Decenas de refugiados rohinyás han demandado a Meta, la empresa anteriormente conocida como Facebook, por promoción del discurso de odio. Los demandantes exigen en tribunales de Estados Unidos y el Reino Unido una compensación de 150.000 millones de dólares (133.000 millones de euros) al considerar que la compañía no actuó para frenar la difusión por el algoritmo de la plataforma de Mark Zuckerberg en Myanmar (la antigua Birmania) de comentarios que contribuyeron a su persecución. En 2017, el Ejército de Myanmar lanzó una campaña de persecución y violencia contra los rohinyás, de religión musulmana, que la ONU calificó de “intento de genocidio”.
La demanda, presentada este lunes en San Francisco, Washington y Londres, señala que 2011 ―el año en el que Facebook llegó a Myanmar― marcó un punto de inflexión. La red social sirvió entonces para impulsar y diseminar una serie de comentarios que se acercaban al discurso de odio, incitaban a la violencia o desinformaban sobre este pueblo, perseguido y marginado desde hace décadas. En ellos, los rohinyás y otros musulmanes eran calificados de perros, parásitos y violadores, se sugería que sirviesen para alimentar a los cerdos o se llamaba a su exterminio.
El texto de la demanda coincide con las denuncias públicas que ha hecho en medio mundo Frances Haugen, una exempleada de la tecnológica que lleva meses desvelando cómo la empresa estadounidense toleraba contenido violento que servía de combustible en países con conflictos. “Los ejecutivos de Facebook eran plenamente conscientes de que las publicaciones del Gobierno de Myanmar contra la minoría musulmana de los rohinyás se estaban propagando ampliamente”, señala el texto de la demanda, que indica que la cúpula de la red social sabía desde hace mucho cómo los refugiados eran objetivo de la violencia. Hombres, mujeres y niños fueron quemados vivos dentro de sus hogares y escuelas. “Yo, trabajando para Facebook, había formado parte de un genocidio”, ha dicho en otros foros Haugen.
Parte de esta admisión de culpa llegó en 2018, cuando Zuckerberg y Sheryl Sandberg, la ejecutiva encargada de la operación de Facebook, admitieron que la red social pudo haber hecho más para impedir lo que la Organización de Naciones Unidas llamaba ya una “catástrofe de derechos humanos”. En noviembre de ese año, Facebook publicó un mea culpa afirmando que su plataforma había sido utilizada para “fomentar las divisiones e incitar la violencia en el mundo real”.
La denuncia por negligencia ha sido presentada por una refugiada que llegó a Estados Unidos tras abandonar Cox’s Bazar, en Bangladés. Allí, cuatro campamentos de refugiados albergaban cerca de un millón de personas hasta que sufrieron un incendio el pasado marzo. Los letrados señalan las operaciones militares que en 2016 y 2017 causaron al menos 10.000 muertos y provocaron el éxodo hacia Bangladés de unos 800.000 rohinyás.
Después del mensaje de admisión de culpa de 2018, Facebook reforzó y amplió un equipo que se centró en estudiar las publicaciones que se hacían sobre el conflicto en Myanmar. “Ahora estamos tomando acciones correctivas”, anunciaba la empresa. Desde entonces, la tecnológica invirtió en tecnología y especialistas para frenar las noticias falsas y la desinformación en la red social y en otros de los servicios que posee, como el sistema de mensajería WhatsApp e Instagram.
Los demandantes creen que esta acción llegó demasiado tarde. “A pesar del reconocimiento de culpabilidad… no ha pagado ni un centavo de compensación ni otra forma de reparación o apoyo a ningún superviviente”, afirma la abogada McCue Jury en una carta enviada a la sede de Facebook en Londres. Los abogados estadounidenses consideran que, a pesar de los esfuerzos de Meta, la desinformación continúa hasta el día de hoy en el país, víctima de un golpe militar en febrero pasado. La junta militar inició un proceso penal en contra de Aung San Suu Kyi, la exlíder de la nación asiática y Nobel de la paz de 1991, que ha sido condenada a dos años de prisión esta semana.
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