MIAMI – Mientras el gobierno del presidente Donald Trump en sus primeros días trataba de hacer aprobar políticas de inmigración más severas, al parecer calculó su posible impacto en la contienda presidencial de 2020, al tiempo que rechazaba las advertencias sobre la seguridad nacional realizadas por diplomáticos estadounidenses, de acuerdo con memos del Departamento de Estado dados a conocer el jueves.
Los documentos internos, publicados en un informe de senadores demócratas, ofrecen un vistazo de la división entre diplomáticos de carrera y un nuevo gobierno ansioso por poner fin a un programa de protección para cerca de 400,000 centroamericanos y haitianos que habían estado viviendo en territorio estadounidense sin autorización legal.
Ante los desafíos legales, el gobierno de Trump ha dado marcha atrás, y el mes pasado extendió por un año el llamado estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para migrantes mientras las cortes federales resuelven las disputas.
La aparente inyección de política electoral en lo que se suponía era una decisión de políticas sobre las protecciones humanitarias para los migrantes de algunos de los países más pobres y violentos del Hemisferio Occidental, vino del personal de planeación de políticas del entonces secretario de Estado Rex Tillerson, un grupo compuesto por personal de libre designación.
Eso contrasta con décadas de consenso bipartidista sobre el tema, así como con las advertencias de las Embajadas estadounidenses en El Salvador, Honduras y Haití de que el terminar el TPS avivaría un incremento en la delincuencia transnacional y la migración no autorizada, y afectaría la posición de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe.
“Un fin repentino del TPS para El Salvador socavaría la cooperación adicional para enfrentar las causas de raíz de la migración ilegal y superaría la capacidad del país para acoger a los refugiados”, escribió la entonces embajadora estadounidense Jean Elizabeth Manes en un cable de julio de 2017 a Washington, una de varias recomendaciones recibidas durante ese verano de parte de diplomáticos experimentados que se opusieron enérgicamente a la decisión.
Tales recomendaciones fueron respaldadas por quien ese entonces era el diplomático de carrera mayor rango del Departamento de Estado, quien fungía en ese momento como secretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, quien se mostró más tajante.
“Nuestro propósito es ofrecer el mejor consejo posible sobre política exterior y diplomacia”, escribió Shannon en una carta privada a Tillerson, la cual es citada en el reporte por el personal minoritario de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. “Desde mi punto de vista ese consejo es obvio: extender el TPS para los países indicados”, agregó.
Los argumentos al parecer cayeron en oídos sordos. En las siguientes semanas, el gobierno de Trump anunció que pondría fin al programa para los tres países, lo que daba a los inmigrantes 18 meses para salir de Estados Unidos, pese a que algunos de ellos habían vivido en territorio estadounidense durante dos décadas.
La decisión amenazaba con detonar una oleada sin precedentes de separaciones familiares en la que los padres que serían expulsados deberían elegir entre dejar atrás a cerca de 273,000 niños estadounidenses o exponerlos a la amenaza de ser reclutados por poderosas pandillas delictivas, como la MS-13 de El Salvador.
“El gobierno de Trump reiteradamente ha intentado usar la política exterior no para beneficio de Estados Unidos, sino para las metas políticas del presidente”, dijo el senador Bob Menéndez, el miembro demócrata de mayor rango de la Comisión de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa para presentar el reporte, el cual lleva como título: “Jugando a hacer política con las protecciones humanitarias: Cómo las aspiraciones políticas superaron la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de los beneficiarios del TPS”.
El Departamento de Estado no ha ofrecido comentarios sobre el reporte.
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