El
Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles la
creación de una nueva oficina especializada dedicada a la revocación de la ciudadanía
a inmigrantes que hayan cometido delitos graves tales como terrorismo, agresión
sexual, crímenes de guerra y “estafadores que obtuvieron la naturalización de
forma ilícita”.
La Sección de Desnaturalización de la División Civil estará centrada en investigar y litigar la desnaturalización en casos específicos, tarea que se sumará las secciones existentes dentro de la Oficina de Litigios de Inmigración de la División Civil: la Sección del Tribunal de Distrito y la Sección de Apelaciones, informó e DOJ en un comunicado en su página web.
El DOJ señala
en el comunicado que la Oficina de Litigios de Inmigración consiguió revocar la
ciudadanía en 95% de los casos; sin embargo, en los últimos años la cifra de nuevos
expedientes en aumento constate llevó al Gobierno a crear la división especializada.
“Es una
afrenta a nuestro sistema cuando un terrorista o delincuente sexual se
convierte en ciudadano estadounidense bajo falsas pretensiones. Y es ofensivo en
mayor medida para quienes son víctimas de estos criminales”, expresó el fiscal
general adjunto Jody Hunt.
“La Sección
de Desnaturalización fortalecerá los esfuerzos del Departamento para perseguir
a aquellos que obtuvieron el estatus de ciudadanía de forma ilícita y
garantizará que sean penalizados por su conducta fraudulenta”, agregó Hunt.
Si bien los
fiscales se enfocarán en casos de naturalizados que cometieron crímenes graves,
los oficiales también pondrán especial atención en aquellos inmigrantes que
obtuvieron la ciudadanía de forma fraudulenta, ya sea por un matrimonio
arreglado o al mentir sobre aspectos esenciales sobre su pasado o las condiciones
en las que llegaron al país.
Uno de los casos que el DOJ menciona para justificar la nueva oficina especializada está el de U.S. v. Lopez, No. 18-cv-00527 (D. Md.). El Gobierno revocó la ciudadanía que Moisés Javier López obtuvo en marzo de 2013 debido a que mintió sobre las acusaciones de agresión sexual de un menor entre 2011 y 2013.
El tribunal
determinó que, debido a que cometió los delitos antes de su naturalización, el
acusado carecía del buen carácter moral requerido por las leyes federales.
El
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) redobló esfuerzos desde 2017 para
reducir los fraudes migratorios por medio de diversos programas encabezados por
la oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) y la agencia
Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El endurecimiento de los procesos es
parte del plan implementado en 2019 por la administración de Trump para someter
a un escrutinio más estricto a los inmigrantes que solicitan la residencia permanente
y la ciudadanía.
Los casos
de desnaturalización requieren que el Gobierno demuestre que el acusado obtuvo el
estatus de forma ilegal o al ocultar un hecho o por tergiversación intencional.
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