La comisionada Alejandra Palacios explicó el modus operandi con el que contratistas del IMSS e ISSSTE causaron al erario un daño por al menos mil 200 millones de pesos.
Hace falta que instancias del estado mexicano como la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República también investiguen los casos de colusión para poder sancionar con la inhabilitación a empresas que dañan al erario en las compras públicas, dijo Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).
“Hemos señalado en varias ocasiones que sería interesante que una causal tenga la inhabilitación de las empresas ”, agregó; “nosotros no podemos inhabilitarlas, aun cuando demostremos estos daños y sanciones”.
En entrevista con Aristegui en Vivo, Palacios habló sobre la multa impuesta a empresas e individuos que se coludieron durante años para proveer servicios al IMSS e ISSSTE.
De acuerdo con la investigación de la Cofece, las empresas Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece), Centrum Promotora Internacional (Centrum), Impromed, Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón), Dicipa, Grupo Vitalmex (Vitalmex), Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico, así como 14 personas físicas intercambiaron información para coordinarse a la hora de presentar propuestas y ganar contratos de servicios de estudios de laboratorio y de banco de sangre en licitaciones convocadas por IMSS e ISSSTE, entre 2008 y 2015.
El daño generado al erario fue de al menos mil 200 millones de pesos por el pago de sobreprecios que hicieron ambas instituciones de salud en ese periodo, estableció la Cofece, por lo que impuso a las empresas involucradas multas que en conjunto suman 626 millones 457 mil pesos.
De acuerdo con Palacios, la multa es de la mitad del daño causado, porque la ley de competencia económica aplicable en ese caso tiene un tope en las sanciones y que no puede superar el 10% de los ingresos de las empresas sancionadas.
Por el año en que inició la conducta, la aplicable es la ley previa a 2014, pues de acuerdo con la surgida de la reforma de ese año y que rige actualmente les habría correspondido una multa más alta y los funcionarios que intervinieron habrían quedado inhabilitados para trabajar en las instituciones por un tiempo.
Palacios dijo que con relación a la última adjudicación de contratos relacionados con los servicios de laboratorio y bancos de sangre no tienen elementos de que haya habido colusión, pero si la hubiera la Cofece iniciaría una nueva investigación.
Modus operandi
La investigación que concluyó con la multa a 11 empresas proveedoras de estudios de laboratorio y banco de sangre comenzó con una denuncia de sospecha de colusión hecha hace años por el IMSS ante la Cofece.
La investigación encontró que desde 2008 estas empresas, supuestas competidoras, en una especie de pacto de no agresión se repartían el mercado en función de su capacidad instalada, para lo cual definían en cada concurso un sobreprecio alto por los servicios, así como al que sería el ganador en cada caso.
Y definían también a los que harían las propuestas perdedoras para simular competencia, como es ofrecer un precio todavía más alto, no cubrir todos los requerimientos técnicos de la convocatoria o no presentarse al concurso, explicó Palacios.
Al final, lo que hay es un ganador que obtiene el contrato con un precio inflado, y que en posteriores licitaciones o en otros tramos de la misma licitación deja el turno para que otro integrante del pacto gane el concurso.
“Lo que encontramos son sobreprecios, en algunos concursos de 6% y otros hasta de 58%””, dice la comisionada presidenta de la Cofece.
Ese pacto se prolongó durante siete años, lo que en el órgano antimonopolios llaman una conducta continuada.
Las irregularidades no se detectaron en años continuos sino en 2008, 2010, 2011 y 2015 debido a que se trata de contratos multianuales, diseñados así porque implican para el contratista establecer instalaciones dentro de las clínicas u hospitales públicos o en sus alrededores, explicó Palacios.
Las 11 empresas todavía pueden ampararse contra la sanción de la Cofece, pero por otro lado el pleno de la Comisión ordenó que se dé vista al IMSS, ISSSTE y la Secretaría de la Función Pública para los asuntos a que haya lugar.
“Sería interesante que se investigara si funcionarios públicos participaron o no en estos acuerdos, y el IMSS e ISSSTE podrán analizar si presentan denuncia por daños y perjuicios al erario”.
Palacios agregó que ojalá se dé seguimiento al asunto por otras vías.
¿Corrupción de funcionarios?
La Cofece no investiga hechos de corrupción, por tanto, no puede asegurar que funcionarios públicos hayan participado en la colusión de las empresas sancionadas; sin embargo, Palacios señaló que sería muy interesante que la Secretaría de la Función Pública revisara el caso y que la Fiscalía General de la República hiciera sus propias investigaciones de carácter penal, como sugieren algunas notas de prensa.
La comisionada presidenta destacó que en Cofece han sancionado varios casos de empresas que se ponen de acuerdo para vender caro al Estado mexicano en distintos mercados, incluido el de salud, y puso de ejemplo a los proveedores de guantes y sondas de látex.
“Es ilegal, tiene un impacto en el erario, son los impuestos de todos nosotros que se usan para que las empresas tengan mayores ingresos versus la posibilidad de ofrecer mejores servicios y bienes públicos a la población”, indicó.
Y llamó a que las distintas instancias del estado mexicano trabajen para cerrar estas vías de ilegalidad.