Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Ríodoce lanzaron un mensaje al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: “justicia a medias no es justicia, es impunidad”.
A tres años del asesinato del periodista de investigación Javier Valdez en Sinaloa, organismos defensores de la libertad de expresión y el semanario Ríodoce -para el cual trabajó-, denunciaron negligencias y retrasos en la impartición de justicia sobre el crimen.
En un comunicado conjunto emitido por Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), y Ríodoce, las agrupaciones y el medio de comunicación demandaron castigo para los autores intelectuales del asesinato.
Valdez fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa.
En el comunicado, las organizaciones y Ríodoce sostuvieron que, tras el crimen, la familia del periodista fue víctima de desplazamiento forzado.
“Debido a negligencias y retrasos, aún no se ha hecho justicia plena: sólo uno de los autores materiales del asesinato del periodista ha sido sentenciado. Las organizaciones que representamos y acompañamos el caso recordamos que es fundamental que los autores intelectuales sean juzgados.
“El 15 de mayo se cumplen tres años del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas“, dice el texto.
#México Hoy se cumplen 3 años sin #JavierValdez– “Justicia a medias no es justicia, es impunidad”- Comunicado @RSF_esp, @CPJAmericas, @Riodoce_mx, @PropuestaCivica : https://t.co/x1t7qA16Cu pic.twitter.com/BJhVVloXxg
— RSF en español (@RSF_esp) May 15, 2020
Aunque se han registrado avances, dice el documento, la justicia sobre el caso se “hace a cuentagotas”.
“Aún no se ha resarcido el daño a las víctimas. Las negligencias de las autoridades y los retrasos en el proceso hacen temer que una vez más los responsables del crimen gocen de impunidad”, señalaron en el comunicado.
A la fecha, sólo ha sido condenado uno de los autores materiales, sostuvieron.
“El 27 de febrero de 2020 en una audiencia pública un juez federal sentenció a Heriberto Picos Barraza, alias ‘el Koala’ –quien admitió su participación en el crimen–, a 14 años 8 meses de prisión. No se permitió a las víctimas del crimen cuestionar los años de prisión impuestos al acusado, a pesar de que era su legítimo derecho.
“Aún queda pendiente el juicio de otro autor material, Juan Francisco ‘N’, ‘El Quillo’, quien se encuentra en prisión preventiva. La familia de Javier Valdez Cárdenas todavía espera que se celebre su audiencia intermedia, y el juicio oral en el que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) deberá sustentar su acusación con pruebas suficientes”, dice el texto.
Las organizaciones acusaron a la FEADLE de “negligencias” que “han puesto en evidencia sus limitaciones para la investigación de homicidios de periodistas, en el caso concreto, se identificaron deficiencias para presentar pruebas que permitan esclarecer plenamente los hechos”.
“Tampoco se ha esclarecido el homicidio (a finales de 2017) de Luis Ildefonso Sánchez Romero, alias ‘el Diablo’, otro de los autores materiales del asesinato”, dice el documento.
En el comunicado, también criticaron la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“Lejos de ofrecer atención integral a la familia de Javier Valdez Cárdenas, (la CEAV) decidió de forma arbitraria –sin ningún fundamento legal– dejar de ofrecerle apoyo, revictimizándola.
“Asimismo, se ha negado a iniciar el proceso de reparación compensatoria a favor de las víctimas por la muerte de ‘el Diablo’, una negativa que es ilegal. Propuesta Cívica presentó por ello una demanda de amparo indirecto, que aún no se resuelve”, señalaron los organismos en el comunicado.
En el texto, las organizaciones lanzaron un llamado al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la justicia en el caso.
“Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Ríodoce recuerdan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que ‘justicia a medias no es justicia, es impunidad’.
“Por ello, piden al gobierno de México que adopte medidas efectivas para prevenir las agresiones a periodistas, la diligente investigación de los crímenes cometidos contra ellos debido a su labor informativa y que se juzgue a los responsables y se ofrezca reparación a las víctimas”, dice el documento.
En un listado de peticiones, los organismos y Ríodoce plantearon que, desde la FEADLE, se deben realizar investigaciones que permitan la vinculación a proceso y la extradición de Estados Unidos a México de Dámaso López Serrano, alias “El Minilic”; capacitar a los agentes del Ministerio Público de la Federación, y actuar con diligencia en la investigación y con estricto cuidado en los procesos pendientes para que las sentencias sean contundentes.
López Serrano se entregó a autoridades estadounidenses en julio del 2017.
Al Poder Judicial de la Federación, los firmantes pidieron emitir la sentencia condenatoria escrita de Heriberto Picos Barraza; resolver el juicio de amparo indirecto 1669/2019 (ante el Juez Sexto de Distrito en materia penal de la Ciudad de México) contra el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV y realizar “cuanto antes” la audiencia intermedia de Juan Carlos N, alias “el Quillo”.
Al Mecanismo para la Protección de Periodistas y a la CEAV solicitaron actuar de forma coordinada y efectiva en la atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, y ofrecer atención integral y una mejor protección a la familia de Valdez.