casa los tiempos están marcados, los chicos no pueden ir a la nevera cuando les apetece un sándwich, se tienen que ceñir a las comidas programadas de las que se encarga una cocinera. Tampoco pueden encerrarse en su cuarto a ver una serie (en la tele del salón se puede ver Amazon Prime), deben mirar el horario con las actividades programadas y cumplirlo. Desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche tienen que adaptarse a lo establecido y aparte de las salidas relacionadas con sus actividades formativas, solo disponen de 45 minutos al día para salir de la casa y tener algo de ocio en el pueblo.
Muchos se avergüenzan de su circunstancia y eso dificulta que estrechen lazos con otros jóvenes de su edad. No está permitido que lleven amigos al piso y, de todas formas, tampoco lo harían. “Hasta que no salga de aquí prefiero no tener novia, no quiero explicarle dónde vivo”, dice Yurim, de 17 años, que llegó a España con 14 años desde Marruecos escondido en los bajos de un autobús. Los nombres de los menores en este reportaje están cambiados para proteger su identidad.
Cada uno de los chicos dispone de un móvil, pero no de un portátil; hay dos en cada piso para compartir. Si su comportamiento es el adecuado, tendrán 15 euros de paga semanal. Hay diseñado un sistema de puntos y todo cuenta. Hay que ser ordenado y limpio ―los educadores revisan que dejen los baños en perfecto estado después de cada uso, la cama hecha y la ropa doblada en el armario―, hacer las tareas relacionadas con el itinerario educativo de cada uno, y socializar. Les enseñan que no pueden estar aislados, tienen que interactuar con el resto de habitantes de la casa, expresar sus emociones y afrontar sus miedos.
¿Con qué opciones formativas cuentan? Los que llegan a España con menos de 16 años pueden acceder directamente a la FP Básica; aunque tengan problemas con el idioma y no hayan recibido la enseñanza básica en sus países de origen, los consejos orientadores de los institutos redactan un informe que permite que se puedan matricular. Si aprueban el curso, podrán acceder directamente a un grado medio de FP y de ahí a otro superior. A los que tienen 16 o más, se les complica. Su única opción es cursar un programa formativo de cualificación básica (que ofertan algunos centros de secundaria), en el que aprenderán algunos de los conocimientos teóricos que se imparten en 4º de la ESO y una parte más práctica relacionada con un oficio, como cocina o jardinería. Tras ese año, pueden presentarse a la prueba de acceso a un grado medio de FP. Pero necesitan un buen nivel de español.
“Contamos con muy poco tiempo y en los pisos tutelados les damos talleres de alfabetización… ponerlos a la altura de otros alumnos españoles de su edad es muy difícil”, explica Javi Antúnez, trabajador social del piso tutelado de Abdel. Su caso es excepcional: ha sacado la mejor nota de acceso al grado medio de su instituto, un 9,51. En matemáticas obtuvo un 10. “Llegó con un nivel educativo alto, su familia daba importancia a la formación, tiene una tía odontóloga”, indica Antúnez. Aún así, Adbel salió de Argelia en busca de una vida mejor. Se ha matriculado en un grado medio de electricidad porque es el que tiene mayor contenido matemático. Cuando cumpla 18 años su vida académica se verá interrumpida: tendrá que encontrar un trabajo con un contrato de un año para conseguir los papeles y poder residir en España.
Juan Higueras, coordinador de la Fundación Antonio Moreno, que gestiona siete pisos tutelados en la región valenciana como el de Abdel, cree que la Administración “ha madurado”. “Hace unos años, la política se enfocaba en devolverles a sus países de origen al cumplir 18 años para que regresaran con sus familias; ahora eso ha cambiado y el Estado ha asumido que hay que ofrecerles un proyecto educativo, darles las mismas oportunidades que a los demás”.
Esta autonomía les ofrece una ayuda de 600 euros al mes, la renta valenciana de inclusión ―destinada a personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, independientemente de su situación administrativa―, y dispone de 161 plazas en 26 pisos de emancipación, donde los chavales pueden vivir de forma gratuita desde los 18 hasta los 25 años, después de firmar un contrato en el que se comprometen a formarse para encontrar un empleo. “Somos conscientes de que no todos pueden entrar, y de ahí que les enseñemos a marchas forzadas a ser autónomos, porque en pocos meses ya no vamos a estar ahí para ellos”, cuenta Irene Rojo, psicóloga del piso tutelado de Abdel.
El Gobierno anunció el pasado abril que está ultimando un real decreto para facilitar la residencia y el trabajo a estos jóvenes ―convertidos en objetivo recurrente de los ataques de la ultraderecha―, informa María Martín. La reforma pone el foco sobre todo en los extutelados, los más desprotegidos ante la ley, y pretende acabar con una dinámica que se repite constantemente: los jóvenes inmigrantes pasan de la noche a la mañana de ser niños protegidos a adultos en situación irregular. Al cumplir los 18 años tienen que abandonar los centros y ya no son solo jóvenes sin papeles, sino que la mayoría se convierten en personas sin hogar.
El rostro de los chicos del piso tutelado de Valencia denota templanza. Están lejos de sus padres, de sus hermanos, y han tenido que madurar muy rápido. Con diferentes novelas en la mano, van relatando el contenido de las páginas que han leído en la última hora. “Estoy leyendo Poemas de amor… el protagonista huye de su ciudad después de que fallezca su mujer. Se va al sur para estar solo y lejos de todo. Es un poco triste, pero me ha enganchado”. El que habla es otro de los compañeros de piso de Adbel. En su mirada hay algo de tristeza, pero al cerrar el libro mira hacia delante con determinación.
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