El incumplimiento de las tasas de reciclaje y reutilización de los residuos urbanos va camino de transformarse en otro más de los expedientes que la Comisión Europea ha abierto a España por ignorar normas medioambientales. Una directiva de 2008 establecía que para 2020 el 50% de los residuos municipales de todos los miembros de la UE debían tratarse para la reutilización y el reciclado. Sin embargo, la tendencia de los últimos años no sitúa a España en esa senda y 16 organizaciones ecologistas y sociales han presentado una demanda ante la Comisión Europea contra el Gobierno.
El último dato oficial disponible para España —que aparece como estimado en Eurostat, la oficina estadística de la UE— sitúa la tasa de reciclaje y reutilización de los residuos municipales del país en el 34,7% en 2019, más de 15 puntos por debajo del objetivo fijado para 2020. Pero el problema no es solo esa gran distancia, sino la tendencia que se observa en los últimos años, como explica Carlos Arribas, miembro de Ecologistas en Acción, una de las ONG denunciantes. En 2017 la tasa estaba en el 36,1% y un año después cayó al 34,8%. Y en el 2019 se estancó en ese 34,7%.
La demanda, que se presentó el 5 de febrero, ya ha sido recibida en la Comisión Europea, que acaba de comunicar que inicia su estudio para determinar si abre un expediente contra España. A la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión ni mucho menos le resultará desconocido este caso. Porque Bruselas ya ha advertido al Gobierno de que no estaba en la senda para cumplir en dos ocasiones, en 2015 y en 2018.
La última “alerta temprana” que elaboró la Comisión situaba a España entre la decena de “Estados miembros en riesgo de incumplir el objetivo para 2020″. El escrito es de 2018, pero partía de los datos de 2016: “El porcentaje de reciclado de residuos municipales (incluido el compostaje) notificado por España a Eurostat era del 30%, mientras que su tasa de vertido era del 57%”. En ese momento, la Comisión señalaba que “el lento progreso” de aumento de las tasas de reciclaje “se debe a la falta de armonización entre comunidades autónomas respecto de la obligación de recogida separada”, y ponía como ejemplo que la obligación de la recogida de la basura orgánica no estaba generalizada en todo el país. También apuntaba como motivo de esa lenta evolución a “la falta de instrumentos económicos” nacionales, como impuestos sobre el vertido y la incineración.
“El Estado español no ha desempeñado prácticamente ninguna de las recomendaciones ofrecidas en los informes oficiales realizados por la Comisión Europea”, apunta la demanda presentada ante Bruselas, de la que también forman parte otras organizaciones como Greenpeace, Amigos de la Tierra y el sindicato USO. “Así, el Estado español no ha impuesto un sistema de recogida selectiva obligatoria de biorresiduos, no ha introducido un régimen fiscal armonizado sobre la eliminación de residuos, ni ha impuesto tasas municipales de residuos obligatorias, entre otras medidas sugeridas”, añade el escrito. “No hay políticas nuevas”, incide Arribas. “Y, si no hay cambios fundamentales, lo lógico es que la tendencia continúe”, dice sobre el probable incumplimiento del objetivo del 50% para 2020, aunque los datos oficiales aún no estén disponibles.
Ley de residuos
Las organizaciones denunciantes han hecho referencia este jueves también a la ley de residuos que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica. El Consejo de Ministros aprobó en junio un primer anteproyecto que prevé, entre otras medidas, un impuesto sobre los envases plásticos. Sin embargo, estas ONG consideran que el texto que se está tramitando se queda corto y puede ser una oportunidad perdida para mejorar las tasas de reciclaje, que durante esta década deberán crecer todavía más, según las nuevas obligaciones fijadas por la Comisión.
“El anteproyecto no está a la altura”, ha sostenido Adriana Espinosa, de Amigos de la Tierra. “Pero puede suponer una oportunidad”. Entre las recomendaciones concretas que hacen estas ONG está, por ejemplo, desarrollar la recogida y reutilización de los residuos orgánicos. Además, insisten en la necesidad de que se cumpla verdaderamente con la “responsabilidad ampliada del productor” con la implantación de sistemas de depósito devolución y retorno de envases.
Aunque las competencias sobre la gestión de los residuos están en manos de las comunidades autónomas, las organizaciones que han presentado esta demanda sostienen que la falta de un marco estatal ambicioso está frenando el aumento de las tasas de reciclaje en España.
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