Emilio Lozoya finalmente se sentará en el banquillo de los acusados. Se acabaron los pactos de colaboración, la promesa de entregar a un pez más gordo y los privilegios que lo alejaron de la cárcel durante años. Después de casi cuatro años de estira y afloja, la paciencia de las autoridades se agotó. La Fiscalía General de la República (FGR) pide 46 años de cárcel contra el antiguo director de Petróleos Mexicanos (Pemex) por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. La madre del político priista, el principal implicado por la trama de Odebrecht en México, se enfrenta a 21 años en prisión por asociación delictuosa y uso de recursos ilícitos. El proceso judicial, abierto esta semana, es la prueba de fuego más importante de todo el sexenio para una Fiscalía cuestionada y urgida de resultados y para un Gobierno que llegó al poder con la consigna de acabar con la corrupción del antiguo régimen.
El viaje de Emilio Lozoya comenzó hace más de una década. Tras 12 años de alternancia política, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) allanó el terreno para volver a la presidencia en 2012 y catapultó a Enrique Peña Nieto, un hombre joven, guapo y fotogénico, para relanzar la imagen de la formación tricolor. El nuevo PRI era una camada de hombres y mujeres listos para liberar al partido del viejo fantasma del autoritarismo y la corrupción, que lo acompañó durante más de 70 años ininterrumpidos en el poder. “Hoy queremos pedirte que este 1 de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México”, afirma Peña Nieto en uno de sus spots más conocidos. Lozoya, nombrado coordinador internacional de la campaña priista, aparece prácticamente en el siguiente cuadro, abrazado de sus compañeros y a un par de metros del candidato. “México va a cambiar, ¿no es así jóvenes?”, pregunta el jefe. “¡Sí!”, responde al unísono todo el equipo de trabajo, antes de explotar en aplausos.
El papel de Lozoya no se limitaba a posar en la propaganda del partido ni a la comunicación política. Como encargado de asuntos internacionales negoció con Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, para que apoyara la campaña bajo la promesa de ser favorecido con contratos públicos cuando Peña Nieto llegara al Gobierno. El consorcio entregó cuatro millones de dólares durante la carrera por la presidencia y seis millones más cuando Lozoya fue premiado con la dirección de Pemex, la empresa estatal que tenía el monopolio sobre la riqueza petrolera del país. Así lo dijo Luis de Meneses, el jefe de Odebrecht, a las autoridades de Brasil y así lo reclamó la FGR en la causa judicial.
Durante la presidencia de Peña Nieto se impulsó el Pacto por México, un frente amplio entre el PRI y las dos fuerzas de oposición más importantes, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática, de izquierdas. La idea era unir esfuerzos para sacar las principales reformas en el país. Lozoya, que ya tenía la relación con Odebrecht, aseguró que entregó sobornos millonarios, parte de los 10 millones de Odebrecht, para cerrar el acuerdo en 2014 y aprobar la Reforma Energética. El alfil priista declaró después ante las autoridades que dio más de 52 millones de pesos al PAN y que Luis Videgaray, la mano derecha del presidente, le ordenó que entregara directamente 6,8 millones de pesos a Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados y después candidato panista a la presidencia en 2018.
La trama de sobornos de Odebrecht se expandió por toda Latinoamérica. En marzo de 2016, la justicia brasileña condenó a casi 20 años de cárcel a Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía. Lozoya dejó su cargo en Pemex un mes antes, el 8 de febrero de ese año. Cuando explotó el escándalo, que embarró a expresidentes y altos cargos por toda la región, él bajó el perfil. Ya para entonces empezaba a sonar otro caso de corrupción, el de la compra de una planta chatarra de fertilizantes con sobreprecio en 2014, en una trama que después se conoció como Agronitrogenados. “En el caso de Lozoya hay protección clara y manifiesta de Peña Nieto, porque no solo es el asunto de Odebrecht, hay otros negocios que hicieron juntos”, dijo Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía era candidato presidencial, en febrero de 2018. López Obrador se comprometió a que se aplicara todo el peso de la ley, aunque aseguró que no era una venganza. Asumió el poder en diciembre de 2018.
Lozoya fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año. “Nos interesa la verdad en todo porque tenemos que acabar con la corrupción, arrancar de raíz la corrupción”, dijo López Obrador el 15 de julio, unas horas antes de que aterrizara el avión con el acusado. “Es el principal problema de México, peor que una pandemia”, agregó. Para evitar la cárcel, Lozoya trató de amarrar en agosto un polémico acuerdo con la FGR que lo convirtiera en una especie de testigo colaborador o protegido. Y lo logró. El exdirector de Pemex decía que estaba listo para confesarlo todo y apuntar con el dedo a la cúpula priista, incluido el expresidente Peña Nieto y a Videgaray. A finales de ese año, Videgaray se mudó a Israel y la FGR intentó emitir varias órdenes de aprehensión, que fueron devueltas por el Poder Judicial. Peña Nieto obtuvo un visado dorado para establecerse en Madrid en octubre.
