Mientras estados y ciudades debaten si recibir o no a más refugiados en sus comunidades, tres organizaciones demandaron el jueves al gobierno del presidente Donald Trump por la orden ejecutiva que permite que funcionarios locales rechacen a los refugiados.
La demanda presentada por tres agencias de reasentamiento en un tribunal federal de Maryland afirma que, con la orden ejecutiva, miles de refugiados podrían no reunirse con sus familias ni ser ubicados en comunidades en donde puedan prosperar.
Trump emitió la orden en septiembre cuando también redujo la cantidad de refugiados permitidos en el país de 30,000 en 2019 a 18,000 en 2020, el número más bajo desde que el Congreso aprobó la Ley de Refugiados en 1980.
La orden requiere que estados y ciudades den su consentimiento escrito antes de reubicar refugiados, otorgando a los gobernadores y alcaldes la decisión de qué tan acogedores quieren ser.
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Desde la orden, al menos cinco estados han indicado que aceptarán a refugiados y ningún gobernador ha dicho que planeen utilizar la nueva autoridad para rechazarlos. Pero incluso si los gobernadores permanecen en silencio, las agencias no podrán reubicar a los refugiados en esos estados.
Las agencias han batallado para obtener el consentimiento escrito de funcionarios locales, pero dicen que el Departamento de Estado no ha especificado qué funcionarios deben entregarlo: si el alcalde, la junta de supervisores del condado o el gobernador.
Asegurar el consentimiento a nivel local es particularmente complicado en estados como Pensilvania, en donde un solo un condado tiene 130 municipalidades.
La demanda fue entablada por el organismo judío-estadounidense HIAS, el Servicio Mundial de Iglesias y los Servicios Luteranos de Inmigrantes y Refugiados.
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Las agencias, tres de las nueve que trabajan con el gobierno federal para reubicar a refugiados en EEUU, pidieron a la corte que detuviera la orden.
La orden de Trump afirma que las agencias no se coordinaban con funcionarios locales para reasentar a refugiados y que su gobierno actuó para respetar a las comunidades que considera no tienen los empleos o recursos para recibir a refugiados.
Los refugiados tienen el derecho de moverse a cualquier lugar en EEUU tras su reasentamiento inicial, pero por sus propios medios.
Estados conservadores como Texas y Tennessee demandaron en el pasado para detener el reasentamiento de refugiados, pero no han indicado su postura desde que se emitió la orden.
Decisiones sobre TPS habrían sido por beneficio político
El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, dijo el martes que su estado seguirá recibiendo a refugiados siempre y cuando las jurisdicciones locales estén de acuerdo.
“El gobernador considera que debe ser una decisión local”, dijo Mike Nowatzki, vocero de Burgum.
Las agencias afirman que ya trabajaban de cerca con funcionarios locales y que la política sólo agrega obstáculos al proceso.
Con la orden se podría desmantelar el programa de reasentamiento que lleva 40 años y que, desde hace mucho tiempo, ha recibido apoyo de ambos partidos y fue considerado un modelo para proteger a las personas más vulnerables del mundo por su estrecha coordinación con las comunidades que recibían a los refugiados, indicaron los defensores.
“Simplemente hay confusión masiva”, dijo Mark J. Hetfield, presidente y director general de HIAS.
El director de la sucursal de HIAS en Pittsburgh se “jala los cabellos porque no está claro de quién obtener la forma de consentimiento”.
Comunidades que van desde Knoxville, Tennessee, hasta Holland, Michigan, han votado unánimemente para recibir a refugiados.