Por Jacobo Dayán/ @dayan_jacobo
“¿De qué otra cosa podríamos hablar?”, así tituló Teresa Margolles a su instalación artística del Pabellón de México en la 53 exposición internacional de arte de la Bienal de Venecia en 2009.
En efecto, no se podía hablar más que de la violencia en esos años. Margolles utilizó para esta obra “residuos de ejecuciones, sangre y otros fluidos humanos recogidos por la artista y sus colaboradores en el lugar de los asesinatos”. En esos años en que apenas comenzábamos a asimilar los umbrales demenciales de la violencia, Margolles colocó la atención dónde debía estar. Cualquier otra cosa resultaba trivial, escenográfica. Había que hablar de la violencia.
Una década ha pasado. Los gobiernos se han negado a hablar de ella. Sociedad y medios ponen y quitan atención. La potencia con la que movilizó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nos regresó a lo relevante. Los casos de los 72 migrantes en San Fernando y los normalistas de Ayotzinapa también lo hicieron. Sin embargo el diálogo, la reflexión y la exigencia se diluyen rápidamente.
Pablo Ferri, en una nota periodística en El País del pasado 20 de abril sobre el hallazgo de 36 fosas en un predio en Veracruz nos lo vuelve a recordar: “No ha sido la gran noticia de la semana en México. Se ha escrito sobre el hallazgo, pero no ha sido objeto de debate en las tertulias radiofónicas, ni ha ocupado espacio en las celebradas columnas de opinión de los diarios. Como si se diera por hecho que lo que ocurre ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Como si no hubiera mucho más que contar que lo que ya se ha contado decenas de veces”. Ferri nos regresa a la pregunta de Margolles. En efecto, ¿de qué otra cosa podríamos o deberíamos hablar?
Cualquiera de las notas de los últimos días pondría de cabeza a medios y sociedad sanos:
-Un predio con 36 fosas clandestinas en Veracruz en una búsqueda que tan solo lleva el 10% del predio.
-Masacre en Minatitlán donde fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un bebé, en un salón de fiestas.
-Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, informó que en lo que va de la presente administración federal se han encontrado más de 100 fosas clandestinas con diferente número de cuerpos en estados como Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, y Veracruz.
Este debe ser el debate público, por más crudo que sea. La exigencia a las autoridades debe ser sin descanso y centrada en la violencia, la justicia, la verdad, la seguridad y la búsqueda. Todas ellas. No, en México la discusión es sobre el día a día de la mal llamada conferencia de prensa matutina del Presidente.
Hablando de la búsqueda de personas desaparecidas y la crisis forense, solo como ejemplo, el Presidente afirmó que habría recursos ilimitados. Mientras tanto, en Twitter el Colectivo Solecito de Veracruz anunció que estarán vendiendo comida en la playa durante Semana Santa para recaudar fondos.
El gobierno federal pretende que la crisis forense sea resuelta con una Comisión Nacional de Búsqueda de tan solo 43 personas. Este mes se cumplió un año en que el gobierno (de dos administraciones) dejó de reportar cifras de personas desaparecidas. Urge un censo de fosas (el trabajo periodístico de Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati reporta 2 mil), de fragmentos óseos (tan solo en Patrocinio, Coahuila y el Ejido Las Abejas, Nuevo León hay cerca de medio millón), de cuerpos en forenses (Darwin Franco reportó la incineración de 1,559 cuerpos en Jalisco), de fosas clandestinas del Estado (por ejemplo Tetelcingo y Jojutla en Morelos), de personas desaparecidas (sabiendo cómo operaba el registro anterior, la cifra de 40 mil es muy inexacta). El modelo federal de búsqueda y reparación no funciona ya que el problema es nacional. Este modelo solo sirve a políticos que quieren evadir responsabilidad sobre la grave crisis diluyéndola en las entidades federativas.
La búsqueda no se podrá realizar sin los análisis de contexto que generaría una Comisión de la Verdad nacional. Sin justicia no habrá seguridad. Una guardia nacional militarizada no es la solución. Pero este gobierno apuesta por descargar en los militares la seguridad, por “punto final” y “perdón y olvido”, por pretender resolver casos emblemáticos y no desmantelar redes criminales, de corrupción y de protección política.
La estrategia del Presidente es otra. Afirmar sin sustento que la violencia disminuye o que terminó la guerra. Culpar a otros y polarizar a la sociedad. En un tuit de la cuenta personal del Presidente del pasado 20 de abril encontramos que según él: “Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción…”.
Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados.
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de abril de 2019
No, Sr. Presidente. Quien calla y ofrece impunidad es su gobierno. Quien se niega a desmantelar a esas redes es su gobierno al negar verdad y justicia. Quien simula es su gobierno. Quien pisotea los derechos a la consulta previa de los pueblos indígenas es su gobierno. Quien incita a la polarización es su discurso. Quienes trabajaron por documentar y combatir la corrupción y las violaciones graves a derechos humanos fueron colectivos de víctimas, periodistas, organizaciones de sociedad civil y órganos autónomos como la CNDH. ¡Basta! Los niveles de violencia son alarmantes, la impunidad absoluta. La emergencia nacional exige trabajar seriamente y en conjunto, sociedad y gobierno.
De esto deberíamos estar hablando gobierno, sociedad y medios. Esta es la agenda y evadirla es criminal. El resto es escenográfico. ¿De qué otra cosa podríamos hablar?
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.