La colaboración de Lozoya con las autoridades prometía abrir la caja de Pandora. Así nació el llamado caso Lozoya, que puso en el radar a varios gobernadores, legisladores y políticos priistas y panistas. Pero las investigaciones se empantanaron, las dudas sobre las pruebas de Lozoya se multiplicaron y lo que se había vendido como el caso de más alto perfil en esta Administración daba visos de desmoronarse. Varios señalados se libraron gracias a errores procedimentales, pruebas endebles o deficiencias en las acusaciones de la Fiscalía.
La gota que colmó el vaso fue una serie de fotografías de Lozoya mientras cenaba en el Hunan, un lujoso restaurante de Ciudad de México, en octubre de 2021. La cena más cara del testigo estrella de la Fiscalía incluyó pato pekinés y un buen vino. Cuando las imágenes se filtraron a la prensa, medio país sentía que el exdirector de Pemex le estaba tomando el pelo a las autoridades y los ciudadanos. El escándalo fue tal que un juez ordenó semanas después que fuera ingresado en prisión preventiva.
“¿Vamos a quitarle la libertad a una persona porque le vieron comiendo en un restaurante?”, cuestionaron sus abogados para solicitar que no se aumentaran las medidas cautelares. Pero no sirvió de nada. “Yo fui un instrumento dentro de un aparato del Estado. He acusado ya a mucha gente, pero ellos están libres. Este es un caso muy complejo con muchos intereses. Pero la verdad muchas veces no le gusta a la gente”, declaró el propio Lozoya en una de las audiencias. La confianza estaba rota.
La batalla legal se agudizó. En enero del año pasado, Lozoya ganó un primer asalto y dio un primer paso para salir de prisión. Un juez refrendó la decisión de otorgarle libertad provisional por el caso Agronitrogenados, pero siguió en prisión por la causa de Odebrecht. Más tarde, el político ofreció pagar los 10 millones de dólares para librarse de la trama de sobornos, pero un juez desechó la oferta en abril. Sí pagó 2,6 millones de pesos para evitar un nuevo frente legal por fraude fiscal ese mismo mes.
El proceso se aletargó gracias a amparos y recursos presentados por los abogados de Lozoya. Para colmo, en junio de 2022 se filtraron en redes sociales varias conversaciones telefónicas supuestamente sostenidas entre el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el padre del acusado, Emilio Lozoya Thalmann. “Que se desista porque yo así no juego”, recrimina el fiscal a Lozoya Thalmann por las tácticas dilatorias de la defensa.
En julio, tuvo acceso a otras grabaciones que dieron cuenta cómo las autoridades apostaron por estrechar el cerco sobre Lozoya y amagaron con lanzar órdenes de aprehensión contra varios familiares. Según los audios, las negociaciones entre la familia del acusado y la Fiscalía se fraguaron en octubre de 2019, cuatro meses antes de su detención en España. Incluso después de sellar el acuerdo y pactar que permanecieran en libertad después de ser extraditados, los abogados del exdirector de Pemex presentaron amparos, lo que provocó el enfado de Gertz Manero. “Yo no acepto dobles lenguajes”, dice el fiscal a Lozoya Thalmann en una de las llamadas que circuló en junio pasado, pero tiene fecha del 1 de noviembre de 2019.
El caso tomó tanto tiempo que se empapó de nuevas polémicas. En agosto, Carlos Treviño, exdirector de Pemex, denunció a Gertz Manero y lo acusó de obtener la confesión de Lozoya con tortura psicológica. En septiembre, el exsenador panista Jorge Lavalle, el único político que seguía en prisión por el caso Lozoya, consiguió la libertad provisional por motivos de salud. Los últimos meses trascurrieron entre amagos de llegar a acuerdos reparatorios y soluciones de último minuto por las causas de Odebrecht y Agronitrogenados. El juicio por la compra de la planta chatarra de fertilizantes se aplazó, por ejemplo, tres veces en el último año. La última vez fue a principios de enero de 2023.
Por eso, la decisión de abrir el caso por Odebrecht atrae todas las miradas. Tras una audiencia de siete horas el lunes, el juez rechazó 22 de las más de 60 pruebas que presentó la Fiscalía. Aceptaron siete de forma parcial y cinco en su totalidad. En cambio, las 28 pruebas que presentó la defensa y que la Fiscalía buscó derrumbar fueron admitidas, pese a la frustración de las autoridades.
Cada episodio ha sido un recordatorio de que el margen de error de la FGR es sumamente reducido. En el trasfondo están los reveses en casos como el de Rosario Robles, liberada de prisión después de tres años en agosto pasado, o las dudas sobre investigaciones que fueron mediáticas y que después se fueron difuminando, como las pesquisas contra Peña Nieto anunciadas ese mismo mes. Tras el fallo contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, en Nueva York, las autoridades se juegan mucho: la prueba de que el sistema de justicia puede castigar la corrupción y los delitos que alcanzan a lo más alto del poder en territorio mexicano, más allá de discursos políticos.
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