La crisis de la covid-19 ha destacado la necesidad de afrontar un cambio estructural en nuestro modelo productivo, ambiental y social. Las instituciones gubernamentales han planteado, con atino, la recuperación económica de la crisis post-pandémica no solo con el objetivo de reactivar la economía, sino también con una visión transformadora que modifique las estructuras de un modelo que nos llevaba al colapso. La orientación de la recuperación debería tener tres pilares: cohesión social, sostenibilidad ambiental y cambio del modelo productivo (basado en las herramientas de la última revolución tecnológica). El paquete de estímulo Next Generation EU y el European Green Deal van en esa dirección.
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Como hemos visto estos meses, uno de los elementos esenciales para dicha transformación pasa por redefinir el modelo de movilidad. Las urgencias relacionadas con las emisiones, el impacto de las nuevas tecnologías en el modo de producción y consumo y la voluntad ciudadana de recuperar el espacio público representan los retos esenciales para las administraciones y las empresas.
En este sentido, algunas ciudades han empezado a replantearse la organización urbanística y pensar en diseñar un nuevo modelo de movilidad que contribuya a hacer las ciudades más cómodas, habitables y ambientalmente más saludables y sostenibles. El modelo de la ciudad de los 15 minutos, que aspira a una policentricidad en la que un residente pueda llegar a todo lo que necesita en un cuarto de hora a pie o en bicicleta, ejemplifica este cambio.
Este cambio resulta esencial para el cumplimiento del objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea para 2050 que requiere de una reducción del 90% en las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte. Las ciudades, que representan el 40% del transporte total por carretera en la UE, tienen un papel fundamental para la consecución del ambicioso objetivo. No solo son importantes emisores, sino los gobiernos municipales y otros actores de la ciudad también están promoviendo la transición hacia la movilidad sostenible.
Durante la pandemia, la necesidad de crear un transporte seguro y socialmente distanciado dio un impulso clave en muchas ciudades europeas. Medidas de urbanismo táctico como la introducción de nuevos carriles bici, áreas peatonales y zonas de tráfico reducido se implementaron en un tiempo récord. Sin embargo, ahora el desafío es integrar estas medidas en la planificación de la movilidad urbana a más largo plazo para cumplir el objetivo climático intermedio de la UE de reducir las emisiones en al menos un 55% de aquí a 2030.
Hay dos frentes principales en los que las ciudades europeas están trabajando para crear sistemas de movilidad sostenibles a largo plazo: innovación urbana y la relación entre lo público y lo privado
Hay dos frentes principales en los que las ciudades europeas están trabajando para crear sistemas de movilidad sostenibles a más largo plazo: la experimentación e innovación urbana y establecer un nuevo marco relacional público-privado.
En relación a lo primero, se requiere un cambio en el tejido físico de la ciudad y cómo las personas y vehículos se mueven por ella para reducir la contaminación del aire y la congestión. Las medidas principales aquí son, por un lado, las zonas de tráfico reducido, como las Superilles de Barcelona que dan prioridad a los peatones y otras formas de transporte activo, y que están demostrando un éxito en muchas ciudades, haciéndolas más habitables y saludables.
Por otro lado, están las políticas para restringir la circulación de automóviles privados. En los últimos años se han multiplicado las zonas de bajas emisiones (ZBEs) en muchas ciudades europeas, como en Madrid en 2018 y en Barcelona en 2020. Además, algunas urbes como Londres, Estocolmo y Milán han dado un paso más allá y han introducido peajes por congestión que se aplican a todos los vehículos que entran y salen de la ciudad. Datos recientes muestran que si bien ambas políticas son efectivas para combatir la contaminación, sólo los peajes logran reducir la congestión.
Pero la transición va mucho más allá de intervenciones en el tejido urbano. La revolución tecnológica será esencial para establecer nuevas formas de producción y consumo y estructuración de la movilidad. Efectivamente, la disminución de la necesidad de la presencia física en las tareas productivas y de consumo pueden representar un aporte empírico significativo de los meses de pandemia en la reducción de la movilidad y las emisiones y dejan unas lecciones y pautas adquiridas de valiosa importancia.
La revolución tecnológica será esencial para establecer nuevas formas de producción y consumo y estructuración de la movilidad
Asimismo, la economía de plataforma ha de permitir diseñar un modelo de transporte basado en la demanda efectiva. Así, se está trabajando para crear la arquitectura de la movilidad del futuro. Los elementos clásicos de esa relación parecen obsoletos para los nuevos tiempos. Nuevas necesidades orientadas hacia un transporte colectivo por encima del particular y nuevos operadores como las cooperativas de movilidad o las empresas de plataforma con nuevas tecnologías suponen un cambio de paradigma en el que la Administración no puede quedarse atrás.
La nueva realidad se configurará también a partir de las características de los operadores. La sostenibilidad y la inclusión social no pueden ser fuente de transformación si las empresas no lo adoptan en su función de producción. Las implicaciones laborales y de justicia empresarial también deberían formar parte de la ecuación.
Un buen liderazgo de la Administración debe ser un pilar básico para alcanzar estándares efectivos y satisfactorios en la cohesión social y territorial. La movilidad es una de las piezas esenciales del gran engranaje de cambio que requiere nuestra actual sociedad; se hace necesario administraciones proactivas, abiertas e innovadoras, que busquen en el operador un aliado eficaz para dicha transformación. Flexibilidad, transición energética e impacto social van a ser los elementos por donde van a ir los requerimientos
A España le corresponden casi 70.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación. Más del 30% de estos irían a la industria de la movilidad, la construcción y la Administración Pública. Es una buena oportunidad para acercarnos al nuevo mundo que pretendemos construir.
Hannah Abdullah, investigadora sénior del Programa Ciudades Globales de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) y Eloi Serrano, director de la Cátedra de Economía Social Tecnocampus – Universidad Pompeu Fabra y investigador asociado del CIDOB.
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