Daniel Ortega recibe a la nueva embajadora de España en Managua

Daniel Ortega recibe a la nueva embajadora de España en Managua


El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saluda a la nueva embajadora de España en Nicaragua Pilar María Terrén Lalana.Presidencia de Nicaragua (EFE)

Las turbulentas relaciones diplomáticas entre España y Nicaragua, al parecer, han amainado: el presidente Daniel Ortega recibió este lunes las cartas credenciales de la representante de Madrid en Managua, Pilar María Terrén Lalana, en un evento privado al que no asistió Rosario Murillo, la copresidenta de facto que dirige las rocambolescas relaciones exteriores del país centroamericano. La confirmación de la embajadora española ocurre 17 meses después del comienzo de un choque diplomático que llevó a ambos países a retirar a sus embajadores.

El 11 de agosto de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez llamó a consultas a la entonces embajadora, María del Mar Fernández-Palacios, como respuesta a un comunicado de la Cancillería sandinista que vertía una serie de ataques contra España que, en reiteradas ocasiones, criticó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. En palabras de las autoridades españolas, el comunicado de Managua contenía “gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales”.

Cuando Fernández-Palacios quiso regresar a Nicaragua, las autoridades migratorias le negaron su ingreso sin mayores razones. En marzo de 2022, “tras una advertencia de reciprocidad” del Ministerio de Relaciones Exterior de España, los Ortega-Murillo retiraron de Madrid a su embajador Carlos Antonio Midence. El régimen sandinista sostuvo que su decisión respondía “a las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador por parte de España, que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática”.

De modo que ambos países se quedaron sin embajadores hasta que a finales de julio de 2022 Terrén Lalana entregó las copias de Estilo de las Cartas Credenciales al canciller sandinista, Denis Moncada. Más tarde, en noviembre, Ortega nombró a Maurizio Carlo Alberto Gelli –un italiano nacionalizado nicaragüense– como nuevo embajador en España.

La acreditación de Gelli en Madrid sucedió menos de un mes después de su designación. En cambio, la de Terrén Lalana ocurrió casi cinco meses y medio más tarde. La embajadora española fue acreditada la noche del lunes junto a otros 13 diplomáticos en el centro de convenciones Olof Palme. La gran ausente fue la vicepresidenta Murillo, a quien las fuentes diplomáticas señalan como la gestora de unas relaciones “atropelladas” y “viscerales” cuando los embajadores acreditados ante Managua critican los desmanes de su régimen.

El recibimiento de las credenciales de los embajadores coincidió con el aniversario de la muerte del poeta culmen de Nicaragua y precursor del modernismo, Rubén Darío, quien fue uno de los primeros diplomáticos de este país. Ortega hizo una disertación sobre la trayectoria del poeta y su paso por España, pero esta vez fue sosegado y no atacó a Madrid.

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“Darío tenía una enorme sensibilidad, que, cuánto no escribió sobre lo que es la dignidad del ser humano, lo que es la dignidad, lo que es la vergüenza, lo que es lo terrible de ser sujeto de la esclavitud, de la dominación, de la impotencia”, sostuvo el caudillo sandinista, y después cuestionó, en su habitual tono antiimperialista, a Estados Unidos.

Mantienen rechazo a embajador de EE UU

De hecho, aparte de la ausencia de la vicepresidenta Murillo que lo acompaña en todos los actos públicos, y la aceptación de la embajadora española, el otro aspecto más llamativo fue que Ortega sigue sin dar beneplácito al nuevo embajador de Estados Unidos, Hugo Rodríguez.

Rodríguez fue ratificado por el Senado en Washington en julio de 2022. En su discurso de ratificación, el en ese entonces postulante embajador Rodríguez criticó la represión en Nicaragua. “Desafortunadamente, los nicaragüenses ahora enfrentan una situación similar desde las elecciones de noviembre pasado [2021], cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo privaron a los nicaragüenses de cualquier opción real, y las esperanzas de democracia y prosperidad de los nicaragüenses se desvanecieron”, sostuvo Rodríguez. “Más de 180 presos políticos con cargos infundados, incluidas figuras de la oposición política, defensores de los derechos humanos, líderes estudiantiles, periodistas y representantes de la sociedad civil, siguen privados de sus derechos humanos”.

La declaración de Rodríguez cayó como baldazo frío en Managua, sobre todo cuando sugirió que sacar a Nicaragua del tratado de libre comercio DR-Cafta “es una herramienta muy poderosa y algo que se debe considerar seriamente”. Casi de inmediato los Ortega-Murillo le cancelaron el beneplácito.

El canciller de Nicaragua dijo en la respuesta oficial que todo diplomático tiene el deber de contribuir al “respeto y al entendimiento entre los pueblos y los gobiernos”. “En función de la diplomacia y en cumplimiento de los postulados de la Convención de Viena, no puede el embajador o postulante a embajador, Hugo Rodríguez, involucrarse en temas nacionales que son propios de las y los nicaragüenses, y mucho menos irrespetar, ofender, humillar, amenazar, protagonizar o ser factor de injerencia o intervencionismo en los asuntos internos de nuestro país”, zanjó.

En septiembre de 2022, el Senado norteamericano mantuvo el nombramiento de Rodríguez (el mismo que se mantiene hasta hoy), mientras en Managua continúa el actual embajador Kevin Sullivan. Fue la vicepresidenta Murillo la que le respondió a Washington en esa ocasión: “El señor Hugo Rodríguez no será bajo ninguna circunstancia admitido en Nicaragua y mucho menos como exponente de las peores formas de relaciones entre los Estados”. Una decisión que, por ahora, se mantiene invariable en un contexto en el que el régimen sandinista ha buscado infructuosamente acercamientos con el gobierno estadounidense a cambio de aliviar o levantar sanciones internacionales en su contra. Las conversaciones han encallado porque el gobierno de Joe Biden ha supeditado toda negociación a la liberación incondicional de todos los presos políticos, algo a lo que Ortega y Murillo se han negado rotundamente.

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