Denver – La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) de Colorado presentó una demanda contra el Distrito Escolar del Condado Douglas, el alguacil del Condado y varios Oficiales de Recursos Escolares (ORE) después de que esposaron agresivamente a un niño hispano de 11 años con autismo y lo dejaron en una patrulla durante horas, provocando que se golpeara la cabeza repetidamente y sufriera heridas.
Sin buscar atención médica, los oficiales llevaron al niño a un centro de detención de menores y lo pusieron bajo custodia hasta que sus padres pudieran pagar una fianza de $25,000, de acuerdo con la demanda.
ACLU de Colorado está demandando al distrito y a los oficiales involucrados en este caso, por violar los derechos del estudiante bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Cuarta Enmienda.
“Cuando lo vimos, tenía la frente y los brazos tan hinchados y amoratados”, dijo su madre, Michelle Hanson. “A.V. no se golpea la cabeza debe haber estado extremadamente desregulado. Después de que lo sacamos del problema, no comía, no hablaba. A.V. estaba está definitivamente traumatizado. Todos lo estamos”.
El 29 de agosto de 2019, todo comenzó presuntamente cuando un compañero de clase en el Sagewood Middle School escribió sobre él con un marcador y el asistente de la clase no intervino. El pequeño forma parte de un aula de necesidades afectivas y tiene un plan de educación individual (PEI) que describe las adaptaciones necesarias y los posibles desencadenantes, como el tacto.
Sandra Janet Sánchez Gómez detalló a medios como Rolando Armando Hernández, su pareja sentimental y padrastro de su hijo de dos años, le confesó cómo había lastimado a su pequeño, Arnoldo Saúl, mientras ella efectuaba algunas compras el 17 de febrero en San Cristóbal de las Casas, México.
A.V. se enojó y golpeó al otro estudiante con su lápiz. Aunque el niño abandonó el aula voluntariamente después de esto y se estaba calmando con la ayuda del psicólogo de la escuela, los oficiales escolares insistieron en intervenir y una situación que podría haberse manejado de manera constructiva se convirtió en un asunto criminal.
“A.V. ha sufrido tanto física como emocionalmente como resultado de las violaciones de sus derechos por parte de los ORE,” dijo Arielle Herzberg, Abogada de Personal de la ACLU de Colorado. “El Distrito Escolar del Condado Douglas y la Oficina del Sheriff tienen un patrón y una práctica de que sus oficiales manejan mal situaciones que involucran a estudiantes con discapacidades y los atrapan innecesariamente en el sistema legal penal. Esposar a los niños nunca debe usarse como administración del aula y hacer que los padres paguen miles de dólares en fianza para que regresen a salvo es inaceptable.”
ACLU afirma que el condado Douglas tiene historial de poner desproporcionadamente a niños con discapacidades y niños de color en restricciones y aislamiento, y remitir a estos estudiantes a las fuerzas del orden.
“En todo Estados Unidos y aquí en Colorado, los estudiantes, particularmente los estudiantes de color y los estudiantes con discapacidades, están experimentando un daño significativo a manos de los ORE con el pretexto de la seguridad escolar,” dijo Jack Robinson, abogado colaborador de la ACLU de Colorado.
“Estas experiencias de fuerza excesiva y prejuicios implícitos están causando traumas a los estudiantes y sus familias, a menudo en los años venideros, y están reforzando el flujo de la escuela a la prisión. Los niños como A.V. no necesitan esposas ni cargos criminales; necesitan compasión y comprensión de las necesidades de los estudiantes con discapacidades”.
Los oficiales involucrados trabajan para el Sheriff del condado de Douglas. Ninguno fue sancionado en el caso de A.V. y por el contrario, el ORE Sidney Nicholson fue elogiado por su manejo de la situación. Se consideró que había completado su entrenamiento ORE y se recomendó que lo cambiaran a la condición de solo unos días después del incidente.
Solo meses después de esposar a A.V., ORE Nicholson repitió su comportamiento, esposando a un niño de 12 años con discapacidades. Al igual que con A.V., dejó a ese niño esposado durante horas. En ambos casos, las acciones de los oficiales dieron como resultado que se presentarán cargos penales innecesarios contra los niños.
Las políticas del alguacil del condado Douglas establecen que todos los oficiales están capacitados para reconocer la salud mental y las condiciones relacionadas, incluido el autismo, y están capacitados en técnicas de calmar situaciones. Pero, según ACLU, los OREs reciben poca o ninguna capacitación sobre cómo interactuar con estudiantes con discapacidades y cómo mantenerlos seguros.