El despacho que defiende al abogado asegura que una llamada fue suficiente para iniciar la carpeta de investigación contra su cliente, en julio del año pasado, cuando fue detenido por otros presuntos delitos.
La defensa de Juan Collado afirmó que el proceso iniciado en Chihuahua, por presunto peculado de más de 13 millones de pesos, es parte de una estrategia de persecución política con la que el gobernador Javier Corral, construye su candidatura para la Presidencia de la República.
“Es una persecución política, por (parte del) Gobernador Javier Corral, con la finalidad de proyectarse una vez más a nivel nacional, ya que siempre ha querido que lo tomen en cuenta para en un futuro poder ser candidato por el PAN a la Presidencia de la República”, señaló.
De acuerdo con el diario Reforma, el despacho de Collado afirmó que el litigante es perseguido por defender a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, vinculado con el desvío de recursos de César Duarte al tricolor, por 250 millones de pesos.
“Por esta causa (el desvío de 250 millones al PRI) realizó un juicio mediático a nivel nacional, teniendo como consecuencia, la comisión de delitos por parte de él, del Fiscal del Estado, y del director del Penal en Morelos, Chihuahua, en contra de Alejandro Gutiérrez, como fueron denunciados ante la PGR los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad, toda vez que los mismos se realizaron para que el señor Gutiérrez declarara en contra de Luis Videgaray ex Secretario de Hacienda, y el ex Presidente Enrique Peña Nieto”
Agregó que César Jáuregui, anterior secretario de Gobierno de Corral, ordenaba a jueces y magistrados locales negar cualquier tipo de petición a Gutiérrez, así como llevar audiencias sin su presencia ni de la defensa.
“Sin que esto fuera suficiente, presionó, instigó a jueces de distrito y colegiados del circuito de Chihuahua, ya que, en su calidad de ex consejero del consejo de la judicatura, litigaba en forma ofensiva e ilegal en contra de los intereses de la defensa del imputado Alejandro Gutiérrez”, sostuvo.
Proceso inició con una llamada: defensa
La defensa reveló que el caso que ahora tiene procesado a Collado en Chihuahua inició con una llamada telefónica que recibió Corral -entre otros gobernadores del PAN y Morena-, por parte de unos abogados vinculados al Gobierno federal, quienes le solicitaron rastrear contratos con el litigante.
La carpeta de investigación inició en julio de 2019, cuando Collado fue detenido en la Ciudad de México por lavado de dinero y delincuencia organizada.
“(La llamada telefónica) fue suficiente para iniciar de forma inquisitoria en Chihuahua la carpeta de investigación”, aseguró.
“Es por lo anterior, que no se puede llevar a cabo un juicio, imparcial donde no se violen los derechos del abogado Collado en el Estado de Chihuahua como quedó demostrado en la inverosímil e ilegal vinculación a proceso de peculado”, indicó el despacho.
La defensa precisó que presentó a la Fiscalía de Chihuahua el contrato de asesorías legales que Collado prestó al Gobierno de César Duarte, sin embargo, la autoridad las consideró falsas.
“Los entregables se presentaron 5 meses posterior a la fecha prevista, sin tomar en cuenta que existió convenio modificatorio; y que los mismos ahora ya obran en los expedientes de la Secretaria de Hacienda”, dijo la defensa.
“Dichos entregables que fueron presentados, y de los cuales la Fiscalía Estatal tiene acuse de los mismos en donde se señalan en que se entregaron las consultas solicitadas, fueron desestimados por considerarlos apócrifos, toda vez que señalan que el sello es atemporal”.
Mencionó que la imputación se sustenta en testimonios que señalan que Duarte fue el autor de la simulación de dicho contrato, pagando los 13 millones para quedar bien con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, porque lo apoyaría a ser presidente del PRI, sin embargo, los defensores dicen que nunca les informaron la identidad de los declarantes.
Además, la defensa consideró que este proceso contra Collado es único en la historia del sistema jurídico del país, porque le atribuyen un desvío sin imputar a un servidor público.