Ante la muerte de 39 migrantes por el incendio registrado en una estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez; del responsable de Migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero; del representante local y noreste de la oficina de representación de Migración, Daniel Goray Yosioka, y demás servidores públicos y guardias privados involucrados en estos hechos.
La denuncia de hechos es para que se investigue la probable responsabilidad de todos estos servidores públicos en los delitos de detención ilegal, homicidio y lesiones en agravio de las 39 personas migrantes fallecidas, en su modalidad de comisión por omisión, por no permitir que los migrantes salieran de la estancia migratoria, a pesar de que tuvieron la oportunidad de hacerlo.
En el documento también se pide indagar otros delitos o conductas criminales que pudieran estar relacionadas con la muerte de los migrantes que estaban privados de su libertad como son corrupción y abuso de autoridad.
Para poder realizar la investigación con imparcialidad, las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), del Instituto para las Mujeres de la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), entre otras, exigieron la separación inmediata de su cargo del Comisionado de Migración, Francisco Garduño; y de los otros dos funcionarios más que pretenden imputar.
Esta medida cautelar es para evitar que estos funcionarios pudieran incidir u obstaculizar la investigación; además de que también se pide investigar el origen del incendio y en función de ello, el grado de responsabilidad penal de cada uno de los servidores públicos citados en la denuncia.
En el texto de la denuncia, las organizaciones de derechos humanos advierten que la investigación no se deberá limitar solamente al día del incendio, sino que deberá abarcar un análisis de las obligaciones que tienen los servidores públicos, incluyendo cualquier actuación que hubiera evitado la muerte de 39 migrantes y lesiones a 26 más.
“Es necesario insistir en que estas obligaciones no se reducen a aquellas que parece se incumplieron durante el incendio, sino también a aquellas previas que incluyen la supervisión y apego de los estándares mínimos para la detención de las personas migrantes, la selección, capacitación y supervisión del personal”, detalla la denuncia.
También se pide a la FGR verificar el cumplimiento de la normativa en materia de protección y la aplicación de protocolos para prevenir riesgos y evitar la muerte de los migrantes.
En la denuncia se da cuenta de que entre 2019 y 2022 ya se habían presentado situaciones de riesgo, conatos de incendio y motínes de migrantes en otros centros de detención migratoria con saldo de dos personas muertas en diversas entidades del país, por lo que era obligación del Comisionado de Migración, Francisco Garduño, diseñar un protocolo de apoyo a las personas en situación de movilidad en casos parecidos al de Ciudad Juárez, Chihuahua.
“La existencia de esas obligaciones es lo que permite establecer la calidad de garantes de los servidores públicos, lo que impone a la Fiscalía General de la República la obligación de investigar la posible comisión de delitos que implicaron la pérdida de la vida (homicidio) y la afectación a la salud (lesiones) de las personas migrantes, en su modalidad de comisión por omisión con fundamento en el artículo 7° del Código Penal Federal”, concluye la denuncia.
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