Todas las negociaciones se apuran al límite y hasta que el jueves próximo se vote la convalidación de la reforma laboral en el Congreso todavía todo es posible. De momento, estamos asistiendo a un agónico espectáculo político que parece dispuesto a poner en riesgo el pacto más relevante alcanzado en un país donde la palabra pacto vive tan anatemizada en la política que ha tenido que llegar de la mano de los agentes sociales. Lo que fue un éxito de tenacidad y capacidad negociadora —una inédita reforma laboral acordada entre Gobierno, sindicatos y patronal— se tambalea en los pasillos del Congreso, en viajes exprés a Barcelona y en cruces de condiciones y requisitos por parte de socios teóricamente fiables del Ejecutivo, como PNV y ERC. Da la impresión de que la excelente noticia de la reforma de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 haya dado pie a una frivolidad política que devalúa la trascendencia del acuerdo y no teme arruinarlo o, al menos, arriesgar hasta el límite su aprobación.
ERC, junto a otras formaciones nacionalistas (como EH Bildu, la CUP y el BNG), pide que la reforma sea tramitada como proyecto de ley con el fin de que las enmiendas puedan alterar el acuerdo, pero es exactamente eso lo que vulnera la esencia del pacto alcanzado. La patronal tiene sus propias tensiones internas y algunos sectores estarían encantados de poder salirse de un acuerdo adulterado con posterioridad a su aprobación. Por su parte, el PNV reclama —presionado por sus sindicatos afines— la prevalencia de los convenios vascos, con mejores condiciones que los estatales, mientras ERC usa sus votos bajo una doble presión: exhibir su capacidad negociadora frente a sus socios de gobierno en la Generalitat y, a la vez, lastrar el protagonismo de Yolanda Díaz en la negociación de la reforma. Los partidos minoritarios de izquierdas no quieren los votos de Ciudadanos, como si los votos quemaran, que daría su apoyo al texto buscando diferenciar su postura del no a todo del PP.
El tacticismo multipartito está poniendo en peligro una poderosa reforma laboral y el primer acuerdo sobre este tema en 40 años entre Gobierno, patronal y sindicatos. El cálculo electoralista es legítimo, pero en esta ocasión se trueca en una obstrucción contradictoria con una reforma inequívocamente ventajosa para los trabajadores. Ni siquiera es creíble que el electorado de ERC o de PNV pudiera ver con buenos ojos la ruptura de un acuerdo que reinstauraría la reforma del PP de 2012 y obligaría a renunciar a los logros que pretende la reforma: intentar remediar la precariedad salarial, el abuso de la temporalidad, la exclusión de los jóvenes, la asimetría en la negociación colectiva o el despido como palanca de ajuste, contrario a la eficacia de la protección del Mecanismo RED (que son los ERTE que perfecciona la reforma). Se volvería al viejo esquema del trabajo barato, precario y de baja calificación.
Cortocircuitar el actual acuerdo provocaría en cascada el declive de la legislatura al romperse abruptamente un capítulo esencial del programa de gobierno, y podría dificultar la recepción de los 70.000 millones de fondos de la UE. Asumir ese riesgo cargaría sobre el Gobierno de coalición una derrota que hasta hace dos semanas era un éxito de las izquierdas, nacionalistas y no nacionalistas. Es un precio desproporcionado y el retroceso sería incomprensible y muy difícil de justificar políticamente. Los partidos que hagan descarrilar este acuerdo, especialmente los que se reclaman de izquierdas, tendrán que explicar pormenorizadamente los beneficios que su ruptura proporciona a los trabajadores más precarizados y temporales de este país.
Source link